Gracias a la Ley 1.854, que los potosinos rebautizamos como \u201cLey Valda\u201d, en alusi\u00f3n a su autor, las empresas Copla Ltda. y la chilena Quiborax permanecieron en el Salar de Uyuni durante un tiempo en el que nadie protest\u00f3 por su presencia. Se dedicaron, principalmente, a la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de productos derivados del boro, entre ellos el \u00e1cido b\u00f3rico. Eso determin\u00f3 que se permitiera el ingreso controlado de precursores a esa regi\u00f3n.
\nDurante ese tiempo, la empresa Sociedad Industrial Tierra S.A., que era presidida por el belga Guglielme (Guillermo) Roelants du Vivier, consigui\u00f3 un cr\u00e9dito de tres millones de d\u00f3lares de la Corporaci\u00f3n Interamericana de Inversiones, afiliada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el desarrollo de boratos usando el boro y b\u00f3rax del Salar de Uyuni. Con ese dinero, Roelants compr\u00f3 equipos, incluidas cisternas, para el transporte de precursores.
\nYa en el 2000, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr\u00e1fico (Felcn) incaut\u00f3 una cisterna que transportaba \u00e1cido sulf\u00farico, pero no al Salar de Uyuni, sino al Chapare. El hallazgo determin\u00f3 un operativo conjunto entre la DEA y la Felcn en la planta de \u00e1cido b\u00f3rico que Tierra S.A. hab\u00eda construido en Apacheta, cerca de la frontera con Chile. La infraestructura fue intervenida tras verificarse que entre 1995 a 1999 desvi\u00f3 3.244 toneladas de \u00e1cido sulf\u00farico hacia el Chapare. Roelants fue sometido a juicio por transporte de precursores y se lo conden\u00f3 a 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel.
\nMientras eso pasaba en el Salar, el Comit\u00e9 C\u00edvico Potosinista (Comcipo), liderado por Ren\u00e9 Navarro, inici\u00f3 una huelga de hambre exigiendo que se reviertan las concesiones de Copla y Quiborax. Para ese fin, se instal\u00f3 cartas frente a la Prefectura de Potos\u00ed, gobernada entonces por Gisela Derpic.
\nEl presidente de entonces, Carlos Mesa, cedi\u00f3 ante la demanda de los c\u00edvicos y revirti\u00f3 las concesiones. Al mismo tiempo, inici\u00f3 el proceso para abrogar la Ley 1.854.
\nCopla sigue operando en pa\u00edses como Chile y Brasil y en octubre de 2024 public\u00f3 un requerimiento de personal para contratar a un asistente de compras para La Paz. En 2006, Quiborax le inici\u00f3 un juicio al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, que fall\u00f3 en contra del pa\u00eds, conden\u00e1ndole al pago de 48,6 millones de d\u00f3lares.
\nEn los primeros a\u00f1os de su gobierno, Evo Morales anunci\u00f3 que industrializar\u00eda el litio del Salar de Uyuni y conform\u00f3 un Comit\u00e9 Cient\u00edfico Internacional para tal fin. La sorpresa fue que la presidencia de esa instancia fue conferida a Guillermo Roelants que, para entonces, hab\u00eda recuperado su libertad y reinici\u00f3 sus actividades habituales, porque se levant\u00f3 la intervenci\u00f3n a su planta.
\nLa protesta potosina revirti\u00f3 el nombramiento de Roelants y, desde entonces, Morales nada m\u00e1s hizo para explotar los recursos del Salar de Uyuni y, de esa manera, favoreci\u00f3 a las empresas que operan en Australia, Chile y Argentina, que son los pa\u00edses que, ahora, lideran la producci\u00f3n mundial de litio.<\/p>\n
Juan Jos\u00e9 Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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