Un fallo del Tribunal Constitucional, fechado el 25 de abril de 2011, estableci\u00f3 que los audios obtenidos sin autorizaci\u00f3n \u2013tanto grabaciones telef\u00f3nicas como de otro tipo\u2013 pueden ser utilizados en procesos y acusaciones judiciales.
\nEl tema adquiere relevancia debido a que la Fiscal\u00eda General lleva a cabo investigaciones contra el exministro C\u00e9sar Siles y otros exfuncionarios judiciales, bas\u00e1ndose precisamente en la existencia de un audio, divulgado en exclusiva por Br\u00fajula Digital.
\nCon la aprehensi\u00f3n de Siles, ya son cinco los detenidos en este proceso: el exjuez Fernando Lea Plaza, la exvocal Claudia Castro, el abogado Ramiro Uriarte y el exvocal suplente Iv\u00e1n Campero.
\nUn fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableci\u00f3 que las grabaciones de conversaciones realizadas sin el consentimiento de las personas involucradas pueden ser utilizadas como prueba en procesos judiciales, siempre que no hayan sido obtenidas por funcionarios p\u00fablicos en el ejercicio de sus funciones.
\nLa sentencia constitucional 0523\/2011-R aclara que la obtenci\u00f3n de audios o grabaciones por parte de particulares \u2013es decir, ciudadanos sin investidura p\u00fablica\u2013 no vulnera necesariamente el derecho a la intimidad cuando existen otros derechos en juego, como la b\u00fasqueda de la verdad material, el derecho a la defensa o el inter\u00e9s general.
\nSeg\u00fan el TCP, \u201cla grabaci\u00f3n realizada por un particular, sin la autorizaci\u00f3n ni conocimiento del otro interlocutor, no puede ser considerada ileg\u00edtima de manera autom\u00e1tica\u201d, y por tanto, puede ser admitida como prueba v\u00e1lida si sirve para esclarecer hechos relevantes en un proceso judicial.
\nEl fallo realiza una distinci\u00f3n fundamental: cuando una grabaci\u00f3n es realizada por autoridades estatales \u2013como fiscales o polic\u00edas\u2013 sin la debida orden judicial, s\u00ed se configura una violaci\u00f3n al derecho a la privacidad y, en consecuencia, esa prueba debe ser excluida. Sin embargo, cuando la grabaci\u00f3n proviene de una persona que no es autoridad y no se ha hecho mediante medios estatales de coacci\u00f3n o vigilancia, la situaci\u00f3n cambia.
\nObviamente la persona que grab\u00f3 el audio (presuntamente el exjuez Lea Plaza) no lo hizo en el ejercicio de sus funciones.
\nLa semana pasada estall\u00f3 una pol\u00e9mica en torno al denominado \u201ccaso consorcio\u201d, mediante el cual autoridades del Gobierno, como el exministro C\u00e9sar Siles y funcionarios judiciales \u2013sobre todo vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz\u2013 habr\u00edan impulsado una iniciativa para defenestrar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con sede en Sucre, Fanny Coaquira y reemplazarla por su suplente Iv\u00e1n Campero, considerado af\u00edn a los intereses del MAS.
\nEl audio difundido, correspondiente a una conversaci\u00f3n entre el exministro Siles y el juez Lea Plaza, da indicios de que ambos estaban trabajando en la destituci\u00f3n de la magistrada Coaquira mediante una Acci\u00f3n de Cumplimiento, con el argumento de que ella present\u00f3 documentos irregulares en su postulaci\u00f3n al m\u00e1ximo tribunal.
\nCoaquira fue elegida en las m\u00e1s recientes elecciones judiciales y no pertenece al oficialismo.
\nClaudia Castro \u2013quien ha emitido numerosos fallos favorables a Evo Morales y a otras autoridades del MAS\u2013 fue la supuesta encargada de redactar la acci\u00f3n de cumplimiento que firm\u00f3 el juez Lea Plaza, todo ello bajo la presunta coordinaci\u00f3n de Siles. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n
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