La reciente liberaci\u00f3n de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ha marcado un punto de inflexi\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia boliviana. Despu\u00e9s de a\u00f1os de denuncias por procesos judiciales, te\u00f1idos de intereses pol\u00edticos, este hecho representa un momento crucial para reflexionar sobre la independencia del sistema judicial y el papel que debe cumplir una democracia s\u00f3lida.
\nNo se trata \u00fanicamente de la libertad de dos l\u00edderes c\u00edvicos, sino del significado profundo que esto puede tener para el pa\u00eds. Si la justicia pretende recuperar su credibilidad, debe demostrar que act\u00faa de forma imparcial, libre de presiones externas y, sobre todo, que las decisiones que toma responden a criterios legales y no a venganzas pol\u00edticas.
\nDentro de este escenario, tambi\u00e9n surgen los nombres de la expresidenta Jeanine A\u00f1ez y del exalcalde de La Paz, Luis Revilla. Ambos casos son s\u00edmbolos claros de c\u00f3mo, en los \u00faltimos a\u00f1os, la justicia ha sido utilizada como un arma de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Los procesos iniciados contra ellos se desarrollaron en un ambiente de irregularidades y con un objetivo m\u00e1s pol\u00edtico que jur\u00eddico.
\nEn el caso espec\u00edfico de Jeanine A\u00f1ez, existe un elemento jur\u00eddico fundamental: por su condici\u00f3n de expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades, no un juicio penal ordinario. Este error procesal evidencia no s\u00f3lo una falla procesal, sino tambi\u00e9n una clara intenci\u00f3n de presionar pol\u00edticamente a trav\u00e9s de la justicia.
\nEl inminente cambio de gobierno abre la posibilidad de que A\u00f1ez recupere su libertad antes de fin de a\u00f1o. Sin embargo, su eventual liberaci\u00f3n no puede interpretarse como un acto de impunidad, la justicia debe ser imparcial: permitir que A\u00f1ez se defienda en libertad, pero tambi\u00e9n garantizar que responda de manera transparente por todas las acusaciones en su contra. La gesti\u00f3n de la ex presidenta, m\u00e1s all\u00e1 de su car\u00e1cter transitorio, estuvo marcada por decisiones y acciones que deben ser investigadas, desde denuncias de corrupci\u00f3n en la compra de respiradores durante la pandemia hasta el uso indebido del avi\u00f3n presidencial, como si se tratase de un \u00abbus chelero\u00bb. Indudablemente, existen temas que requieren respuestas ante la ciudadan\u00eda y, sobre todo, ante la ley.
\nEl principio es claro: la justicia debe investigar y sancionar cuando corresponda, pero siempre por las razones correctas. No por revanchismo pol\u00edtico, tampoco por presiones ideol\u00f3gicas y\/o por la necesidad de exhibir \u00abvictorias judiciales\u00bb. Actuar con independencia es la \u00fanica forma de reconstruir la confianza de la poblaci\u00f3n en las instituciones.
\nEl caso de Luis Revilla, exalcalde de La Paz, merece un tratamiento similar. Las denuncias que pesan sobre su gesti\u00f3n requieren ser esclarecidas, pero bajo un debido proceso que garantice imparcialidad. La ciudadan\u00eda necesita saber si hubo irregularidades, pero tambi\u00e9n merece que sean respetados los derechos fundamentales de cualquier acusado.
\nConfundir el sobreseimiento con impunidad es un error frecuente. Si un proceso judicial carece de pruebas suficientes o presenta vicios legales insalvables, corresponde cerrarlo. Eso no significa absolver responsabilidades pol\u00edticas, administrativas o \u00e9ticas, significa que el sistema judicial funciona bajo normas claras y no bajo intereses de poder.
\nEl problema de fondo es que, durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os, la justicia en Bolivia ha sido utilizada como un arma pol\u00edtica. El Movimiento al Socialismo ha manipulado procesos, comprado y coaccionado a jueces y fiscales para castigar a opositores o proteger a aliados. Esta pr\u00e1ctica ha debilitado gravemente la institucionalidad del pa\u00eds y ha erosionado la credibilidad de la justicia. Para revertir esta situaci\u00f3n, es indispensable implementar evaluaciones constantes a jueces y fiscales, as\u00ed como auditor\u00edas judiciales transparentes que permitan a la ciudadan\u00eda conocer qui\u00e9nes son los responsables de la administraci\u00f3n de justicia.
\nEs fundamental recuperar el concepto de debido proceso. Todo ciudadano, independientemente de su cargo, ideolog\u00eda o condici\u00f3n social, merece un juicio justo, con garant\u00edas procesales plenas y con decisiones basadas en evidencias. Esta es la \u00fanica forma de garantizar que la justicia se administre de forma equitativa.
\nLa justicia por las razones correctas implica actuar con equilibrio. Significa reconocer los errores de gesti\u00f3n y corrupci\u00f3n de quienes gobernaron, pero tambi\u00e9n rechazar las estrategias de venganza pol\u00edtica. La imparcialidad no se negocia: o la justicia es independiente o simplemente deja de ser justicia.
\nPor tanto, m\u00e1s all\u00e1 de nombres y colores pol\u00edticos, el desaf\u00edo es claro: administrar justicia por las razones correctas. No se trata de proteger a unos ni de castigar a otros, sino de garantizar que todos los bolivianos, sin excepci\u00f3n, est\u00e9n bajo la misma ley. Ese es el camino para reconstruir la confianza, fortalecer la democracia y, finalmente, alcanzar la paz social.<\/p>\n
El autor es te\u00f3logo, escritor y educador.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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