La reciente aprobaci\u00f3n y promulgaci\u00f3n de la Ley 1720, que hasta su tratamiento se la conoc\u00eda como 157, ha iniciado un intenso debate nacional, seguido de una marcha campesina que recorre desde Pando con direcci\u00f3n hasta la Sede de Gobierno. Cuando el campesinado de distintas regiones del pa\u00eds vienen resolviendo sumarse a la marcha en rechazo a esta ley, pidiendo su anulaci\u00f3n y expresando el respeto al solar campesino, denunciando que esta norma va a promover la reconcentraci\u00f3n de la tierra en manos de los grandes propietarios.
\nEsta cuestionada ley, es presentada como una herramienta para dinamizar la econom\u00eda rural, al permitir que propietarios de peque\u00f1as parcelas, por arte de magia o ma\u00f1a, transformen su condici\u00f3n jur\u00eddica en mediana propiedad, habilitando el acceso al sistema financiero. Sin embargo, detr\u00e1s de esta aparente oportunidad se esconde un riesgo estructural que podr\u00eda alterar profundamente la tenencia de la tierra en el pa\u00eds.
\nEsta disposici\u00f3n enga\u00f1osa es parecida a la tan publicitada, en las dos d\u00e9cadas del MAS, de asignar a las mujeres el derecho de acceso a la tierra, que, en la pr\u00e1ctica, lo \u00fanico que se ha impuesto demag\u00f3gicamente, fue insertar los nombres de las mujeres en los t\u00edtulos de propiedad agraria junto al de sus esposos, sin que hayan otorgado ni un solo metro de tierra. Ahora, esta ley hace lo mismo, sin que a peque\u00f1os productores les otorguen algunas hect\u00e1reas de tierra a fin de convertirlos en verdaderos poseedores que ingresen en el rango de mediana propiedad. Lo cual constituye otra burla al campesinado por parte del proyectista de la ley, de los que aprobaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y principalmente del que ha promulgado la cuestionada norma.
\nEs importante recordar que, en el marco de la Ley INRA de 2006 con Gonzalo S\u00e1nchez de Lozada y de la denominada de Reconducci\u00f3n promulgada por Evo Morales, hist\u00f3ricamente protegieron la peque\u00f1a propiedad agraria, garantizando su car\u00e1cter inembargable y su funci\u00f3n social. Con la nueva disposici\u00f3n, el propietario puede, de manera voluntaria, solicitar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el cambio de clasificaci\u00f3n de su tierra, abriendo as\u00ed la posibilidad de hipotecarla y acceder a cr\u00e9ditos productivos y luego ser despojado por el sistema financiero.
\nEn esta ley que se aprueba y promulga a espaldas del campesinado, seg\u00fan opini\u00f3n de la diputada Cecilia Requena, se advierte riesgo de blanqueo de propiedades en el oriente, ignorando la esencia de la tenencia de tierra en el occidente, y que se estar\u00eda usando el tema de cr\u00e9dito financiero para poner en riesgo las peque\u00f1as propiedades.
\nEl debate central y fundamental radica en la p\u00e9rdida de protecci\u00f3n jur\u00eddica que expone al campesinado a la vulnerabilidad, tomando en cuenta que la peque\u00f1a propiedad, concebida como un mecanismo de seguridad para campesinos y productores familiares, no puede ser embargada ni utilizada como garant\u00eda. Adem\u00e1s no est\u00e1 sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Mientras que, la mediana propiedad que est\u00e1 sujeta al pago impositivo a la propiedad agraria, ingresa plenamente al mercado: puede ser vendida, hipotecada y, en caso de incumplimiento financiero, ejecutada por entidades bancarias.
\nEn el supuesto caso de que miles de peque\u00f1os productores, sean atra\u00eddos por el espejismo financiero, al asumir deudas sin contar con condiciones estructurales adecuadas: acceso a mercados, tecnolog\u00eda, asistencia t\u00e9cnica o estabilidad clim\u00e1tica, en contextos como el altiplano de Oruro y La Paz, donde las sequ\u00edas, heladas y variabilidad de precios son frecuentes, el riesgo no es menor. Cuando las m\u00faltiples variables est\u00e1n fuera de control, como las condiciones clim\u00e1ticas adversas, dificultades log\u00edsticas o la ca\u00edda de precios. Ante tal escenario desfavorable, la incapacidad de pago puede derivar en la p\u00e9rdida definitiva de su propiedad. Sin duda, en estas condiciones, el cr\u00e9dito puede transformarse en una trampa.
\nUn riesgo latente y uno de los efectos m\u00e1s preocupantes es la posible reconcentraci\u00f3n de la tierra, cuando los peque\u00f1os propietarios pierdan sus tierras por deudas y \u00e9stas podr\u00edan ser adquiridas por actores con mayor capacidad econ\u00f3mica, generando un proceso progresivo de concentraci\u00f3n. Este fen\u00f3meno no solo tendr\u00eda implicaciones econ\u00f3micas, sino tambi\u00e9n sociales y pol\u00edticas, afectando la estructura comunitaria y la seguridad alimentaria.
\nPor otro lado, se debe tener en cuenta que Bolivia, hist\u00f3ricamente ha atravesado procesos de reforma agraria orientados a democratizar el acceso a la tierra y evitar su acumulaci\u00f3n en pocas manos, pero la Ley 1720 podr\u00eda, parad\u00f3jicamente, revertir estos avances.
\nLa discusi\u00f3n sobre la Ley 1720 no es simplemente econ\u00f3mica y meramente t\u00e9cnica; es profundamente pol\u00edtica y social. Mientras algunos sectores la defienden como una oportunidad para modernizar el agro y facilitar inversiones, otros advierten que podr\u00eda convertirse en un mecanismo de desposesi\u00f3n silenciosa.
\nEn todo caso, cualquier Estado debe evitar que una norma pensada para el desarrollo termine profundizando la desigualdad, cuando la promesa del cr\u00e9dito podr\u00eda transformarse en una amenaza para miles de familias.
\nLo que corresponde, en vez de burlarse del campesino peque\u00f1o productor con el espejismo crediticio, es otorgarle 51 hect\u00e1reas adelante para categorizarles en el rango de mediana propiedad, en vez de la simple y enga\u00f1osa conversi\u00f3n de peque\u00f1a propiedad a mediana propiedad. En cuanto a los cr\u00e9ditos para este sector, implementar leyes y programas crediticios que faciliten el financiamiento en todo el sector bancario, sin poner en riesgo la peque\u00f1a propiedad rural, adem\u00e1s de aplicar el mandato constitucional del derecho a la consulta a los pueblos ind\u00edgenas y las leyes 1257 y 3760.<\/p>\n
El autor es Comunicador Social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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