El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) orden\u00f3 al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que disponga la desocupaci\u00f3n inmediata de m\u00e1s de 54.000 hect\u00e1reas de tierras comunitarias que han estado ocupadas desde 2017 por interculturales. As\u00ed lo inform\u00f3 la magistrada Isidora Jim\u00e9nez, miembro de la Sala Cuarta del TCP.<\/p>\n
\u201cSe dispone la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n ancestral. Se le otorga un plazo para que el INRA, con el auxilio de la fuerza p\u00fablica, proceda a restituir la posesi\u00f3n del pueblo tsimane\u201d, dijo en conferencia de prensa la magistrada, rodeada de pobladores del pueblo tsimane.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n responde a una acci\u00f3n de defensa constitucional interpuesta por comunidades ind\u00edgenas afectadas por la ocupaci\u00f3n prolongada de sus territorios ancestrales. En su sentencia 935\/2024-S3 del 30 de diciembre de 2024, el TCP establece que el INRA debe garantizar el cumplimiento de esta orden bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, en caso de incumplimiento.<\/p>\n
\u201cEs una victoria simb\u00f3lica y jur\u00eddica para los pueblos ind\u00edgenas en Bolivia al consolidar principios de ancestralidad, posesi\u00f3n, propiedad comunitaria y protecci\u00f3n ambiental dentro de la jurisprudencia constitucional\u201d, enfatiz\u00f3 la magistrada.<\/p>\n
El fallo se\u00f1ala que se concede la tutela para que se admita la demanda de dotaci\u00f3n y titulaci\u00f3n de tierras, en resguardo de los siguientes derechos:<\/p>\n
El derecho a la libre determinaci\u00f3n, a la territorialidad, a la titulaci\u00f3n colectiva, a la propiedad, la posesi\u00f3n y el debido proceso.<\/p>\n
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El derecho al h\u00e1bitat y a un medio ambiente adecuado.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se otorgan medidas precautorias y se dispone la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n ancestral de las tierras.<\/p>\n
El conflicto por tierras ha sido un foco de tensi\u00f3n entre comunidades ind\u00edgenas y sectores interculturales \u2013grupos campesinos originarios de otras regiones que migraron a zonas productivas del oriente del pa\u00eds\u2013. En este caso, seg\u00fan la magistrada, la ocupaci\u00f3n ha persistido durante m\u00e1s de siete a\u00f1os pese a las denuncias formales presentadas por los propietarios originarios.<\/p>\n
La sentencia del TCP tambi\u00e9n instruye que las autoridades correspondientes brinden garant\u00edas a las comunidades demandantes y supervisen el proceso de desalojo conforme a la normativa vigente.<\/p>\n
Jim\u00e9nez inform\u00f3 que tambi\u00e9n el fallo ordena una auditor\u00eda para que se revise el proceso de otorgaci\u00f3n de asentamientos concedidos por el INRA.<\/p>\n
Este fallo marca un precedente en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas y pone en evidencia el rol fiscalizador del TCP frente a omisiones institucionales en materia agraria. (Sumando Voces)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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