El Decreto Supremo 5503, promulgado el pasado 17 de diciembre, representa la decisi\u00f3n pol\u00edtica de transformaci\u00f3n estructural m\u00e1s importante asumida hasta ahora por el gobierno de Rodrigo Paz, y muestra la seriedad de su propuesta sobre el rumbo que debe seguir nuestro pa\u00eds.
\nLa extensa norma (120 art\u00edculos y nueve t\u00edtulos) reconoce expl\u00edcitamente el agotamiento del modelo econ\u00f3mico que estuvo vigente los \u00faltimos 20 a\u00f1os; propone un giro hacia una econom\u00eda de mercado, sustentada en la estabilidad macroecon\u00f3mica, inversi\u00f3n privada, seguridad jur\u00eddica y una redefinici\u00f3n del rol del Estado.
\nEntre sus medidas m\u00e1s importantes, establece un R\u00e9gimen de Protecci\u00f3n y Promoci\u00f3n de Inversiones, que garantiza estabilidad jur\u00eddica y tributaria por hasta 15 a\u00f1os, define un trato no discriminatorio y previsibilidad normativa para la inversi\u00f3n nacional y extranjera, e incorpora incentivos para la repatriaci\u00f3n de capitales. Asimismo, impulsa la desregulaci\u00f3n productiva, crea incentivos tributarios, y plantea medidas concretas para la desburocratizaci\u00f3n, el est\u00edmulo al consumo de producci\u00f3n nacional y el saneamiento extraordinario de cartera tributaria.
\nEn lo social, mantiene la pol\u00edtica de bonos condicionados, incrementa el salario m\u00ednimo en 20%, establece la libre negociaci\u00f3n para el haber mensual, congela los sueldos en el sector p\u00fablico y ratifica la decisi\u00f3n del gobierno anterior de suspender por seis meses el pago de cuotas e intereses de cr\u00e9ditos.
\nComo era previsible, el debate p\u00fablico y pol\u00edtico se ha concentrado en el tema de los combustibles. Las movilizaciones se han activado y amenazan con extenderse en todo el pa\u00eds, alimentadas por el aumento de la inflaci\u00f3n, la especulaci\u00f3n de los transportistas, las fracturas de las fuerzas pol\u00edticas y la rearticulaci\u00f3n de los movimientos populistas. Pese a que la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n acepta las medidas, los sectores radicales van a apostar por el enfrentamiento, y el gobierno no parece contar con una estrategia de gesti\u00f3n de conflictos ni con las capacidades para imponer el orden.
\nResulta prematuro y poco responsable adelantar juicios sobre los efectos que tendr\u00e1n las medidas. Sin embargo, es evidente que en s\u00ed mismo no es una soluci\u00f3n estructural, sino una herramienta de emergencia orientada a estabilizar las finanzas p\u00fablicas, legitimar un proceso de ajuste econ\u00f3mico y dar una se\u00f1al clara a los organismos internacionales de cr\u00e9dito, la comunidad internacional y la opini\u00f3n p\u00fablica.
\nSu implementaci\u00f3n enfrentar\u00e1 obst\u00e1culos desde el inicio. En primer lugar, puede convertirse en el eje de la nueva polarizaci\u00f3n pol\u00edtica, al articular a corrientes populistas que buscar\u00e1n transformarlo en un emblema de lucha desde los movimientos sociales.
\nOtra barrera ser\u00e1 la propia Asamblea Legislativa, donde las tensiones y los intereses ser\u00e1n decisivos en el momento de traducir las definiciones en normas efectivas. Cabe se\u00f1alar que el 5503 establece la supremac\u00eda normativa del Ejecutivo sobre la Asamblea y prescinde de acuerdos con organizaciones de la sociedad. Esta orientaci\u00f3n refuerza su capacidad de acci\u00f3n, pero tambi\u00e9n activa resentimientos y exige altos niveles de coordinaci\u00f3n y control institucional.
\nUn tercer frente de conflicto es su posible judicializaci\u00f3n. Varios analistas ya han advertido que el decreto podr\u00eda exceder el alcance normativo propio de un instrumento ejecutivo. Esta interpretaci\u00f3n podr\u00eda activar demandas y recursos legales, que dejar\u00edan al Ejecutivo no solo expuesto a la Asamblea, sino tambi\u00e9n al Tribunal Constitucional, que volver\u00eda a asumir un rol de \u00e1rbitro impredecible.
\nEn conclusi\u00f3n, el DS 5503 es un punto de partida hacia un modelo m\u00e1s abierto, competitivo y realista, pero para que alcance sus objetivos, el gobierno deber\u00e1 evitar que la emergencia se convierta en normalidad; consolidar las reglas de estabilidad e inversi\u00f3n en leyes permanentes; y lograr un equilibrio sostenible entre el ajuste econ\u00f3mico y la estabilidad social.
\nEs evidente que ninguna norma puede solucionar los problemas si no tiene el respaldo de una opini\u00f3n p\u00fablica convencida de su efectividad. Por ahora ese respaldo existe, y en niveles significativos. Nuevamente depender\u00e1 de los actores pol\u00edticos si este avance se impulsa o se detiene.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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