El director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de Potos\u00ed, Edgar Gonzales, hizo aprehender al periodista Juan Orellana acus\u00e1ndolo de extorsi\u00f3n. Si \u00e9l estaba en capacidad de probar esa acusaci\u00f3n, pod\u00eda haberlo hecho ante cualquier tribunal, pero eligi\u00f3 la justicia ordinaria y ese es el principal error en este caso.
\nSe trata, otra vez, de la disputa casi centenaria de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y la de imprenta, establecida en Bolivia mediante el Reglamento de Imprenta promulgado por Decreto Supremo del 17 de julio de 1920 y elevado a rango de ley el 19 de enero de 1925. Estas normas pusieron en vigencia la formaci\u00f3n de jurados o cuerpos de imprenta que son los que deben resolver controversias derivadas de supuestos delitos y contravenciones cometidos en el ejercicio period\u00edstico o derivados de este.
\nSeg\u00fan Gonzales, Orellana le pidi\u00f3 10.000 bolivianos para no difundir el contenido de un informe de la Unidad de Transparencia que lo comprometen a \u00e9l y a otros funcionarios. El pago se habr\u00eda producido a plena luz del d\u00eda, en el frontis de la radio Fides, en el Pasaje Boulevard de Potos\u00ed, lo que ya es bastante curioso, puesto que los sobornos se ejecutan generalmente de manera discreta. El supuesto delito, entonces, se habr\u00eda originado en la funci\u00f3n period\u00edstica de Orellana que, al ejercerla, consigui\u00f3 un documento e intent\u00f3 lucrar con \u00e9l. No se trata de un delito com\u00fan, ajeno al trabajo period\u00edstico, as\u00ed que debe considerarse como \u201cdelito de imprenta\u201d y eso habilita la jurisdicci\u00f3n de la ley de 1925.
\nPor tanto, Gonzales debi\u00f3 denunciar la extorsi\u00f3n al Concejo Municipal para que \u00e9ste, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de esa ley, convoque excepcionalmente a un cuerpo de jurados a fin de iniciar un proceso de imprenta, conforme se hizo en los \u00faltimos a\u00f1os con denuncias contra periodistas por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Si el director del Sedede es quien tiene la verdad en este caso, la pudo probar en esa instancia y obtener una sentencia condenatoria que hubiera derivado, incluso, en la suspensi\u00f3n del t\u00edtulo que Orellana tiene en Ciencias de la Comunicaci\u00f3n.
\nEl problema del periodismo boliviano es que, en casi 100 a\u00f1os de vigencia de la Ley de Imprenta, los abogados \u2014Gonzales es uno de ellos\u2014 no han aprendido a aplicarla y se limitan a usar el C\u00f3digo Penal. Eso explica que haya tantos jueces y fiscales que siguen aceptando denuncias contra periodistas y cit\u00e1ndolos, aunque esos casos sean jurisdicci\u00f3n de los jurados de imprenta. Si a eso le agregamos el deseo de escarmentar a periodistas, o \u201csentarles la mano\u201d, tendremos el cuadro completo.
\nPero tampoco se trata de subirse a un pedestal y se\u00f1alar con el dedo. Si bien es cierto que la mayor\u00eda de los abogados desconocen la Ley de Imprenta, la situaci\u00f3n no es tan diferente en la prensa misma, porque, en el caso de Orellana, hubo voces a favor de optar por la justicia ordinaria para dilucidarlo. Y eso es ir en contra de la Ley que cumplir\u00e1 su centenario el pr\u00f3ximo mes.<\/p>\n
Juan Jos\u00e9 Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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