Poseemos una extensa y documentada tradici\u00f3n en la realizaci\u00f3n de cumbres judiciales, hasta los innumerables foros, seminarios, congresos y otros de los \u00faltimos a\u00f1os, se ha generado una serie de diagn\u00f3sticos y compromisos sobre la transformaci\u00f3n del sistema. Sin embargo, a pesar de este arsenal de propuestas, la realidad objetiva revela un sistema judicial que persiste como uno de los m\u00e1s lentos, cuestionados y desconfiados de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Esta contradicci\u00f3n responde a lo que la ciencia pol\u00edtica denomina \u00abpol\u00edtica como teatro\u00bb; seg\u00fan Edelman (1988), los sistemas suelen producir actos rituales que crean la apariencia de acci\u00f3n sin alterar las estructuras de poder subyacentes. Las cumbres de justicia se han convertido en instituciones performativas: eventos que cumplen la funci\u00f3n pol\u00edtica de demostrar preocupaci\u00f3n oficial, pero cuyo valor se agota en la declaraci\u00f3n misma, como resultado, la producci\u00f3n de documentos sustituye la transformaci\u00f3n de conductas, permitiendo que el sistema se legitime simb\u00f3licamente mientras mantiene intactas sus pr\u00e1cticas de fondo.<\/p>\n
La evidencia de este fen\u00f3meno es contundente, la CIDH (2023) se\u00f1ala que, desde el a\u00f1o 2000, Bolivia ha adoptado muchos planes anticorrupci\u00f3n y m\u00faltiples reformas procesales, no obstante, el \u00edndice de confianza en el \u00d3rgano Judicial se sit\u00faa en un cr\u00edtico 14%, el m\u00e1s bajo del Estado, seg\u00fan el Latinobar\u00f3metro (2023). Esta disparidad confirma una tesis inc\u00f3moda: la justicia padece de un \u00abfetichismo normativo\u00bb, la creencia de que los problemas sociales se resuelven mediante la promulgaci\u00f3n de leyes, ignorando que una norma es tan efectiva como la integridad de la persona encargada de aplicarla.<\/p>\n
Para comprender esta falla, es \u00fatil la distinci\u00f3n de North (1990) entre instituciones formales e informales, las leyes y reglamentos solo son efectivos cuando los valores y normas culturales –las instituciones informales– los refuerzan. En nuestro pa\u00eds, la norma informal del prebendalismo y el soborno suele prevalecer sobre lo escrito, el funcionario conoce la ley, pero su conducta es guiada por un entorno que premia la lealtad grupal o el beneficio privado por encima del deber p\u00fablico. Sin una alineaci\u00f3n \u00e9tica entre la norma y el operador, cualquier reforma es, en esencia, un edificio construido sobre arena.<\/p>\n
Desde la econom\u00eda institucional, Acemoglu y Robinson (2012) sostienen que las reformas fracasan cuando no alteran los incentivos reales de los actores, una reestructuraci\u00f3n que cambia c\u00f3digos, pero mantiene los incentivos que invitan a la corrupci\u00f3n o a la dependencia pol\u00edtica producir\u00e1 simplemente el mismo sistema con un ropaje moderno. Este fen\u00f3meno se conoce como \u00abisomorfismo institucional\u00bb: las organizaciones adoptan formas externas requeridas –nuevos edificios, sistemas inform\u00e1ticos o manuales de \u00e9tica– para proyectar modernidad, mientras preservan l\u00f3gicas de funcionamiento venales y clientelares.<\/p>\n
El estancamiento del sistema tambi\u00e9n se explica por lo que Habermas (1998) describe como la falta de legitimidad sustantiva, las leyes a menudo percibidas por sus propios operadores como ajenas o solo procedimentales, carentes de un v\u00ednculo moral que las haga vinculantes por convicci\u00f3n. Cuando el derecho se despoja de su dimensi\u00f3n \u00e9tica, se convierte en un obst\u00e1culo que debe ser \u00abeludido\u00bb o \u00abnegociado\u00bb, de ah\u00ed que el cambio institucional genuino requiera no solo una revisi\u00f3n t\u00e9cnica del derecho, sino una transformaci\u00f3n en la cultura y la disposici\u00f3n \u00e9tica.<\/p>\n
En este sentido, el desarrollo moral de los operadores de justicia es el cimiento olvidado de toda reforma. Kohlberg (1992) demostr\u00f3 que el razonamiento \u00e9tico evoluciona desde la obediencia por temor hasta la adhesi\u00f3n a principios universales; el drama de la justicia es que muchos de sus actores operan en estadios primarios, donde las decisiones se rigen por el c\u00e1lculo de beneficios personales o la sumisi\u00f3n a redes de poder. Formar t\u00e9cnicos jur\u00eddicos sin car\u00e1cter \u00e9tico es entregar herramientas de poder a individuos que carecen de la br\u00fajula necesaria para resistir las presiones del entorno.<\/p>\n
A esto se suma la \u00abdesconexi\u00f3n moral\u00bb analizada por Bandura (1999), mediante mecanismos como la difusi\u00f3n de la responsabilidad o la justificaci\u00f3n de que \u00abtodos lo hacen\u00bb, los operadores judiciales logran cometer actos de corrupci\u00f3n sin experimentar culpa. Esta merma de la conciencia permite que personas que se consideran honestas reproduzcan pr\u00e1cticas que da\u00f1an sistem\u00e1ticamente al ciudadano. Por ello, la recuperaci\u00f3n de las \u00abvirtudes\u00bb –como la justicia y la valent\u00eda propuestas por MacIntyre (1981) — es indispensable; una instituci\u00f3n es fuerte solo cuando sus miembros han interiorizado principios que no dependen de controles externos.<\/p>\n
Ante este panorama de un \u00abEstado empantanado\u00bb, es evidente que la soluci\u00f3n no vendr\u00e1 de una nueva cumbre, sino de una estrategia tridimensional; la primera debe ser la instauraci\u00f3n de una carrera judicial estrictamente meritocr\u00e1tica, la elecci\u00f3n popular de magistrados, vigente desde 2011, ha demostrado ser un experimento fallido que politiz\u00f3 la justicia y debilit\u00f3 la excelencia acad\u00e9mica.<\/p>\n
La segunda requiere que la formaci\u00f3n \u00e9tica deje de ser un evento aislado para convertirse en el eje transversal de la carrera judicial, la educaci\u00f3n debe centrarse en la resoluci\u00f3n de dilemas morales y en la reflexi\u00f3n cr\u00edtica sobre el impacto social de la labor jurisdiccional.<\/p>\n
Finalmente, el sistema debe garantizar consecuencias reales e inevitables para la prevaricaci\u00f3n, como en cualquier organizaci\u00f3n, los valores de la justicia no son los que figuran en sus manuales, sino los que se reflejan en lo que el sistema efectivamente sanciona; sin castigo a la corrupci\u00f3n, la \u00e9tica es solo decoraci\u00f3n.<\/p>\n
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El autor es polit\u00f3logo-abogado y docente universitario. <\/em><\/p>\n rcoteja100@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Poseemos una extensa y documentada tradici\u00f3n en la realizaci\u00f3n de cumbres judiciales, hasta los innumerables foros, seminarios, congresos y otros de los \u00faltimos a\u00f1os, se ha generado una serie de diagn\u00f3sticos y compromisos sobre la transformaci\u00f3n del sistema. Sin embargo, a pesar de este arsenal de propuestas, la realidad objetiva revela un sistema judicial que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":163307,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-384904","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n