En la pasada semana, una noticia se propag\u00f3 como reguero de p\u00f3lvora por los medios de prensa y las redes sociales. El titular, originalmente publicado por el portal \u201celespa\u00f1ol.com\u201d, se\u00f1alaba: \u201cBBVA gana su batalla legal contra Bolivia por la nacionalizaci\u00f3n de las pensiones y recibir\u00e1 105M\u201d.
\nLa informaci\u00f3n no fue divulgada por la Procuradur\u00eda, que, como representante del Estado boliviano, es de suponer que fue previamente notificada. Nada dijeron, enmudecieron, haciendo eco de la c\u00e9lebre frase de William Shakespeare, que recomienda: \u201cAnunciad con cien lenguas el mensaje agradable, pero dejad que las malas noticias se revelen por s\u00ed solas\u201d.
\nAs\u00ed fue como esta demoledora noticia, sali\u00f3 a la luz p\u00fablica, sumando una deuda m\u00e1s que el Estado deber\u00e1 pagar, fruto de autoridades incompetentes que redujeron la gesti\u00f3n p\u00fablica a una pr\u00e1ctica ideol\u00f3gica perniciosa.
\nM\u00e1s all\u00e1 de la ret\u00f3rica pol\u00edtica, los datos oficiales revelan una realidad econ\u00f3mica preocupante. De acuerdo con el informe de rendici\u00f3n p\u00fablica de cuentas de la propia Procuradur\u00eda, presentado en marzo de 2026, Bolivia ha estado involucrada en 28 arbitrajes internacionales en a\u00f1os recientes. El balance es contundente: apenas 2 casos ganados frente a 26 con laudos adversos.
\nEl dato cr\u00edtico no es solo la tasa de derrota, sino su impacto financiero. El Estado boliviano mantiene una deuda pendiente aproximada de 477,9 millones de d\u00f3lares por arbitrajes perdidos, sin contar este \u00faltimo caso.
\nLa cifra no es marginal. En un contexto de restricci\u00f3n fiscal y necesidad de financiamiento externo, constituye una carga significativa.
\nCabe recordar que el 12 de julio de 2022 el tribunal arbitral emiti\u00f3 su laudo, ordenando a Bolivia el pago de 94,8 millones de d\u00f3lares m\u00e1s intereses, por el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre el Reino de Espa\u00f1a y Bolivia.
\nEl posterior recurso de anulaci\u00f3n fue, en los hechos, un pataleo de ahogado, ya que estad\u00edsticamente la probabilidad de que prospere era de apenas entre el 10% y el 15%.
\nEllo explica por qu\u00e9 no se trata de una instancia de apelaci\u00f3n, sino de un mecanismo excepcional que solo procede por causales muy restringidas, como vicios graves de procedimiento o extralimitaci\u00f3n manifiesta de facultades. Su invocaci\u00f3n conlleva un cuestionamiento impl\u00edcito a la actuaci\u00f3n de los \u00e1rbitros.
\nEn la pr\u00e1ctica, entre el 90% y el 85% de las solicitudes son rechazadas, lo que confirma su car\u00e1cter limitado y altamente t\u00e9cnico.
\nEn ese marco, y seg\u00fan el manual de aprendiz del litigante de procesos arbitrales, el recurso de anulaci\u00f3n no constituye un instrumento eficaz para revertir laudos adversos, sino que, en el mejor de los casos, es utilizado con fines dilatorios o como mecanismo de presi\u00f3n negociadora.
\nLa estrategia se orienta a aprovechar ese tiempo para buscar soluciones negociadas, como planes de pago o acuerdos transaccionales.
\nEn el caso de BBVA, desde la emisi\u00f3n del laudo hasta la resoluci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n, transcurrieron casi tres a\u00f1os y nueve meses. En consecuencia, las preguntas que surgen y son inevitables son: \u00bfqu\u00e9 se hizo en ese tiempo?, \u00bfsolo litigar? o \u00bfse busc\u00f3 una alternativa negociada para solucionar el conflicto?
\nLa Procuradur\u00eda General del Estado ha optado por una l\u00f3gica de administraci\u00f3n pasiva del conflicto: litiga cuando es inevitable, comunica cuando ya no hay margen y, llegado el desenlace, se limita a ejecutar pagos.
\nYa sabemos que el nuevo gobierno tiene apenas seis meses de gesti\u00f3n; por favor, no hace falta repetirlo. Lo que s\u00ed hace falta es asumir, de una vez, la responsabilidad de defender al Estado boliviano, aun cuando los estragos no sean propios, porque a\u00fan existen arbitrajes en curso que no admiten m\u00e1s dilaciones.
\nLa narrativa de culpar a las gestiones pasadas \u2014aunque tenga asidero f\u00e1ctico\u2014 se ha vuelto un recurso ret\u00f3rico agotado. No reduce pasivos, no mejora la posici\u00f3n del Estado y, en lo sustancial, encubre la ausencia de una estrategia. Persistir en ese discurso no solo hast\u00eda, evidencia incapacidad para administrar los problemas.
\nSi las autoridades han asumido que el desenlace es inevitable y que su rol es litigar, perder y pagar, entonces corresponde decirlo con claridad. Convertir la defensa del Estado en una funci\u00f3n de diligente cajero pagador no es gesti\u00f3n p\u00fablica, es inepcia, renuncia. Y si esa es la decisi\u00f3n, al menos deber\u00edan transparentarla y actuar en consecuencia, en lugar de sostener una ficci\u00f3n de defensa, que los hechos desmentir\u00e1n.
\nEn los arbitrajes ya perdidos, corresponde cumplir con el mandato previsto en el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n, e iniciar las acciones de repetici\u00f3n contra las autoridades responsables de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que provoc\u00f3 el da\u00f1o. Para ello no se requieren dilatados procesos de auditor\u00eda, los hechos se encuentran contenidos en decretos supremos o resoluciones ministeriales que evidencian la toma de decisiones.
\nA las altas autoridades no se les remunera para redactar justificaciones, sino para cumplir la Constituci\u00f3n y las leyes, decidir y actuar en consecuencia. La inacci\u00f3n no solo implica tolerar el da\u00f1o, sino institucionalizar la impunidad en la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Windsor Hernani Limarino es economista y diplom\u00e1tico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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