Urge incorporar al ordenamiento jur\u00eddico boliviano la normativa del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que sanciona expresamente los cercos a ciudades cuando estos utilizan el hambre o la privaci\u00f3n de bienes esenciales contra la poblaci\u00f3n civil, tipificados como crimen de guerra en el Estatuto de Roma, sostuvo el senador Jos\u00e9 Ormachea.
\nEl asamble\u00edsta por el departamento de La Paz cuestion\u00f3 varios proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para penalizar bloqueos, por proponer sanciones desproporcionadas: demasiado leves en unos casos e irracionales en otros.
\nEn conferencia de prensa, abog\u00f3 por integrar la figura del \u201cexterminio\u201d del Estatuto de Roma \u2014que abarca cercos que generan muertes al impedir alimentos, medicinas y ox\u00edgeno\u2014, para evitar que movimientos sociales amenacen poblaciones enteras mediante bloqueos de caminos y restricciones al libre tr\u00e1nsito.
\n\u201cSe tiene que ingresar al ordenamiento jur\u00eddico nacional la figura del exterminio de una poblaci\u00f3n, para evitar que amenacen o se ejecuten cercos a las ciudades\u201d, enfatiz\u00f3 Ormachea, reprochando que las penas actuales para bloqueos o paros equivalgan a delitos menores, inadecuadas ante la gravedad de interferir suministros vitales. Record\u00f3 el caso de la pandemia del covid-19, cuando dirigentes afines al \u201cevismo\u201d bloquearon el paso de ox\u00edgeno a ciudades principales, causando muertes evitables.
\nEl asamble\u00edsta pace\u00f1o llam\u00f3 a un debate proporcional, justo y equilibrado para modificar el r\u00e9gimen penal de las movilizaciones, incorporando el delito de cerco a ciudades alineado con est\u00e1ndares internacionales que castigan la \u201cstarvaci\u00f3n\u201d (acto de privar intencionalmente a civiles de alimentos) como m\u00e9todo de presi\u00f3n pol\u00edtica. \u201cHay que ser proporcionales si queremos legislar coherentemente\u201d, concluy\u00f3.
\nEl cerco a ciudades que utiliza el hambre o la privaci\u00f3n de bienes esenciales contra la poblaci\u00f3n civil ya no es solo una pr\u00e1ctica cuestionada, actualmente est\u00e1 expresamente configurada como crimen de guerra en el Derecho Internacional Humanitario.\u200b
\nLejos de la imagen hist\u00f3rica del asedio como t\u00e1ctica leg\u00edtima de desgaste, la normativa actual establece un l\u00edmite claro: cualquier cerco que busque someter a la poblaci\u00f3n civil mediante el hambre o la destrucci\u00f3n de bienes indispensables para su supervivencia es ilegal.
\nEl Protocolo Adicional I de 1977 proh\u00edbe usar la starvaci\u00f3n de civiles como m\u00e9todo de guerra y veta los ataques contra alimentos, agua e infraestructura vital. Ese principio dio un salto cualitativo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipific\u00f3 como crimen de guerra \u201cusar intencionalmente el hambre de civiles como m\u00e9todo de guerra\u201d en conflictos internacionales.
\nEn 2019, los Estados parte cerraron una laguna hist\u00f3rica y ampliaron ese delito tambi\u00e9n a los conflictos armados no internacionales, donde se concentran la mayor\u00eda de los cercos contempor\u00e1neos.\u200b
\nEn la pr\u00e1ctica, esto significa que quien ordena o mantiene un cerco para privar de alimentos, agua o medicinas a una ciudad, o que bloquea deliberadamente la ayuda humanitaria, se expone a ser procesado por crimen de guerra ante tribunales nacionales o ante la Corte Penal Internacional (CPI).
\nLa norma alcanza tanto al uso directo del hambre como arma como a la destrucci\u00f3n o inutilizaci\u00f3n de bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil.\u200b<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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