El 24 de septiembre de 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emiti\u00f3 un fallo que marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n en la historia diplom\u00e1tica de Bolivia. Por catorce votos a favor y dos en contra, el tribunal se declar\u00f3 competente para conocer la demanda que buscaba obligar a Chile a negociar una salida soberana al oc\u00e9ano Pac\u00edfico.<\/p>\n
El gobierno chileno de Michelle Bachelet asumi\u00f3 la decisi\u00f3n con cautela y con el compromiso de trabajar para defender sus intereses. Mientras tanto, el gobierno boliviano de Evo Morales celebr\u00f3 la determinaci\u00f3n como una victoria hist\u00f3rica, sumergiendo al pa\u00eds en un \u00e9xtasis colectivo, que deriv\u00f3, adem\u00e1s, entre los que trabajaban en el tema, en un excesivo triunfalismo y en la falsa percepci\u00f3n de que el camino hacia el oc\u00e9ano Pac\u00edfico estaba allanado.<\/p>\n
A pesar de haber transcurrido m\u00e1s de una d\u00e9cada desde aquel primer fallo, se ha escrito poco o nada con rigor acad\u00e9mico \u2014desde una perspectiva hist\u00f3rica y jur\u00eddica\u2014 sobre ese hecho y sobre la sentencia definitiva de la CIJ que en 2018 desestim\u00f3 la demanda boliviana.<\/p>\n
Dejando de lado el fondo de la demanda y centr\u00e1ndonos en este primer paso para acceder a la Corte, es crucial entender el dilema que esto implicaba, ya que de \u00e9l se derivaron consecuencias trascendentes.<\/p>\n
Para poder acudir a la CIJ, Bolivia deb\u00eda ratificar el Pacto de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n denominado Pacto Interamericano de Soluci\u00f3n Pac\u00edfica de Controversias. Sin embargo, ello implicaba evitar la causal de incompetencia prevista en el propio pacto, la cual determina que no podr\u00e1n ser sometidos al conocimiento de la CIJ los asuntos ya resueltos por tratados vigentes (art\u00edculo VI). La disposici\u00f3n era inequ\u00edvoca y se basa en el principio general del derecho de cosa juzgada; ya que, por razones de l\u00f3gica y practicidad, un tema resuelto por las partes no puede ser objeto de litigios posteriores y, por ende, escapa a la competencia de la Corte.<\/p>\n
El Tratado de 1904, que fij\u00f3 las fronteras despu\u00e9s de la Guerra del Pac\u00edfico, era precisamente ese tipo de acuerdo. Seg\u00fan las reglas del Pacto de Bogot\u00e1, la CIJ no pod\u00eda tomar conocimiento de asuntos ya zanjados por un tratado vigente, a menos que los fundamentos de la demanda se basara en algo ajeno a \u00e9l.<\/p>\n
Bolivia no ten\u00eda opci\u00f3n, para que la Corte admitiera el caso, deb\u00eda evitar cuestionar el Tratado de 1904. Al final, esa fue la decisi\u00f3n que se tom\u00f3, y tuvo consecuencias trascendentes. Durante m\u00e1s de un siglo, la diplomacia boliviana \u2014al menos en su l\u00ednea reivindicacionista\u2014 hab\u00eda sostenido que el Tratado de 1904 era injusto por haber sido firmado bajo presi\u00f3n. No obstante, para tener la oportunidad de ir a la Corte, tuvo que aceptar expresamente durante los alegatos, tanto escritos como orales, su validez.<\/p>\n
As\u00ed, en 2012, la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana ratific\u00f3 el Pacto de Bogot\u00e1, tras un complejo juego jur\u00eddico de objeciones e interpretaciones con Chile, asumiendo todas las obligaciones del Pacto, sin reserva o interpretaci\u00f3n alguna.<\/p>\n
Es de l\u00f3gico entendimiento concluir que los t\u00e9cnicos que trabajaban en el tema eran conscientes de las consecuencias, pero cabe preguntar: y \u00bflas autoridades pol\u00edticas, el presidente, el canciller y el Consejo de Reivindicaci\u00f3n Mar\u00edtima, comprendieron plenamente que estaban dejando de lado el argumento hist\u00f3rico y moral de la ilegitimidad del tratado?<\/p>\n
La respuesta certera no la s\u00e9, pero por sentido com\u00fan dudo que el entonces presidente Morales y su canciller Choquehuanca hayan tenido plena conciencia de las implicaciones.<\/p>\n
En 2018, la CIJ emiti\u00f3 su fallo final en contra de la petici\u00f3n de Bolivia. No solo dictamin\u00f3 que Chile no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de negociar, sino que, al no haber sido impugnado y, por el contrario, haber sido expresamente reconocido, el Tratado de 1904 qued\u00f3 plenamente vigente como la base legal para las relaciones entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n
Han transcurrido once a\u00f1os de aquel fallo inicial y ocho de la sentencia final, y persiste un inexplicable hermetismo, se ha impuesto un candado de confidencialidad a toda la documentaci\u00f3n de los dos juicios internacionales. En ese marco de silencio, la pregunta inevitable es: \u00bfpor qu\u00e9, que se pretende esconder?<\/p>\n
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Windsor Hernani Limarino es economista y diplom\u00e1tico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El 24 de septiembre de 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emiti\u00f3 un fallo que marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n en la historia diplom\u00e1tica de Bolivia. Por catorce votos a favor y dos en contra, el tribunal se declar\u00f3 competente para conocer la demanda que buscaba obligar a Chile a negociar una salida soberana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":169916,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-334824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n