Un cami\u00f3n pretende abrirse paso entre una turba de enajenados disconformes (aunque normalmente la mayor\u00eda no sabe con qu\u00e9). El veh\u00edculo contiene varios tubos de ox\u00edgeno que, en d\u00edas de la pandemia, se hicieron art\u00edculo de primaria necesidad. Muchos mor\u00edan porque hab\u00edan contra\u00eddo covid-19. Finalmente, el cami\u00f3n no logra trasponer esa nutrida valla humana, cuya furia es la diferencia entre la vida y la muerte. Del otro lado, a muchos kil\u00f3 metros, la insuficiencia pulmonar hace estragos en desvalidos pacientes: finalmente dejan de respirar y todo acab\u00f3 para ellos.
\nEse es un caso de ficci\u00f3n, pero algo de eso pas\u00f3, por lo que eventos parecidos y a\u00fan peores no son simples coincidencias con la realidad, pues en Bolivia impunemente se acaban vidas gracias al inhumano recurso del bloqueo de caminos, de calles u otros espacios p\u00fablicos.
\nPero bien, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidaci\u00f3n de sociedades democr\u00e1ticas, y en tal virtud su protecci\u00f3n est\u00e1 amparada en una serie de normas que van desde la m\u00e1s alta, que en el caso nuestro es la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, hasta normas de inferior categor\u00eda. En cualquier caso, el bloqueo al tr\u00e1nsito libre de veh\u00edculos es un atentado al ejercicio irrestricto que tienen los habitantes de este sufrido pa\u00eds; y si alguna vez se pretendi\u00f3 penalizar tal actitud ante la gravedad de las consecuencias, se forz\u00f3 atribuir a ella otros tipos penales que no se ajustan a esas conductas, y la mayor parte de las veces se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n de algunos cabecillas para, despu\u00e9s de unas negociaciones, poner en libertad a esos criminales de la sociedad.
\nNadie que se precie de dem\u00f3crata puede negar que el derecho a la protesta est\u00e1 fuertemente vinculado a las actividades de defensa de los derechos humanos y, en consecuencia, no solo ac\u00e1, sino en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, se recurre a las protestas para reaccionar ante hechos puntuales de violencia, principalmente cuestiones laborales, constituyendo una v\u00eda por la cual se logra la reivindicaci\u00f3n de derechos fundamentales. En definitiva, la protesta est\u00e1 estrechamente ligada a la promoci\u00f3n y defensa de la propia democracia. De ah\u00ed que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca que, ante la ruptura del orden institucional democr\u00e1tico, la protesta debe ser entendida no solo en el marco del ejercicio de un derecho, sino como el cumplimiento del deber de defender la democracia, jugando un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los derechos civiles, pol\u00edticos, sociales y culturales.
\nBajo esos par\u00e1metros, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por tanto, ante situaciones de protesta, los \u00f3rganos de seguridad deben responder proporcionadamente, de tal manera que los agentes encargados de la seguridad no cometan excesos, ni los huelguistas tengan carta blanca para generar violencia.
\nPero en nuestro pa\u00eds, como sucedi\u00f3 hace poco, se ha trastocado el esp\u00edritu de las protestas, al haberse normalizado la interrupci\u00f3n de carreteras o arterias con el consiguiente da\u00f1o al patrimonio fiscal, a la propiedad privada, a la salud, a la alimentaci\u00f3n y a la propia vida de los ciudadanos. Ac\u00e1 est\u00e1 tan enraizada la cultura del bloqueo, que un tema tan trivial como d\u00f3nde depositar la basura puede \u2014como sucedi\u00f3\u2014 ocasionar muerte y luto en las familias bolivianas. Digo trivial, porque frente a los grandes problemas que pueden generarse en el Estado, como la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales, resulta una ridiculez que haya gente dispuesta a sacrificar vidas por desperdicios s\u00f3lidos y su dep\u00f3sito final.
\nEl pa\u00eds tiene una larga tradici\u00f3n de bloquear caminos, y ante tal costumbre de obtener vindicaci\u00f3n de derechos, que normalmente ni se los tiene, se impone la penalizaci\u00f3n de tan criminal conducta, y no \u00fanicamente la tipificaci\u00f3n precisa en una norma legal, sino la implementaci\u00f3n de mecanismos que hagan efectiva la sanci\u00f3n, en vista del debilitamiento de nuestras instituciones, que hasta hace poco han servido para defenestrar autoridades, condenar inocentes y enriquecer gobernantes.
\nEl proyecto de ley, por iniciativa de un diputado de la alianza Unidad, es un instrumento cuya vigencia ya no puede esperar m\u00e1s, pues hacer uso del leg\u00edtimo derecho a la protesta nada tiene que ver con la criminal privaci\u00f3n que un grupo de veinte o mil personas inflige contra millones de seres que tienen el derecho a transitar libremente por las calles y carreteras del pa\u00eds.<\/p>\n
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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