La libertad de expresi\u00f3n y la libertad de informaci\u00f3n son dos valores fundamentales de la democracia boliviana y cualquier acci\u00f3n privada, particular, p\u00fablica y\/o estatal que tienda a menoscabar su pleno ejercicio solo se constituye en un acto antidemocr\u00e1tico y re\u00f1ido con la visi\u00f3n de una sociedad libre.
\nLa Ley de R\u00e9gimen Electoral 026, promulgada durante el gobierno de Evo Morales el 30 de junio de 2010, como parte de las leyes estructurales de la nueva Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), estuvo marcada por sesgos pol\u00edticos que las organizaciones del periodismo nacional denunciaron en su debido momento.
\nMuestra de aquello, fue la representaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Nacional de la Prensa (ANP) con Juan Javier Zeballos (+), y la Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) con Ronald Grebe, entre otros, quienes durante 2011 denunciaron las vulneraciones a ambas libertades ciudadanas en los art\u00edculos 82, 83 y 84 de la Ley 026, en el marco de la normativa establecida para las Elecciones Judiciales.
\nDe esa resistencia del gremio period\u00edstico se logr\u00f3 la derogaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de seis incisos dentro de los referidos art\u00edculos, porque era evidente que se cortaba la posibilidad de abrir micr\u00f3fonos a los postulantes al \u00d3rgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, con advertencia y amenaza de sanciones draconianas para los medios de comunicaci\u00f3n.
\nEse bloque de \u201cart\u00edculos mordaza\u201d, como el gremio bautiz\u00f3 tambi\u00e9n a un par de incisos dentro del proyecto original de la Ley Antirracismo 045 de 2010, fue modificado, pero qued\u00f3 otro cuerpo con similares caracter\u00edsticas y que hoy vuelve a amenazar a la prensa libre.
\nLas prohibiciones excesivas y rigurosas, \u201ca letra muerta\u201d, obligan a los medios de comunicaci\u00f3n a caer en la autocensura y el temor a ser objeto de doble sanci\u00f3n, econ\u00f3mica y administrativa, y sin derecho proporcional a la defensa.
\nPor ejemplo, varios preceptos escritos desde el art\u00edculo 117 hasta el art\u00edculo 123 de la Ley 026, adem\u00e1s del Reglamento de Propaganda y Campa\u00f1a Electoral para las Elecciones Generales 2025, confirman que la ambig\u00fcedad de la norma, incluyendo el desconocimiento de la hermen\u00e9utica comunicacional, tecnol\u00f3gica e informativa, son un riesgo latente contra el periodismo y las libertades ciudadanas.
\nA esto se suma la ausencia del criterio de justa defensa, pues se se\u00f1ala un plazo de setenta y dos horas para que la persona o entidad denunciada responda, adjuntando prueba de descargo correspondiente, a una denuncia emitida desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democr\u00e1tico (Sifde), y a\u00f1ade: \u201cCon o sin respuesta de la persona denunciada, la Sala Plena del Tribunal Electoral correspondiente emitir\u00e1 resoluci\u00f3n declarando probada o improbada la denuncia\u201d (Reglamento, art\u00edculo 42 inciso III).
\nEs decir, el \u00d3rgano Electoral, a trav\u00e9s de sus instancias de monitoreo interno, asume atribuciones de denunciante y juez.
\nDurante el reciente proceso de las Elecciones Generales del 17 de agosto, unos 40 medios de comunicaci\u00f3n tradicionales y digitales fueron notificados por supuestas vulneraciones a la Ley 026 y al Reglamento de Propaganda y Campa\u00f1a Electoral, al publicar columnas de opini\u00f3n o no haber rotulado con \u201cespacio solicitado\u201d a algunos contenidos difundidos durante la campa\u00f1a proselitista. Las sanciones, como menciona la normativa citada, var\u00edan con multas equivalentes al doble de la tarifa m\u00e1s alta inscrita de todos los medios, al doble de la tarifa promedio del medio particular o a 20 salarios m\u00ednimos nacionales, adem\u00e1s de la inhabilitaci\u00f3n para participar en el siguiente proceso electoral.
\nLa democracia no necesita de mayores bloques de censura y amenazas, porque mientras m\u00e1s regulaci\u00f3n tiene una sociedad, tiende a caer en sistemas cada vez m\u00e1s totalitarios.
\nLa normativa aprobada en 2010 y que hoy se refuerza con reglamentos interpretados a partir de esa ley, no solo atentan contra la libertad expresi\u00f3n y la libertad de informaci\u00f3n, sino que han demostrado que no son acordes con los nuevos tiempos de la comunicaci\u00f3n digital, y tampoco han logrado frenar los males de la \u201cguerra sucia\u201d, la desinformaci\u00f3n, las calumnias o el uso indebido de bienes del Estado, que son actos cometidos siempre por la clase pol\u00edtica militante y nunca por la prensa libre.
\nCuanto mayor es la libertad de una sociedad para acceder a la informaci\u00f3n, mejor es el ejercicio de la democracia, porque como en cualquier fen\u00f3meno de mercado, son los propios protagonistas dentro de la sociedad quienes se autorregulan y saben discernir la verdad de la mentira.
\nLa Ley de R\u00e9gimen Electoral 026 requiere con urgencia de un marco modificatorio, actualizado en tiempo y espacio, con la participaci\u00f3n efectiva del nuevo gremio del periodismo digital, como la C\u00e1mara de Medios Digitales de La Paz (CAMMID-LP), que apuesta por el fortalecimiento de la democracia para la construcci\u00f3n de una Bolivia libre para avanzar en esta sociedad de la informaci\u00f3n 4.0 y del Siglo XXI.<\/p>\n
El autor es periodista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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