La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos advirti\u00f3 ayer sobre una crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad en Guatemala por la persecuci\u00f3n judicial a operadoras de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y l\u00edderes sociales.<\/p>\n
En un informe al que tuvo acceso The Associated Press, la CIDH se\u00f1al\u00f3 que durante una visita al pa\u00eds realizada entre el 22 y el 26 de julio \u201cverific\u00f3 de primera mano la crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala, derivada de una serie injerencias sistem\u00e1ticas dirigidas a socavar la independencia judicial\u201d.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n, con sede en Washington, se\u00f1al\u00f3 que esta criminalizaci\u00f3n es posible porque el Ministerio P\u00fablico, algunos sectores del Poder Judicial y otros actores \u00abmanipulan el aparato judicial con el objetivo de perpetuar la impunidad y la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
No es la primera vez que instituciones internacionales denuncian una criminalizaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda. Ya en 2024 la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestion\u00f3 al Ministerio P\u00fablico guatemalteco por perseguir a funcionarios judiciales, l\u00edderes sociales y periodistas por sus denuncias contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico es dirigido desde 2018 por Mar\u00eda Consuelo Porras, sancionada por 42 pa\u00edses, entre ellos Estados Unidos que le prohibi\u00f3 a ella y a varios de sus fiscales la entrada a sus territorios por socavar la democracia en el pa\u00eds centroamericano y obstaculizar la lucha anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n
Desde 2022, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), que nombr\u00f3 para un segundo per\u00edodo a Porras, al menos 100 operadores de justicia, activistas y periodistas que investigaron la corrupci\u00f3n y cr\u00edmenes de lesa humanidad se exiliaron.<\/p>\n
El informe de la CIDH se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico utiliza a sus fiscal\u00edas para acciones penales selectivas en colusi\u00f3n con personas u organizaciones que interponen denuncias que son aceptadas sin control riguroso de su legalidad.<\/p>\n
Dos casos paradigm\u00e1ticos son la detenci\u00f3n del periodista Jos\u00e9 Rub\u00e9n Zamora, que lleva m\u00e1s de tres a\u00f1os preso sin juicio ni condena, procesado en dos casos distintos por lavado de dinero, en el que un juez no le permiti\u00f3 presentar pruebas de descargo, y por supuestamente mentir en el primer caso.<\/p>\n
El segundo es el de los l\u00edderes ind\u00edgenas Luis Pacheco y H\u00e9ctor Chacl\u00e1n, exmiembros de una organizaci\u00f3n ind\u00edgena y campesina que lider\u00f3 las protestas de 2023 contra la fiscal Porras por tratar de impedir que asumiera la presidencia Bernardo Ar\u00e9valo, que hab\u00eda ganado la segunda vuelta electoral. Ambos llevan casi ocho meses en prisi\u00f3n.<\/p>\n
El informe advirti\u00f3 adem\u00e1s sobre un escenario de \u201cconnivencia de los poderes Legislativo y Judicial orientado a restringir la autoridad del Poder Ejecutivo\u201d. Varias organizaciones denunciaron que funcionarios legislativos y judiciales se protegen mutuamente cuando hay acusaciones de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
El estudio tambi\u00e9n report\u00f3 los problemas que atraviesan los pueblos ind\u00edgenas, que viven en condiciones menos favorables que el resto de la poblaci\u00f3n, con limitaciones al acceso a servicios b\u00e1sicos, energ\u00eda el\u00e9ctrica, saneamiento y limitadas oportunidades laborales y productivas. A su vez destac\u00f3 que mujeres, ni\u00f1as y comunidades Lgbti son v\u00edctimas de la violencia.<\/p>\n
El reporte dio 43 recomendaciones para hacer frente a los desaf\u00edos en materia de institucionalidad democr\u00e1tica e independencia judicial, basados en la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, la memoria hist\u00f3rica y la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas. Asimismo, sugiri\u00f3 un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio P\u00fablico y su impacto en los derechos humanos en los \u00faltimos siete a\u00f1os, el per\u00edodo de Porras, con el fin de proponer reformas a su ley de creaci\u00f3n.<\/p>\n
Organizaciones civiles anunciaron en noviembre la creaci\u00f3n de una \u201cPlataforma Guatemala contra la Persecuci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d con el fin de registrar y documentar la criminalizaci\u00f3n con miras a juicios y demandas locales e internacionales.<\/p>\n
Desde 1982 la CIDH realiz\u00f3 12 visitas a Guatemala y public\u00f3 ocho informes especiales y 16 de seguimiento sobre la situaci\u00f3n general del pa\u00eds.(Independent en Espa\u00f1ol)<\/p>\n
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