El proyecto de \u201cLey para la Revisi\u00f3n de Procesos Penales Viciados por M\u00f3viles de Persecuci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d, presentado ante la C\u00e1mara de Diputados el 17 de diciembre de 2025 por el diputado Carlos Alarc\u00f3n Mondonio, representa un paso fundamental hacia la restauraci\u00f3n del Estado de Derecho en Bolivia. Esta iniciativa legislativa aborda una deuda pendiente con cientos de ciudadanos que, durante casi dos d\u00e9cadas, fueron v\u00edctimas de un sistema judicial instrumentalizado con fines pol\u00edticos.
\nEl proyecto reconoce una realidad documentada: entre 2006 y 2025, numerosos procesos penales se tramitaron sobre bases irregulares, donde la independencia judicial y las garant\u00edas procesales fueron sistem\u00e1ticamente vulneradas. La detenci\u00f3n preventiva abusiva, los procesos abreviados forzados y la ausencia de defensa efectiva convirtieron al sistema de justicia en una herramienta de neutralizaci\u00f3n de la disidencia pol\u00edtica.
\nLa arquitectura jur\u00eddica del proyecto es s\u00f3lida y equilibrada. Establece dos mecanismos claramente diferenciados: la Excepci\u00f3n Extraordinaria para procesos sin sentencia ejecutoriada, y el Recurso de Revisi\u00f3n para condenas firmes, incorporando una nueva causal al C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Ambos instrumentos se sustentan en el marco constitucional boliviano y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el pa\u00eds, como la Convenci\u00f3n Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.
\nUn aspecto destacable es la prudencia del legislador al excluir del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n aquellos casos de violaciones a derechos humanos documentadas por organismos como el GIEI, la CIDH o la Corte Interamericana. Esta distinci\u00f3n demuestra que no se trata de una amnist\u00eda generalizada ni de impunidad, sino de un mecanismo de justicia restaurativa dirigido espec\u00edficamente a quienes fueron perseguidos por razones pol\u00edticas.
\nLa garant\u00eda de que las decisiones finales recaigan en el Tribunal Supremo de Justicia, en su nueva composici\u00f3n surgida de las elecciones judiciales de 2024, otorga legitimidad democr\u00e1tica al proceso y ofrece mayores garant\u00edas de imparcialidad.
\nBolivia necesita cerrar un cap\u00edtulo oscuro de su historia reciente. Las familias divididas, los refugiados pol\u00edticos dispersos por distintos pa\u00edses del continente, los exiliados que a\u00f1oran su patria, los presos pol\u00edticos y quienes perdieron a\u00f1os de su vida enfrentando procesos espurios merecen una respuesta institucional. Esta ley representa la posibilidad de que bolivianos y bolivianas que tuvieron que abandonar su pa\u00eds huyendo de la persecuci\u00f3n puedan finalmente retornar con dignidad y sin el peso de causas judiciales fabricadas. No busca venganza sino reparaci\u00f3n; no pretende borrar la historia sino corregir injusticias.
\nPor todo ello, el tratamiento legislativo de este proyecto debe ser prioritario y expedito. Cada d\u00eda de dilaci\u00f3n representa la prolongaci\u00f3n del sufrimiento de las v\u00edctimas y la perpetuaci\u00f3n de un sistema que utiliz\u00f3 la justicia como arma pol\u00edtica. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la oportunidad hist\u00f3rica de demostrar que las instituciones democr\u00e1ticas pueden autocorregirse y que el Estado de Derecho prevalece sobre los abusos del poder. Bolivia y su pueblo lo merecen.<\/p>\n
El autor es abogado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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