Nos aproximamos a una nueva jornada electoral el 22 de marzo de 2025, en la que se ve una paradoja: mientras la proliferaci\u00f3n de partidos y candidatos sugiere una aparente vitalidad democr\u00e1tica, la experiencia acumulada revela un patr\u00f3n estructural de oportunismo y corrupci\u00f3n. Esta atomizaci\u00f3n pol\u00edtica –entendida como la fragmentaci\u00f3n extrema en organizaciones de escasa representatividad– ha dejado de ser una excepci\u00f3n para convertirse en una constante de nuestra pol\u00edtica. El problema central no es la cantidad de postulantes, sino la calidad de sus motivaciones, donde la b\u00fasqueda de un espacio laboral remunerado suele imponerse sobre cualquier proyecto genuino de transformaci\u00f3n local.
\nEl concepto de atomizaci\u00f3n ha sido estudiado por Sartori (2005) como un indicador cr\u00edtico de debilidad institucional, los sistemas fragmentados tienden a producir inestabilidad y desplazan la pol\u00edtica desde la deliberaci\u00f3n ideol\u00f3gica hacia el clientelismo y el personalismo.
\nMainwaring y Scully (1995) sostienen que la institucionalizaci\u00f3n de los partidos es condici\u00f3n necesaria para la estabilidad democr\u00e1tica, y que su ausencia favorece liderazgos personalistas vinculados a pr\u00e1cticas corruptas. Esta advertencia conserva plena vigencia, donde muchas de las nuevas organizaciones pol\u00edticas carecen de estructura, programa o trayectoria verificable de servicio p\u00fablico. En este escenario, la aparici\u00f3n masiva de candidatos que se presentan como \u201crenovadores\u201d u outsiders suele ser un espejismo; la renovaci\u00f3n de rostros no implica autom\u00e1ticamente una renovaci\u00f3n de pr\u00e1cticas, si se mantienen las mismas l\u00f3gicas patrimonialistas.
\nO\u2019Donnell (1994) acu\u00f1\u00f3 el t\u00e9rmino \u201cdemocracia delegativa\u201d para describir sistemas donde el voto funciona como una delegaci\u00f3n total de poder sin mecanismos efectivos de control. Bajo esta l\u00f3gica, el gobernante electo se percibe como el \u00fanico int\u00e9rprete del inter\u00e9s general, actuando con escasa sujeci\u00f3n a la legalidad. Esta tendencia se reproduce con intensidad, donde los controles son m\u00e1s d\u00e9biles y la ciudadan\u00eda es m\u00e1s vulnerable a promesas vac\u00edas.
\nOszlak (2020) ha analizado la patrimonializaci\u00f3n del cargo p\u00fablico –la confusi\u00f3n entre recursos estatales y propios– como el mecanismo central de la corrupci\u00f3n cotidiana. Esto se manifiesta en la asignaci\u00f3n de contratos a empresas vinculadas y el uso de log\u00edstica estatal para fines partidarios. La duraci\u00f3n de cinco a\u00f1os del mandato agrava el problema, pues otorga al funcionario un horizonte temporal suficiente para consolidar sus redes de beneficio personal, antes de que la ciudadan\u00eda pueda reaccionar efectivamente a trav\u00e9s del voto en el siguiente ciclo electoral.
\nPara enfrentar este panorama, la ciudadan\u00eda no puede limitarse a ser una espectadora pasiva de la oferta electoral. Diamond y Morlino (2004) proponen que la calidad democr\u00e1tica se mide por el accountability vertical (voto) y horizontal (instituciones de fiscalizaci\u00f3n). Ambas formas de control son necesarias, pero resultan insuficientes si el electorado no desarrolla una cultura de exigencia. Es imperativo que el ciudadano eval\u00fae a los candidatos bajo criterios que trasciendan la simpat\u00eda personal, exigiendo planes de gobierno fundamentados con metas medibles y fuentes de financiamiento claramente identificadas.
\nEn t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, un voto responsable requiere que el candidato presente una declaraci\u00f3n p\u00fablica de bienes e ingresos verificable, un compromiso expl\u00edcito con mecanismos de transparencia activa y una trayectoria verificable. La ausencia de estos elementos m\u00ednimos debe ser motivo de desconfianza inmediata; la soluci\u00f3n al oportunismo no pasa \u00fanicamente por elegir mejores candidatos, sino por construir sistemas institucionales de control que operen con independencia del ciclo electoral, asegurando que el costo de la corrupci\u00f3n sea superior a sus beneficios esperados.
\nLa CEPAL (2023) ha identificado buenas pr\u00e1cticas de transparencia que han demostrado efectividad, como la implementaci\u00f3n de presupuestos participativos y la publicaci\u00f3n obligatoria de contratos en portales de datos abiertos. Asimismo, la creaci\u00f3n de consejos (comit\u00e9s) de vigilancia con facultades reales de fiscalizaci\u00f3n y la penalizaci\u00f3n efectiva de actos il\u00edcitos mediante procesos judiciales \u00e1giles son pasos fundamentales. Aunque la Ley N\u00b0 341 de Participaci\u00f3n y Control Social de 2013 estableci\u00f3 un marco normativo, su implementaci\u00f3n ha sido fragmentaria e inconsistente por la falta de voluntad pol\u00edtica.
\nReforzar estos mecanismos de control, dotarlos de recursos aut\u00f3nomos y garantizar su independencia respecto de las autoridades es una tarea urgente. La democracia se encuentra en una encrucijada, donde la apat\u00eda ciudadana solo fortalece las estructuras de aprovechamiento personal. Solo a trav\u00e9s de una vigilancia activa y una reforma de los sistemas de fiscalizaci\u00f3n, se podr\u00e1 transformar este \u201cbot\u00edn pol\u00edtico\u201d en una verdadera instituci\u00f3n al servicio del desarrollo, devolviendo el sentido \u00e9tico a la representaci\u00f3n popular.<\/p>\n
El autor es polit\u00f3logo-abogado y docente universitario.
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