Un proyecto de ley impulsado y socializado por la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, que actualmente permanece en la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la C\u00e1mara de Diputados, busca eliminar el delito de estupro del C\u00f3digo Penal para imponer penas de hasta 25 a\u00f1os y propone que los delitos sexuales contra ni\u00f1os y adolescentes no prescriban para mayor acceso a la justicia.<\/p>\n
La iniciativa surge en un contexto de \u201cpunto cr\u00edtico\u201d que alcanz\u00f3 la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual contra ni\u00f1as y adolescentes en Bolivia y cuenta con el respaldo t\u00e9cnico del Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Agencia de Cooperaci\u00f3n Internacional de Corea (Koica), seg\u00fan refleja una publicaci\u00f3n del equipo de prensa de la legisladora.<\/p>\n
\u201cEl proyecto de ley plantea seis cambios fundamentales para cerrar vac\u00edos normativos que dificultan el acceso efectivo a la justicia\u201d, se\u00f1ala el documento, entre los cuales se destaca un pilar fundamental: la eliminaci\u00f3n definitiva de la figura legal de estupro del C\u00f3digo Penal Boliviano y su reemplazo por el delito de violaci\u00f3n a infante, ni\u00f1o o adolescente, con penas de entre 20 y 25 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Como primer punto, Barrientos sugiere \u201ccr\u00edmenes sin tiempo, donde delitos de infanticidio y abuso sexual infantil no prescribir\u00e1n, permitiendo justicia en cualquier momento\u201d. El segundo cambio propuesto apunta a que \u201clas v\u00edctimas podr\u00e1n pedir investigar los hechos, aunque el delito haya prescrito\u201d.<\/p>\n
Como tercer punto se habla de \u201capoyo integral garantizado\u201d, planteando que el Estado garantice atenci\u00f3n m\u00e9dica, psicol\u00f3gica y legal a las v\u00edctimas de manera gratuita. La cuarta propuesta refiere a que se crear\u00e1n procesos judiciales especiales para investigar casos prescritos sin aplicar la detenci\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Asimismo, Barrientos propone un \u201ccastigo m\u00e1s duro\u201d para estos delitos, con la creaci\u00f3n de nuevos tipos penales como Violaci\u00f3n Incestuosa, la definici\u00f3n de consentimiento, la eliminaci\u00f3n de atenuantes y el agravamiento de las penas. Finalmente, como sexto punto, plantea el registro obligatorio de denuncias en bases de datos a nivel nacional para garantizar un debido seguimiento y transparencia.<\/p>\n
La normativa argumenta que figuras legales actuales como la del estupro han beneficiado hist\u00f3ricamente a los agresores con penas reducidas y definiciones anacr\u00f3nicas sobre consentimiento y reparaci\u00f3n, por lo que modernizarlas y aumentar las penas permitir\u00e1 a \u201cBolivia avanzar hacia un sistema judicial m\u00e1s justo, sensible y eficaz\u201d.<\/p>\n
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ANTECEDENTES<\/p>\n
Como antecedentes para esta iniciativa, se menciona el caso de Brisa Angulo, una adolescente que fue v\u00edctima de abuso sexual intrafamiliar cuyo caso lleg\u00f3 a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras m\u00e1s de veinte a\u00f1os de retardaci\u00f3n de justicia en los que el sistema judicial boliviano no logr\u00f3 sentenciar al agresor.<\/p>\n
El 20 de enero de 2023, la CIDH solicit\u00f3 a Bolivia derogar el delito de estupro tras identificar \u201cserias fallas jur\u00eddicas\u201d en el caso y sentenci\u00f3 al Estado boliviano por violaci\u00f3n de derechos fundamentales como la integridad personal, las garant\u00edas judiciales, la vida privada y los derechos de la ni\u00f1ez y adolescencia.<\/p>\n
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