El Decreto Supremo 5516 que, entre otras disposiciones, reglamenta el diferimiento de cr\u00e9ditos para vivienda de inter\u00e9s social y el sector productivo, en la pr\u00e1ctica, termina excluyendo a la mayor\u00eda de los prestatarios, debido a disposiciones que generan un efecto retroactivo econ\u00f3mico y una exclusi\u00f3n masiva de potenciales beneficiarios, seg\u00fan advierte el economista Fernando Romero.<\/p>\n
El analista asegur\u00f3 que la norma \u201clastimosamente no va a beneficiar a la gran mayor\u00eda de los prestatarios\u201d, ya que, aunque no exista una retroactividad formal, \u201cs\u00ed existe un efecto pr\u00e1ctico de exclusi\u00f3n masiva\u201d.<\/p>\n
El art\u00edculo 25 de la norma establece que: \u201clas entidades de intermediaci\u00f3n financiera (\u2026) a solicitud expresa de sus prestatarios podr\u00e1n diferir los pagos de las cuotas de los cr\u00e9ditos otorgados para vivienda de inter\u00e9s social y de los cr\u00e9ditos para el sector productivo\u201d, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos, por un plazo de hasta seis meses a partir de la publicaci\u00f3n de la Ley 1670. Sin embargo, el mismo art\u00edculo introduce una restricci\u00f3n determinante al se\u00f1alar que: \u201caquellos clientes financieros que no soliciten expresamente el diferimiento continuar\u00e1n con el pago regular de sus cr\u00e9ditos\u201d, y que \u201cel pago de las cuotas de los cr\u00e9ditos respectivos realizados desde la publicaci\u00f3n de la Ley 1670 constituye la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita a no acogerse al diferimiento\u201d.<\/p>\n
Sobre este punto, Romero explic\u00f3 que \u201ceste art\u00edculo establece claramente que el pago realizado desde el 5 de noviembre (cuando se public\u00f3 la Ley 1670) constituye una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de no acogerse al diferimiento. Esto significa que quienes actuaron de buena fe o por ignorancia, pagando sus cuotas antes de que exista una reglamentaci\u00f3n clara, quedan autom\u00e1ticamente fuera\u201d. El economista remarc\u00f3 que esta disposici\u00f3n no configura una retroactividad legal, pero s\u00ed una afectaci\u00f3n directa a los prestatarios. \u201cNo es retroactividad formal, pero s\u00ed retroactividad econ\u00f3mica y operativa, porque se aplica una consecuencia negativa a hechos pasados\u201d, sostuvo y cuestion\u00f3 la descoordinaci\u00f3n normativa entre la Ley 1670 y sus decretos reglamentarios. Record\u00f3 que la ley fue promulgada el 5 de noviembre, el Decreto Supremo 5503 fue emitido 40 d\u00edas despu\u00e9s y posteriormente abrogado, mientras que el Decreto Supremo 5516 reci\u00e9n entr\u00f3 en vigencia semanas m\u00e1s tarde. \u201cDurante ese vac\u00edo normativo, los prestatarios no sab\u00edan que al pagar sus cuotas estaban perdiendo el beneficio del diferimiento. Estaban plenamente desinformados\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Desde la econom\u00eda regulatoria, esta situaci\u00f3n genera una clara falla de informaci\u00f3n. \u201cEso afecta el principio de equidad regulatoria y termina desfavoreciendo justamente a quienes se deb\u00eda beneficiar con esta medida\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Romero.<\/p>\n
Datos del sistema financiero se\u00f1alan que la mora alcanza aproximadamente al 2 %, lo que implica que el 98 % de los prestatarios pag\u00f3 sus cuotas entre noviembre y diciembre. Para Romero, esta cifra confirma el fracaso del dise\u00f1o normativo. \u201cEl resultado es que el universo de beneficiarios es m\u00ednimo y se confirma que el decreto neutraliza el impacto del diferimiento\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Incluso para quienes logren acogerse a la medida, el alivio ser\u00e1 temporal. El propio art\u00edculo 25 establece que \u201cdurante el periodo de diferimiento el capital de las cuotas diferidas devengar\u00e1 intereses corrientes\u201d y que dichos montos \u201cser\u00e1n cobrados a prorrata durante la vigencia del cr\u00e9dito, una vez concluido el periodo de diferimiento\u201d. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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