El 11 de octubre de 2025, sali\u00f3 publicaci\u00f3n internacional que dio cuenta de la demanda presentada ante un Tribunal Federal de EEUU, en el que se incluye a Bolivia junto a otros pa\u00edses, como parte de una supuesta \u201cCorporaci\u00f3n Criminal de Estado\u201d, involucrada posiblemente en diversos tipos penales de trascendencia internacional, como tortura, corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico y persecuci\u00f3n pol\u00edtica.
\nEl proceso judicial, numerado J.Doe, I-1000 v. Rubio et. al, seg\u00fan refiere la fuente, implicar\u00eda delitos perseguidos en la jurisdicci\u00f3n norteamericana, bajo la denominada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que incluir\u00eda acciones punibles en contra de la Guerra Digital, espec\u00edficamente el procesamiento de cr\u00edmenes digitales organizados, que resulten vinculados a otros delitos. Contextualizando, defender intereses de grupos criminales, corruptos, terroristas o narcotraficantes, resultando en persecuciones a opositores pol\u00edticos, periodistas o ciudadanos, con fines criminales para encubrir actividades e intereses de la organizaci\u00f3n delictiva.
\nLa trascendencia, jur\u00eddica y geopol\u00edtica de procesos judiciales desarrollados en la jurisdicci\u00f3n norteamericana, implican que, en la lucha contra cr\u00edmenes internacionales, los Estados tienen la obligatoriedad de colaboraci\u00f3n en su persecuci\u00f3n, caracterizados por la extraterritorialidad de la acci\u00f3n.
\nSi bien, el multilateralismo mostr\u00f3 dificultades al respecto, no as\u00ed la actual administraci\u00f3n y la justicia norteamericana, que act\u00faan en defensa de su sociedad como pa\u00eds (ej. caso Murillo o caso El pollo Carvajal).
\nEl ciberespacio, al carecer de fronteras f\u00edsicas, permite la interacci\u00f3n y generaci\u00f3n de efectos en diversos puntos del planeta, cuya persecuci\u00f3n estatal se activar\u00e1 si las acciones delictivas provocan afectaciones en el interior de su territorio, como la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas o lavado de activos o actos de ciberterrorismo o ciberactivismo o ciberataques.
\nLa Ley RICO, permite a los fiscales perseguir a los ciberdelincuentes no s\u00f3lo individualmente, tambi\u00e9n a la organizaci\u00f3n que los impulsa y principalmente a sus l\u00edderes, atacando a la estructura. Adicionalmente, bajo la referida ley, los ciberataques deben representar actividades delictivas desplegadas de manera continua y organizada, como \u201cciberguerreros\u201d, constituidos en una empresa criminal; esto no se refiere a que est\u00e9n amparados legalmente en un registro comercial o estatal, sino que son criminales disfrazando sus actividades y al actuar desde un Estado, lo involucran.
\nSi bien, la Ley RICO no es una norma espec\u00edfica para la persecuci\u00f3n de la ciberdelincuencia, como lo son el Convenio de Budapest y la Convenci\u00f3n de NNUU contra los Ciberdelitos, su utilizaci\u00f3n es pertinente para desestructurar organizaciones criminales, sobre todo del tipo transnacional, implicados en actividades narcoterroristas, persecuci\u00f3n pol\u00edtica, corrupci\u00f3n, lavado de activos y otros m\u00e1s; siendo \u00fatil, para llegar y perseguir a sus l\u00edderes.
\nEn el caso de Bolivia, la posible implicaci\u00f3n de dos exjefes de Estado, ser\u00e1 develada en las investigaciones. Molesta y duele, que se hable del pa\u00eds como un todo y no de los causantes criminales.
\nLa Ley RICO puede provocar implicancias positivas para Bolivia en diversas \u00e1reas, se deber\u00e1 hacer seguimiento al caso, por parte del nuevo gobierno.<\/p>\n
El autor es diplom\u00e1tico e internacionalista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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