La publicaci\u00f3n del decreto de Estado de Conmoci\u00f3n Exterior en la Gaceta Oficial abre una nueva fase en la crisis pol\u00edtica e institucional venezolana, desencadenada tras la captura del dictador Nicol\u00e1s Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La norma establece un marco de excepci\u00f3n que concentra amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontaci\u00f3n directa con Estados Unidos.<\/p>\n
El texto, fechado el s\u00e1bado y difundido oficialmente ayer, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la mandataria encargada Delcy Rodr\u00edguez. El decreto tiene rango de ley y fija una duraci\u00f3n inicial de 90 d\u00edas, con la posibilidad de una pr\u00f3rroga por un per\u00edodo id\u00e9ntico, lo que extiende el horizonte del estado de excepci\u00f3n hasta medio a\u00f1o.<\/p>\n
Uno de los ejes centrales de la medida es la instrucci\u00f3n directa a los cuerpos de seguridad para actuar contra quienes el r\u00e9gimen chavista considere part\u00edcipes del respaldo a la acci\u00f3n militar estadounidense. \u201cLos \u00f3rganos de polic\u00eda nacionales, estatales y municipales deber\u00e1n emprender de manera inmediata la b\u00fasqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoci\u00f3n o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de Am\u00e9rica contra el territorio de la Rep\u00fablica (\u2026) con miras a su juzgamiento\u201d, se\u00f1ala el decreto.<\/p>\n
Aunque el anuncio de un eventual estado de conmoci\u00f3n hab\u00eda sido anticipado a finales de septiembre, semanas despu\u00e9s del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el contenido espec\u00edfico del decreto se mantuvo bajo reserva. El documento ahora publicado se\u00f1ala que su redacci\u00f3n fue actualizada tras los acontecimientos del fin de semana, en alusi\u00f3n a la detenci\u00f3n del dictador caribe\u00f1o.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n venezolana contempla el estado de conmoci\u00f3n exterior para situaciones de conflicto que amenacen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, se trata de la primera vez que esta figura se activa desde la aprobaci\u00f3n de la Carta Magna de 1999, un dato que subraya la excepcionalidad del momento y su impacto en el orden institucional.<\/p>\n
Entre las disposiciones m\u00e1s significativas, el decreto ordena la militarizaci\u00f3n de la infraestructura de servicios p\u00fablicos, de la industria petrolera y de otras industrias b\u00e1sicas del Estado. El personal que opera en estos sectores quedar\u00e1 \u201ctemporalmente sometido al r\u00e9gimen militar\u201d, lo que ampl\u00eda la presencia y el control de las Fuerzas Armadas sobre \u00e1reas clave de la econom\u00eda y de la vida cotidiana.<\/p>\n
El texto tambi\u00e9n faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reuni\u00f3n y la manifestaci\u00f3n p\u00fablica. Adem\u00e1s, habilita la adopci\u00f3n de \u201ccualquier otra medida\u201d que el r\u00e9gimen chavista considere necesaria para la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, una cl\u00e1usula abierta que refuerza el car\u00e1cter discrecional del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n
Aunque el decreto afirma que se preservar\u00e1n derechos como la vida y la libertad personal, reconoce de manera expl\u00edcita la posibilidad de restringir garant\u00edas constitucionales durante su vigencia. La Constituci\u00f3n establece que incluso en estados de excepci\u00f3n deben mantenerse derechos considerados intangibles, como el debido proceso, la prohibici\u00f3n de la incomunicaci\u00f3n y la tortura, y el acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
El decreto incluye adem\u00e1s un llamado a la poblaci\u00f3n a asumir la defensa del pa\u00eds con \u201cfervor patri\u00f3tico\u201d, en una apelaci\u00f3n a la movilizaci\u00f3n interna que acompa\u00f1a el endurecimiento del marco legal. El mensaje refuerza una narrativa de amenaza externa y cohesi\u00f3n nacional frente a la intervenci\u00f3n extranjera.<\/p>\n
La activaci\u00f3n del estado de conmoci\u00f3n se apoya en un entramado normativo previo. En 2024, el r\u00e9gimen de Maduro promulg\u00f3 una ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen \u201cda\u00f1o extranjero\u201d, con penas que incluyen la inhabilitaci\u00f3n pol\u00edtica de por vida y la confiscaci\u00f3n de bienes. Ese marco legal adquiere ahora mayor peso bajo el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n
Desde el punto de vista institucional, el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes est\u00e1n controlados por el chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliaci\u00f3n de facultades del Ejecutivo.<\/p>\n
En un escenario marcado por la detenci\u00f3n de Maduro y la escalada de tensi\u00f3n con Washington, la entrada en vigor del estado de conmoci\u00f3n exterior redefine el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un per\u00edodo de fuerte restricci\u00f3n pol\u00edtica y social, cuyo alcance depender\u00e1 tanto de la duraci\u00f3n del decreto como de su aplicaci\u00f3n concreta en el territorio.(Infobae)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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