Se sabe que el \u201cs\u00faper poder de poderes\u201d que constituye el tremendo TCP es el que debiera resolver los conflictos que se suscitan entre los \u00f3rganos del Estado, pero resulta que este fenomenal \u201ccontralor y custodio\u201d de la Constituci\u00f3n, contin\u00faa sumido en una impudicia innombrable, acusados varios de sus magistrados de \u201cautoprorrogados\u201d.
\nEn los hechos el Tribunal Constitucional est\u00e1 por encima de todo y de todos, incluso de la Constituci\u00f3n; a trav\u00e9s de sus abyectas \u201cinterpretaciones\u201d, se le ha otorgado poderes ilimitados, cuyas resoluciones son \u201cde cumplimiento obligatorio\u201d para todos, nadie puede controlarlo.
\nExiste una denuncia del presidente del TSJ ante la Fiscal\u00eda contra los incompetentes; el fiscal se lava las manos y un diputado que fue acusado de ped\u00f3filo formula una acci\u00f3n abstracta de inconstitucionalidad, pidiendo que sean procesados los autoprorrogados s\u00f3lo administrativamente.
\nPor otra parte, en un medio de comunicaci\u00f3n nacional se le pregunt\u00f3 a un \u201cconstitucionalista\u201d si correspond\u00eda enjuiciar a los autoprorrogados por \u201cusurpaci\u00f3n de funciones\u201d, respondiendo el consultado: \u201c\u00bfa qui\u00e9n est\u00e1n usurpado funciones esos magistrados del TCP\u201d? y \u00e9l mismo se respond\u00eda: \u201c\u00a1a nadie!\u201d, dejando paralogizados a los entrevistadores.
\nNo sabe el abogado que jur\u00eddicamente la \u201cusurpaci\u00f3n de funciones\u201d es el delito cometido por una persona \u201cpor seguir desempe\u00f1ando un cargo p\u00fablico despu\u00e9s de haber cesado en \u00e9l\u201d, es la sociedad la v\u00edctima, la usurpada, m\u00e1s all\u00e1 de las v\u00edctimas particulares que hayan sufrido perjuicios de parte de los incompetentes. (\u201cSon nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen\u2026\u201d -Art. 122 constitucional-).
\nLo expuesto no es m\u00e1s que una especie de \u201cpicoteo\u201d desordenado para insistir en que el famoso Tribunal Constitucional no es un ente adecuado para la sociedad boliviana, al hab\u00e9rsele otorgado excesivos s\u00faper poderes que pueden en cualquier momento poner en peligro a la institucionalidad del pa\u00eds.
\nEsta enfermedad institucional es demasiado grave, es estructural y solo encuentra cura cercenando este tumor maligno. Es hora de ordenar el pa\u00eds dot\u00e1ndole de un sistema judicial serio, en el que se pueda confiar interna e internacionalmente.
\nEn vez de mantener un \u201caparataje\u201d tan peligroso para la institucionalidad, lo que corresponde es reemplazar al Tribunal Constitucional con un sistema de control de constitucionalidad peque\u00f1o y \u00e1gil, que resuelva eficazmente las exigencias de la institucionalidad nacional y sin producir semejante gasto presupuestario.
\nLa doctrina del normativismo ciego, que considera que la ley est\u00e1 por encima de la realidad, –poniendo en riesgo al orden social– debe ser superada.
\nDebe entenderse, siguiendo principios de la Sociolog\u00eda Jur\u00eddica y de la escuela del Derecho Libre, que la ley ha sido creada para servir al pueblo, no para que el pueblo adore a la ley.
\nEl derecho no es solo un sistema de reglas, sino una pr\u00e1ctica social compleja que est\u00e1 influenciada por la realidad, los valores, \u2018la justicia\u2019, la moral, De ah\u00ed que algunos pa\u00edses vecinos desde hace a\u00f1os est\u00e1n obrando a la luz de esta doctrina del derecho, velando sobre todo por los intereses sociales, m\u00e1s que por la ley abstracta.
\nPor esto, con sentido de urgente necesidad social, el Congreso Nacional, sin mayores formalismos, debe proceder a destituir a los \u201cautoprorrogados\u201d por usurpaci\u00f3n de funciones y violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, disponiendo su procesamiento en los tribunales ordinarios, \u00e1mbito en el que los acusados podr\u00e1n ejercer su derecho a la defensa.
\nEn todo caso, es un crimen institucional mantener en Bolivia un \u201cpoder de poderes\u201d tal como existe en el perjudicial Tribunal Constitucional.
\nCada pa\u00eds adopta el control de constitucionalidad conforme a sus peculiaridades, en unos existen tribunales constitucionales, en otros no. En Bolivia es desaconsejable.
\nEn Brasil no existe tribunal constitucional y el control de constitucionalidad es ejercido por el Supremo Tribunal Federal y los Tribunales de Justicia estatales. En la Argentina dicho control es cumplido por cualquier juez que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley dentro de un caso concreto, como en los EEUU, en el Paraguay se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, etc.<\/p>\n
El autor es jurista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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