Un grupo de ciudadanos denunci\u00f3 la situaci\u00f3n del general (r) Pastor Mendieta, quien lleva casi cuatro a\u00f1os en prisi\u00f3n preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, acusado en el caso \u201cGolpe de Estado 2019\u201d. La defensa de su caso lo considera un \u201cpreso pol\u00edtico\u201d.<\/p>\n
Los firmantes sostienen que Mendieta enfrenta este proceso penal \u00fanicamente por haber acompa\u00f1ado a su superior, el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, en una conferencia institucional el 10 de noviembre de 2019, un acto que, seg\u00fan su defensa, no constituye delito alguno sino el cumplimiento de una orden militar.<\/p>\n
Los firmantes, entre los que figuran abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanos de distintas regiones del pa\u00eds, exigen justicia y el respeto a los derechos fundamentales del militar retirado, cuya salud se encuentra gravemente comprometida.<\/p>\n
Seg\u00fan la declaraci\u00f3n p\u00fablica, la detenci\u00f3n preventiva de Mendieta se ha extendido de manera ilegal, ya que la \u00faltima ampliaci\u00f3n de esta medida venci\u00f3 el 11 de junio de 2023 sin que las autoridades judiciales resolvieran su situaci\u00f3n dentro de los plazos establecidos.<\/p>\n
Junto a Mendieta existen unos 200 presos pol\u00edticos en el pa\u00eds.<\/p>\n
Esta prolongada privaci\u00f3n de libertad, afirman, viola el principio de presunci\u00f3n de inocencia y el debido proceso, pr\u00e1cticas que han sido cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional.<\/p>\n
La declaraci\u00f3n, fechada el 1 de junio de 2025, est\u00e1 respaldada por m\u00e1s de 70 firmas, entre ellas las de destacados profesionales y activistas.<\/p>\n
Uno de los aspectos m\u00e1s preocupantes es el deterioro de la salud del general Mendieta, quien padece hipertensi\u00f3n, insuficiencia card\u00edaca, diabetes y da\u00f1o renal, condiciones que requieren atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada.<\/p>\n
A pesar de haber obtenido una Acci\u00f3n de Libertad en febrero de 2023, las autoridades no le han permitido su libertad y, por lo tanto, acceder a tratamientos adecuados, e incluso sus salidas programadas para atenci\u00f3n hospitalaria han sido obstaculizadas o ignoradas por decisiones judiciales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, destacan que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado informaci\u00f3n complementaria al Estado boliviano para evaluar medidas cautelares a su favor, gestiones impulsadas por la abogada internacional Tamara Suju como parte de la campa\u00f1a \u201cRelease Chains\u201d.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, los ciudadanos exigen el cese inmediato de la prisi\u00f3n preventiva y la aplicaci\u00f3n de medidas sustitutivas, garant\u00edas para su derecho a la salud con supervisi\u00f3n m\u00e9dica independiente, y el respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.<\/p>\n
\u201cEl uso de la justicia como herramienta de venganza no construye democracia. Defender a una persona cuya vida est\u00e1 en riesgo es defender la dignidad de todos los bolivianos\u201d, concluye el manifiesto. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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