La senadora por Creemos, Claudia Eg\u00fcez Algara\u00f1az, ante las recurrentes denuncias relacionadas a supuestas torturas en unidades militares, remiti\u00f3 una Petici\u00f3n de Informe Escrito al Ministerio de Defensa, solicitando explicaciones sobre las pol\u00edticas preventivas aplicadas en las Fuerzas Armadas para evitar abusos que, en algunos casos, han derivado en la muerte de cadetes, soldados y personal militar.
\nLa noche del pasado 4 de febrero de 2025, en el Regimiento Militar en la comunidad de Casarabe del municipio de Trinidad, Beni, el comandante de la unidad militar \u201cLino Echavarr\u00eda\u201d habr\u00eda pedido a uno de los soldados llevar un palo de tacuara y con eso empez\u00f3 a golpearlo, lo hizo desnudar y luego agarr\u00f3 un cable para castigarlo, al igual que a otros soldados.
\nAnte este grave antecedente, la senadora Eg\u00fcez incluy\u00f3 en esta petici\u00f3n 11 consultas, entre ellas, informar qu\u00e9 medidas se vienen adoptando para garantizar la protecci\u00f3n de los conscriptos y personal militar en general en los recintos militares, adem\u00e1s de sancionar a los responsables de estas pr\u00e1cticas nocivas y contrarias a la protecci\u00f3n de la dignidad de soldados bajo su custodia.
\nAsimismo, si en las unidades militares de Bolivia se toma en cuenta la recomendaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se indica que, \u201ccuando se presta el servicio militar, esto conlleva una restricci\u00f3n o limitaci\u00f3n a los derechos y libertades de los reclutas generando, con ello no propiamente una privaci\u00f3n de libertad, pero s\u00ed una situaci\u00f3n en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese r\u00e9gimen\u201d.
\nTambi\u00e9n se consulta si en caso de que ocurra alg\u00fan hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de investigar y asumir, como \u201cun deber jur\u00eddico propio\u201d y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gesti\u00f3n de inter\u00e9s particulares, que depende de la iniciativa procesal de las v\u00edctimas, de sus familiares o de la aportaci\u00f3n privada de elementos probatorios.
\nEn ese marco, la \u00faltima consulta indaga si existen pol\u00edticas preventivas en las Fuerzas Armadas para evitar hechos como los denunciados se repitan en los cuarteles y recintos militares del pa\u00eds, los mismos que vienen siendo recurrentes, cobrando vidas y menoscabando la integridad y la salud de cadetes, soldados y personal militar en general.
\nLa legisladora enfatiz\u00f3 que, en el ejercicio de su rol de fiscalizaci\u00f3n, espera que el ministro de Defensa responda a las consultas dentro del plazo establecido por norma, permitiendo as\u00ed que se contin\u00faen tomando acciones en defensa de los conscriptos y del respeto a los derechos humanos en el \u00e1mbito militar.
\nEn febrero de este a\u00f1o, un grupo de padres de conscriptos present\u00f3 una denuncia por actos de violencia y tortura contra sus hijos por parte de un sargento del Regimiento de Infanter\u00eda 29 \u201cCapit\u00e1n Echeverr\u00eda\u201d, de la comunidad de Casarabe, en Beni.
\n\u201cPudimos evidenciar y podemos dar fe que hab\u00edan sufrido torturas por parte del mencionado sargento en varias ocasiones, se denotan marcas de golpes en el cuerpo que infligi\u00f3 este instructor a nuestros hijos\u201d, se\u00f1al\u00f3 la denuncia presentada ante el Ministerio P\u00fablico.
\nPosteriormente, el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, indic\u00f3 que, en audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determin\u00f3 que el Sargento Segundo de 28 a\u00f1os de edad, acusado por este hecho, es presunto autor de los delitos de Vejaciones y Torturas, Lesiones Graves y Leves y Coacci\u00f3n, en contra de soldados por lo que dispuso su detenci\u00f3n preventiva en el penal de Mocov\u00ed por el plazo de 90 d\u00edas.
\nSobre este tema, desde la Defensor\u00eda del Pueblo se record\u00f3 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se presta el servicio militar \u201cesto conlleva una restricci\u00f3n o limitaci\u00f3n a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una privaci\u00f3n de libertad, pero si una situaci\u00f3n en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese r\u00e9gimen\u201d.
\nEn este sentido, en caso de que ocurra alg\u00fan hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, se\u00f1ala la Defensor\u00eda, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de investigar, una tarea que debe ser asumida como \u201cun deber jur\u00eddico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gesti\u00f3n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las v\u00edctimas o de sus familiares o de la aportaci\u00f3n privada de elementos probatorios\u201d.
\nEn tanto, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin dilaci\u00f3n una investigaci\u00f3n \u201cseria, imparcial y efectiva\u201d, garantizando la protecci\u00f3n a las v\u00edctimas y el principio de no repetici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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