La seguridad jur\u00eddica es uno de los principios esenciales del derecho que otorga a las personas y las organizaciones la certeza y previsibilidad en la vigencia de las normas, la garant\u00eda de que las leyes ser\u00e1n aplicadas sin discriminaci\u00f3n ni privilegios, y que no habr\u00e1 protecci\u00f3n ni impunidad cuando \u00e9stas sean vulneradas.
\nPara que exista la seguridad jur\u00eddica son indispensables la estabilidad legislativa, la imparcialidad en la aplicaci\u00f3n de la justicia, la protecci\u00f3n a los derechos de propiedad, la capacidad de resolver disputas de manera justa y eficaz, y la transparencia en el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. Esto implica la seguridad de que no habr\u00e1 cambios inesperados en las leyes; que las personas y sus bienes no ser\u00e1n objeto de abusos, despojos o arbitrariedades, que los jueces y tribunales actuar\u00e1n con imparcialidad y que existir\u00e1n mecanismos de control constitucional y administrativo que prevengan la corrupci\u00f3n.
\nEn el caso de Bolivia, desde hace varias d\u00e9cadas, hay un constante debilitamiento de la seguridad jur\u00eddica debido a la desinstitucionalizaci\u00f3n, la crisis del sistema judicial, la sobreabundancia y la mala calidad de las normas, la discrecionalidad de las autoridades y la p\u00e9rdida de legitimidad de las entidades responsables de su aplicaci\u00f3n. Estos factores han generado una condici\u00f3n estructural de desconfianza sostenida con graves implicaciones econ\u00f3micas, y han puesto en cuesti\u00f3n la vigencia del Estado de Derecho,
\nLa fuga de capitales, la reducci\u00f3n de la inversi\u00f3n extranjera directa, el incremento en los costos de transacci\u00f3n, el aumento de la informalidad y de los conflictos sociales, los avasallamientos, el incumplimiento de las leyes, el crecimiento del delito y la p\u00e9rdida de competitividad internacional, son consecuencias inequ\u00edvocas de una inseguridad jur\u00eddica creciente.
\nUn factor muy complejo tiene que ver con la definici\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica como un principio y no como un derecho exigible, lo que genera indefensi\u00f3n en los agentes econ\u00f3micos que sufren avasallamientos y bloqueos por grupos organizados, mientras que el Estado los afecta con expropiaciones, cambios arbitrarios de la normativa, amenazas, acoso y presi\u00f3n impositiva.
\nLa posibilidad de protecci\u00f3n y restituci\u00f3n de derechos es pr\u00e1cticamente inexistente. La Ley de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje no garantiza ecuanimidad ni justicia y excluye temas fundamentales de su alcance, pero adem\u00e1s la decisi\u00f3n del gobierno en 2008 de retirar a Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dej\u00f3 en indefensi\u00f3n y ahuyent\u00f3 a los inversionistas. Para completar el panorama de inseguridad, los operadores de justicia, el Ministerio Publico, la Defensor\u00eda del Pueblo y todas las instancias que debieran velar por los derechos ciudadanos, responden a instrucciones e intereses pol\u00edticos antes que al cumplimiento de la Ley.
\nAunque la inseguridad jur\u00eddica se ha naturalizado como parte de la cultura pol\u00edtica boliviana, sus efectos son devastadores en nuestra reputaci\u00f3n internacional, donde los indicadores que califican la calidad institucional nos colocan a nivel de Estados fallidos o de democracias imperfectas. As\u00ed, por ejemplo, el \u00cdndice Global de Estado de Derecho 2023 nos sit\u00faa en el puesto 131 de 142 pa\u00edses analizados; el \u00cdndice de Libertad Econ\u00f3mica 2024 en el puesto 165 de 176 pa\u00edses, y las \u00faltimas calificaciones de riesgo pa\u00eds nos consideran en el \u00faltimo lugar en Am\u00e9rica, despu\u00e9s de Venezuela. A nivel interno, los ejemplos son gr\u00e1ficos: recientemente la C\u00e1mara Nacional de Industria revel\u00f3 que en los \u00faltimos 14 a\u00f1os se produjeron 2.400 bloqueos; tan solo en 2024 las protestas sociales impidieron el tr\u00e1nsito por 170 d\u00edas, generando perjuicios que podr\u00edan haber superado los 2.000 millones de d\u00f3lares.
\nEs evidente que la inseguridad jur\u00eddica es uno de los problemas m\u00e1s importantes que debemos resolver como sociedad si pretendemos enfrentar la crisis e iniciar la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica. En un a\u00f1o electoral, la \u00faltima palabra la tienen nuevamente los candidatos que deben dar una respuesta clara a este tema, de cuya soluci\u00f3n depende la estabilidad y la viabilidad de cualquier plan de desarrollo y programa de bienestar.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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