El Derecho Nuclear en nuestro pa\u00eds a\u00fan es un tema ignoto. Si exceptuamos alguna iniciativa del Estado sobre la materia y anuncios sobre instalaci\u00f3n de un reactor nuclear en El Alto, contin\u00faa siendo muy limitado nuestro conocimiento sobre lo que significa la cuesti\u00f3n nuclear o at\u00f3mica, m\u00e1s a\u00fan si nos referimos al Derecho Nuclear, como una disciplina poco explorada a\u00fan en Bolivia, pero muy importante y esencial en la dimensi\u00f3n legal de otras sociedades.
\nPodemos definir al Derecho Nuclear como la rama del Derecho que regula la conducta de las personas naturales o jur\u00eddicas que efect\u00faan actividades relacionadas con materiales fisionables, la radiaci\u00f3n ionizante y la exposici\u00f3n a fuentes naturales de radiaci\u00f3n.
\nComo resultado de la constante transformaci\u00f3n del Derecho Internacional P\u00fablico, desde hace m\u00e1s de setenta a\u00f1os se ha desarrollado paulatinamente el Derecho Nuclear, que nos plantea esa terrible lucha entre el deber ser y el ser, desde un uso apropiado y ben\u00e9fico de la energ\u00eda, sin emplearla para la destrucci\u00f3n.
\nDesde los a\u00f1os 70, durante el gobierno de Hugo Banzer y con la expectativa creada sobre la explotaci\u00f3n de uranio en el cerro de Cotaje del Departamento de Potos\u00ed, se pretendi\u00f3 delinear una incipiente legislaci\u00f3n nacional sobre el uso de la energ\u00eda nuclear, sin embargo, la iniciativa se trunca ante el fallido proyecto, que sucumbi\u00f3 en ese entonces ante la falta de financiamiento y la carencia de un plan serio de Estado. No obstante, para este Siglo XXI el Derecho Nuclear plantea el desarrollo del uso pac\u00edfico de la energ\u00eda y tecnolog\u00eda nuclear, con garant\u00eda de protecci\u00f3n y seguridad de seres humanos y medio ambiente, mediante salvaguardas y estableciendo responsabilidad por da\u00f1os nucleares.
\nSobre nuestra legislaci\u00f3n constitucional sobre el tema, el Par\u00e1grafo I del Art\u00edculo 103 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado determina que el Estado garantiza el desarrollo de la ciencia y la investigaci\u00f3n cient\u00edfica, t\u00e9cnica y tecnol\u00f3gica en beneficio del inter\u00e9s general. Tambi\u00e9n el Par\u00e1grafo I del Art\u00edculo 378 de la CPE, que las diferentes formas de energ\u00eda y sus fuentes constituyen un recurso estrat\u00e9gico, su acceso es un derecho fundamental para el desarrollo social del pa\u00eds y que su aprovechamiento debe preservar el medio ambiente.
\nAsimismo, el art\u00edculo 344 de la Constituci\u00f3n proh\u00edbe la fabricaci\u00f3n y uso de armas qu\u00edmicas, biol\u00f3gicas y nucleares en el territorio boliviano, as\u00ed como la internaci\u00f3n, tr\u00e1nsito y dep\u00f3sito de residuos nucleares, por lo que el Estado regular\u00e1 la internaci\u00f3n, producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y empleo de t\u00e9cnicas, m\u00e9todos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente.
\nEn 2019, en Bolivia a trav\u00e9s de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha ratificado la adhesi\u00f3n a dos convenciones internacionales sobre seguridad nuclear y manejo de desechos radioactivos. En uno de los documentos constitutivos sobre la Convenci\u00f3n de Seguridad Nuclear (1994), del Organismo Internacional de Energ\u00eda At\u00f3mica (IAEA), se establecieron mecanismos de defensa en las instalaciones nucleares contra potenciales riesgos radiol\u00f3gicos, adem\u00e1s de la prevenci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de accidentes con consecuencias radiol\u00f3gicas. En este caso Bolivia ha contra\u00eddo obligaci\u00f3n internacional de adoptar normas de seguridad sobre instalaciones nucleares.
\nLa segunda Convenci\u00f3n aprobada (de 5 de septiembre de 1997), tambi\u00e9n de la IAEA, se\u00f1alaba como objetivo un alto grado de seguridad mundial en la gesti\u00f3n del combustible gastado y desechos radioactivos, mediante la redacci\u00f3n de legislaci\u00f3n interna adecuada y con la cooperaci\u00f3n internacional entre Estados y organizaciones multilaterales.<\/p>\n
El autor es abogado y profesor em\u00e9rito de la Facultad de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica de la UMSA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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