El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, se refiri\u00f3 al asesinato del exdecano del Tribunal Agroambiental, V\u00edctor Hugo Claure, hecho que calific\u00f3 como un suceso que gener\u00f3 fuerte conmoci\u00f3n dentro del sistema judicial boliviano y que, a su criterio, expone problemas estructurales en materia de seguridad ciudadana y funcionamiento institucional del Estado.<\/p>\n
Arias explic\u00f3 en una entrevista en Radio Panamericana que el hecho se produjo en el marco de una actividad institucional en la que se encontraban reunidos jueces, secretarios y autoridades judiciales de distintas regiones del pa\u00eds, lo que increment\u00f3 el impacto de la noticia al interior del evento.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1bamos ese d\u00eda, bueno, se estaban celebrando las olimpiadas del \u00f3rgano judicial en la ciudad de Santa Cruz (\u2026) entiendo que lo habr\u00edan perseguido y, bueno, despu\u00e9s habr\u00edan puesto fin a su vida\u201d manifest\u00f3.<\/p>\n
El magistrado se\u00f1al\u00f3 que la reacci\u00f3n dentro del \u00d3rgano Judicial fue inmediata y de gran preocupaci\u00f3n, debido a la presencia masiva de funcionarios que participaron de la actividad en la capital cruce\u00f1a.<\/p>\n
\u201cTodos han quedado en el \u00d3rgano Judicial muy impactados (\u2026) no solamente las altas autoridades, sino los jueces, secretarios (\u2026) reciben esta ingrata noticia con mucha preocupaci\u00f3n\u201d se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
En ese contexto, Arias sostuvo que el an\u00e1lisis del impacto del hecho sobre la administraci\u00f3n de justicia no puede separarse del avance de las investigaciones y del esclarecimiento completo de lo ocurrido. Seg\u00fan dijo, solo la determinaci\u00f3n de responsabilidades permitir\u00e1 dimensionar adecuadamente las consecuencias institucionales del caso.<\/p>\n
Consultado sobre las posibles consecuencias institucionales del caso en la administraci\u00f3n de justicia, Arias se\u00f1al\u00f3 que no le corresponde evaluar dicho impacto, aunque afirm\u00f3 que cualquier conclusi\u00f3n depender\u00e1 del avance de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que ser\u00e1 clave esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sus m\u00f3viles, y que, en la medida en que ello se logre y se respete el debido proceso, se podr\u00e1 comprender mejor lo ocurrido y responder a las preocupaciones planteadas.<\/p>\n
Asimismo, el magistrado advirti\u00f3 que la problem\u00e1tica no se limita al \u00e1mbito judicial, sino que involucra a otros sectores que tambi\u00e9n desarrollan funciones expuestas a riesgos, por lo que el enfoque debe ser integral desde la pol\u00edtica p\u00fablica del Estado.<\/p>\n
\u201cNo solamente se trata de jueces y del \u00f3rgano judicial, se trata de una pol\u00edtica p\u00fablica en el sentido de dar las condiciones para que todos podamos ejercer nuestras funciones, cualquiera sea esta, de asesor, de magistrado, de periodista, etc\u00e9tera\u201d afirm\u00f3.<\/p>\n
Arias insisti\u00f3 en que la seguridad no puede abordarse \u00fanicamente desde medidas individuales o de protecci\u00f3n directa a autoridades, sino como parte de una estrategia estatal m\u00e1s amplia vinculada a la seguridad ciudadana y al control del crimen organizado. En ese sentido, advirti\u00f3 que cuando las instituciones son sobrepasadas, el riesgo se extiende a toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cSi el crimen organizado desborda el control de la polic\u00eda de las instituciones ordinarias, entonces eso va a significar que no solamente los jueces se deben sentir inseguros, sino todos los ciudadanos\u201d.<\/p>\n
El magistrado plante\u00f3 tambi\u00e9n la necesidad de una revisi\u00f3n profunda del funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la investigaci\u00f3n en el pa\u00eds, se\u00f1alando que este an\u00e1lisis debe incluir la evaluaci\u00f3n de su desempe\u00f1o hist\u00f3rico.<\/p>\n
\u201cSe debe evaluar c\u00f3mo funciona nuestra polic\u00eda, nuestros servicios de inteligencia, c\u00f3mo ha ido funcionando en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, cu\u00e1les son los antecedentes\u201d.<\/p>\n
FALTA DE PROTOCOLOS<\/p>\n
Uno de los puntos m\u00e1s cr\u00edticos expuestos por el magistrado fue la ausencia de protocolos de seguridad dentro del sistema judicial, aspecto que, seg\u00fan afirm\u00f3, fue reconocido incluso en reuniones internas del Tribunal Constitucional. Esta situaci\u00f3n, indic\u00f3, evidencia una debilidad institucional en materia de prevenci\u00f3n y respuesta ante riesgos.<\/p>\n
\u201cEn la \u00faltima sala plena que tuvimos, vimos que no, no tenemos protocolos sobre la tem\u00e1tica\u201d.<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que existe la necesidad de capacitaci\u00f3n b\u00e1sica para funcionarios judiciales que se encuentran en situaciones de riesgo, lo que incluye no solo a magistrados, sino tambi\u00e9n a personal de apoyo.<\/p>\n
\u201cSe discuti\u00f3 sobre la necesidad de que, tanto magistrados como choferes y la gente que trabaja de manera cercana tengan alg\u00fan tipo de capacitaci\u00f3n por parte de la polic\u00eda\u201d.<\/p>\n
IMPACTO INTERNACIONAL<\/p>\n
Respecto al impacto internacional del caso, Arias reconoci\u00f3 que un hecho de estas caracter\u00edsticas afecta la imagen del pa\u00eds, aunque se\u00f1al\u00f3 que la manera en que el Estado responda puede modificar esa percepci\u00f3n. En su criterio, la transparencia en la investigaci\u00f3n es determinante.<\/p>\n
\u201cEntiendo que sobre la imagen del Estado boliviano no va a tener un impacto muy positivo\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, sostuvo que una actuaci\u00f3n institucional adecuada puede transformar el hecho en una oportunidad para fortalecer la confianza en el sistema judicial y en el Estado.<\/p>\n
\u201cSi se maneja con transparencia y claridad, y el \u00f3rgano judicial est\u00e1 a la altura de la respuesta, condenando a los responsables, tambi\u00e9n es una gran oportunidad para mostrar que la institucionalidad en Bolivia ha mejorado\u201d.<\/p>\n
Finalmente, al referirse al debate sobre una posible reforma constitucional impulsada desde el \u00e1mbito pol\u00edtico, el magistrado aclar\u00f3 que el Tribunal Constitucional no participa en ese tipo de deliberaciones, ya que su funci\u00f3n es aplicar la Constituci\u00f3n vigente mientras no sea modificada.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, enfatiz\u00f3 que el rol del TCP se limita a garantizar el cumplimiento de la normativa actual.<\/p>\n
\u201cLos jueces lo que hacen es aplicar la Constituci\u00f3n y la ley (\u2026) mientras no haya reforma, se va a tener que seguir cumpliendo la Constituci\u00f3n vigente\u201d.<\/p>\n
El magistrado concluy\u00f3 que cualquier proceso de reforma debe surgir de una deliberaci\u00f3n amplia y plural que involucre a distintos sectores de la sociedad, en el marco del derecho de la poblaci\u00f3n al autogobierno y a definir su marco constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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