La Defensor\u00eda del Pueblo expresa su preocupaci\u00f3n debido al uso excesivo del poder p\u00fablico que vulnera la libertad y el derecho a defender los Derechos Humanos Ambientales en las comunidades de Chiquiac\u00e1 y Tariqu\u00eda, en el departamento de Tarija; por lo que, exhortan a Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cesar de inmediato el uso del sistema judicial contra 29 defensores ambientales.
\nLa Defensor\u00eda, mediante una nota de prensa, recuerda que, desde octubre de 2024, esta instituci\u00f3n ha realizado un seguimiento riguroso al proceso penal iniciado por YPFB contra 29 defensoras y defensores del medio ambiente, acusados de presuntos delitos tipificados en los art\u00edculos 161 (impedir o estorbar el ejercicio de funciones) y 303 (atentados contra la libertad de trabajo) del C\u00f3digo Penal boliviano.
\nTras la audiencia de medidas cautelares del 24 de junio de 2025, se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 125\/2025, que otorg\u00f3 libertad irrestricta a 12 personas imputadas. Sin embargo, resulta preocupante e inaceptable que YPFB haya apelado esta decisi\u00f3n, fundamentando su recurso en argumentos que, a juicio de la Defensor\u00eda, incitan al odio y pueden generar escenarios de violencia y discriminaci\u00f3n contra quienes ejercen leg\u00edtimamente su derecho a la defensa del medio ambiente.
\nEn este contexto, la Defensor\u00eda del Pueblo pide a YPFB cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidaci\u00f3n y advierte sobre pr\u00e1cticas locales que tambi\u00e9n se consolidan como formas de amedrentamiento hacia defensoras y defensores de Derechos Humanos.
\nCabe recordar que Bolivia ratific\u00f3 el Acuerdo de Escaz\u00fa en 2019, comprometi\u00e9ndose a proteger y garantizar la labor de quienes defienden el medio ambiente y la Madre Tierra. Iniciar procesos judiciales infundados contra estas personas constituye una forma de represi\u00f3n que vulnera los derechos fundamentales y contradice, especialmente el art\u00edculo 9 del Acuerdo, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda amenaza, agresi\u00f3n o acto de violencia contra defensores ambientales.
\nPor su parte, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, en su art\u00edculo 7.1, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y que la privaci\u00f3n de libertad debe ser una medida excepcional. En este caso, los denunciantes no han demostrado riesgos fundados de fuga ni de obstrucci\u00f3n de la verdad, lo que vuelve a\u00fan m\u00e1s cuestionable el proceso iniciado.
\nEsta situaci\u00f3n no solo limita el ejercicio de los derechos de las personas defensoras, sino que tambi\u00e9n socava la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal. La Defensor\u00eda del Pueblo reafirma la necesidad urgente de evitar el uso desproporcionado de medidas coercitivas contra quienes protegen nuestro entorno natural.
\nAdicionalmente, se insta al Ministerio P\u00fablico a actuar con estricto apego al debido proceso, considerando la calidad de defensores ambientales de las personas procesadas, una condici\u00f3n reconocida por instrumentos internacionales que obligan al Estado a brindarles protecci\u00f3n diferenciada.
\nLa entidad defensorial reafirma su compromiso de velar por los derechos de quienes defienden los derechos humanos en el \u00e1mbito ambiental y exhorta al Estado boliviano a cumplir con sus compromisos internacionales y normas internas, evitando la penalizaci\u00f3n de estas personas.
\nFinalmente, se informa a la ciudadan\u00eda que la Defensor\u00eda realizar\u00e1 un seguimiento estricto del proceso penal en curso, denunciando ante instancias nacionales e internacionales cualquier situaci\u00f3n que ponga en riesgo la labor de las y los defensores ambientales, en el marco del compromiso asumido por Bolivia mediante el Acuerdo de Escaz\u00fa. (ANA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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