Sorpresivamente (aunque en este pa\u00eds ya nada sorprende), la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante Resoluci\u00f3n 0770\/2024 ha confirmado la suspensi\u00f3n de las elecciones de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en dos departamentos y de los magistrados para el propio TCP en otros tres m\u00e1s, ante un recurso interpuesto por un ciudadano ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que previamente le otorgara la tutela demandada.
\nAnte el baldazo de agua fr\u00eda que supuso esta decisi\u00f3n, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) auspici\u00f3 una reuni\u00f3n con autoridades del \u00d3rgano Legislativo y Ejecutivo y subnacionales, para emitir una declaraci\u00f3n conjunta que dispone la prosecuci\u00f3n del proceso electoral, desoyendo el fallo del TCP.
\nEl argumento principal para el rechazo a la decisi\u00f3n jurisdiccional es que la sentencia de marras \u2014habiendo emanado de un tribunal colegiado que, a partir del primer d\u00eda de enero de este a\u00f1o, ejerce funciones como resultado de una decisi\u00f3n unilateral, inconsulta y violatoria de la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) prorrog\u00e1ndose en su ejercicio\u2014 nace de un tribunal cuyas resoluciones son nulas, al no emanar de la ley que para esos cargos se\u00f1ala un periodo de funciones de seis a\u00f1os, que se han cumplido el 31 de diciembre de 2023.
\nEs probable que cuando esta nota sea publicada, est\u00e9 sancionada una ley cuyo proyecto ya fue aprobado por el Senado, para blindar las elecciones judiciales a pesar de todo; y concuerdo absolutamente con todos los que consideran que los magistrados del TCP y del TSJ han violado la CPE, al continuar en funciones no obstante el l\u00edmite temporal que la propia Carta Magna prev\u00e9, agravando su situaci\u00f3n, en el caso de quienes recientemente dictaron la cuestionada sentencia 0770\/2024.
\nPero, por otra parte, independientemente de si la ley le faculta al TCP pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n como la que motiva estas l\u00edneas o no, o de si se produjo una preclusi\u00f3n o no, o de si teniendo competencia para hacerlo, de todas maneras fue una decisi\u00f3n injusta, o, finalmente, de si el ejercicio ilegal de funciones de cada uno de sus magistrados les imped\u00eda dictarla en cualquier sentido en este o en otros casos, el tema es que existe una resoluci\u00f3n que declara parcialmente desiertas las elecciones judiciales, y cualquier consideraci\u00f3n sobre su validez o invalidez, y m\u00e1s a\u00fan una decisi\u00f3n de ignorar sus alcances, es una clara expresi\u00f3n de la desinstitucionalizaci\u00f3n que en nuestro pa\u00eds impera al grado de la verg\u00fcenza.
\nTambi\u00e9n en ese aspecto estamos en el fango. Los hombres y mujeres de derecho saben que las sentencias, por muy injustas que sean, constituyen verdades jur\u00eddicas inmutables, y ante la evidencia f\u00e1ctica de que ellas fueron dictadas por un juez o tribunal incompetente, ya sea porque la ley lo dispone o por cualquier otro motivo, el hecho es que est\u00e1n en funciones, y la nulidad de sus actos debe ser declarada por un juez o tribunal competente y en debido proceso, y de ninguna manera por el TSE o la ALP, mucho m\u00e1s si el TSE ha solicitado una complementaci\u00f3n y enmienda, lo que en derecho supone el reconocimiento t\u00e1cito de su competencia.
\nLo contrario, y tal como se est\u00e1 manejando el tema, significa un retroceso en la convivencia civilizada por tratarse ya de la aplicaci\u00f3n de justicia por mano propia. Y a partir de ahora, \u00bfqu\u00e9 suceder\u00e1 con las resoluciones del actual TCP?
\nLa l\u00f3gica que en el caso se est\u00e1 utilizando significar\u00eda tambi\u00e9n que todos los actos del TSJ, que, a partir del primer d\u00eda de este a\u00f1o, deben ser varios cientos de autos supremos, no surten ning\u00fan efecto legal y cualquier agraviado por sus decisiones tiene el derecho de incumplirlas. \u00bfAcaso su invalidez jur\u00eddica no depende de una sentencia judicial que as\u00ed las declare?
\nTal y como se est\u00e1 actuando, la desinstitucionalizaci\u00f3n en Bolivia ha calado profundo, y la culpa es del alud de leyes sin ninguna t\u00e9cnica legislativa que se ha dictado en la era Morales, de las cuales pocas se cumplen. La pretendida modernidad de la CPE una vez m\u00e1s dice: \u201cPresente, ac\u00e1 estoy para enredar el funcionamiento futuro del Estado\u201d.<\/p>\n
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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