Tras la aprobaci\u00f3n en el Senado del Proyecto de Ley 160 de \u201cAcceso a la Informaci\u00f3n y Documentaci\u00f3n P\u00fablica\u201d, se\u00f1alan que una eventual sanci\u00f3n de esta normativa, dotar\u00eda a la prensa de una herramienta importante para la fiscalizaci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, adem\u00e1s de constituirse, consolidar un instrumento que materialice varios derechos contemplados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE).
\nSeg\u00fan la senadora proyectista de esta norma, Silvia Salame, uno de los principales obst\u00e1culos con los que un ciudadano choca al momento de hacer respetar sus derechos tiene que ver con una deficiente y hasta nula posibilidad de poder acceder a determinada informaci\u00f3n.
\nEsto, en el caso de la prensa, pasa por la recurrente obstaculizaci\u00f3n de funcionarios a facilitar documentaci\u00f3n y datos que son de inter\u00e9s p\u00fablico, con las debidas excepciones.
\n\u201cLo que se quiere es lograr materializar los derechos contenidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado\u201d, dijo Salame a EL DIARIO.
\nSeg\u00fan la legisladora representante del departamento de Chuquisaca, los periodistas no siempre reciben la informaci\u00f3n que solicitan de instituciones p\u00fablicas, tanto de altos ejecutivos como de funcionarios subalternos, quienes creen que es discrecional entregar o no los datos requeridos, situaci\u00f3n que no debe continuar.
\n\u201cIncluso para nosotros, como parlamentarios que tenemos que fiscalizar, es sumamente dif\u00edcil acceder a esta informaci\u00f3n, lo es m\u00e1s a\u00fan para otras instancias\u201d, dijo.
\nEsperando que esta normativa cuente con el respaldo y apoyo de los gremios de la prensa, adem\u00e1s de la sociedad civil y sus organizaciones hasta conseguir su sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n, Salame record\u00f3 que este proyecto de ley, naci\u00f3 como resultado de un fallo contra el Estado boliviano, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2022, por el caso Flores Bedregal, con la que se orden\u00f3 al Parlamento nacional la implementaci\u00f3n de una ley que garantice a la poblaci\u00f3n el acceso oportuno a informaci\u00f3n p\u00fablica.
\n\u201cBolivia es uno de los pocos pa\u00edses que no cuenta con una ley en este sentido, desde 2022 estamos incumpliendo con este fallo de la Corte-IDH\u201d, agreg\u00f3.
\nAl respecto, el vicepresidente de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de La Paz (APLP), Erick Torrico Villanueva, en entrevista con el Decano de la Prensa Nacional, calific\u00f3 la aprobaci\u00f3n del Senado hacia esta iniciativa como un importante avance que permite ampliar las posibilidades de acceder a informaci\u00f3n relacionada a la administraci\u00f3n p\u00fablica, no solo para periodistas sino para cualquier ciudadano que as\u00ed lo requiera.
\nEn ese contexto, record\u00f3 que en los \u00faltimos diez a\u00f1os se plantearon varias iniciativas para implementar una ley de estas caracter\u00edsticas, sin lograr \u00e9xito, por lo que con una posible sanci\u00f3n y promulgaci\u00f3n del Proyecto de Ley 160 de \u201cAcceso a la Informaci\u00f3n y Documentaci\u00f3n P\u00fablica\u201d, Bolivia finalmente lograr\u00eda ponerse a la par del resto de los pa\u00edses de Am\u00e9rica, contando con una normativa en este sentido.
\nAsimismo, Torrico puntualiz\u00f3 que la prensa ha tenido muchas dificultades para acceder a informaci\u00f3n, teniendo que recibir constantes negativas y restricciones relacionadas a datos, documentos, e incluso a declaraciones en conferencias de prensa, donde autoridades de los distintos niveles del Estado se resisten a contestar determinadas preguntas o contestan selectivamente, dando su versi\u00f3n de los hechos para luego huir sin escuchar cuestionamiento alguno.
\n\u201cLos periodistas son representantes de la ciudadan\u00eda y tienen siempre consultas que hacer sobre los diferentes temas a las autoridades, son una forma de control social. Poder contar con una ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica es fundamental para balancear esto\u201d, afirm\u00f3.
\nEsta semana, luego de tres a\u00f1os de elaboraci\u00f3n y socializaci\u00f3n, el pleno de la C\u00e1mara de Senadores aprob\u00f3 por unanimidad el Proyecto de Ley 160 de \u201cAcceso a la Informaci\u00f3n y Documentaci\u00f3n P\u00fablica\u201d, la norma remitida a la C\u00e1mara de Diputados, permitir\u00e1 que servidores p\u00fablicos puedan responder a los requerimientos de informaci\u00f3n en plazos concretos y establecidos.
\nTras la sesi\u00f3n del pasado d\u00eda mi\u00e9rcoles, Salame sostuvo que se trata de un gran avance para el pa\u00eds en general, tomando en cuenta que no solo se dan garant\u00edas a todos los bolivianos para contar con informaci\u00f3n pertinente y necesaria, sino porque, como Estado, se cumple con un mandato de la Corte-IDH.
\nUna vez que la norma entre en vigencia, los requerimientos de informaci\u00f3n deber\u00e1n ser contestados en tiempos espec\u00edficos y solo se tendr\u00e1n excepciones mediante leyes previas que declaren informaci\u00f3n en reserva o confidencial.
\nSeg\u00fan su art\u00edculo 20: \u201cLas instituciones p\u00fablicas y\/o entidades obligadas tienen un plazo m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una pr\u00f3rroga de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles previa justificaci\u00f3n y notificaci\u00f3n a la persona solicitante\u201d.
\nAsimismo, \u201clas servidoras y los servidores p\u00fablicos encargados del cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la presente Ley, que incurran en negativa infundada, falta de respuesta oportuna o restricci\u00f3n ilegal en la atenci\u00f3n de las solicitudes de informaci\u00f3n y\/o documentaci\u00f3n p\u00fablica incurrir\u00e1n en responsabilidad administrativa siendo pasibles a la destituci\u00f3n de sus funciones\u201d.
\nTambi\u00e9n hace una clasificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en cuatro categor\u00edas base: Informaci\u00f3n P\u00fablica (cualquier tipo de dato en custodia o control de una instituci\u00f3n p\u00fablica); Informaci\u00f3n Reservada (excluida temporalmente por disposici\u00f3n legal por existir un riesgo claro, probable y espec\u00edfico de da\u00f1o a intereses p\u00fablicos); Informaci\u00f3n Confidencial (aquella informaci\u00f3n privada, en poder de cualquier sujeto obligado o entidad p\u00fablica, cuyo acceso p\u00fablico se proh\u00edbe por mandato constitucional); Informaci\u00f3n Secreta (la que requiere alto grado de protecci\u00f3n y cuya revelaci\u00f3n pueda poner en riesgo la seguridad interior o exterior del Estado).
\nEn la elaboraci\u00f3n del proyecto participaron representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Econom\u00eda, Contralor\u00eda General del Estado, Defensor\u00eda del Pueblo, Fundaci\u00f3n Jubileo, Fundaci\u00f3n Construir, Unitas, Cedib, Asbora, Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas de Bolivia, entre otros.
\nDesde la Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas de Bolivia, se expres\u00f3 satisfacci\u00f3n por el avance en la aprobaci\u00f3n definitiva de esta normativa, calific\u00e1ndola como un instrumento jur\u00eddico de mucha importancia que institucionaliza uno de los derechos m\u00e1s relevantes de la democracia, \u201cconculcado hasta ahora por la ausencia de una norma que lo haga obligatorio en todas las entidades del Estado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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