La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declar\u00f3 admisible la demanda por las muertes y v\u00edctimas de La Calancha, ocurrido en noviembre de 2007; en ese marco, el exdiputado Horacio Poppe, uno de los denunciantes, manifest\u00f3 que espera que el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada sean encarcelados.
\nEn noviembre de 2007, los enfrentamientos entre la Polic\u00eda y la poblaci\u00f3n civil que reclamaba el reconocimiento de la capitalidad plena para Sucre en la zona de La Calancha terminaron en una represi\u00f3n por la que murieron Gonzalo Dur\u00e1n, Juan Carlos Serrudo y Jos\u00e9 Luis Cardozo.
\nDe acuerdo al documento al que EL DIARIO tuvo acceso, el 28 de septiembre de 2015, Erick Fajardo y Horacio Poppe Inch presentaron una denuncia ante la CIDH, con cuya admisi\u00f3n fueron notificados en d\u00edas precedentes.
\nEn ese contexto, Poppe resalt\u00f3 la decisi\u00f3n del organismo internacional y afirm\u00f3 que espera que las exautoridades sean encarceladas por los hechos luctuosos.<\/p>\n
HECHOS
\nSeg\u00fan el documento, la parte peticionaria denuncia que integrantes de la Polic\u00eda, en un contexto de protesta social, utilizaron de forma indebida la fuerza contra las presuntas v\u00edctimas, ocasionando la muerte de tres de ellas y graves heridas en las otras dos. Aduce que hasta la fecha los hechos se encuentran en la impunidad.
\nA modo de contexto, los peticionarios explican que en marzo de 2006, el Gobierno promulg\u00f3 la Ley N\u00b0 3364 que convoc\u00f3 una Asamblea Constituyente; y el 2 de julio de 2006 se eligieron a las personas encargadas de reformar la Constituci\u00f3n entonces vigente, quienes ten\u00edan el plazo de un a\u00f1o para realizar tal funci\u00f3n.
\nEn ese marco, el 23 de noviembre de 2007, como una presunta maniobra para evitar considerar una moci\u00f3n para que se nombre a la ciudad de Sucre como sede de Gobierno, la directiva de dicha asamblea decidi\u00f3 trasladar la sede donde sesionaba al Castillo de la Glorieta, adyacente a una base militar en las afueras de Sucre. En consecuencia, ese d\u00eda la poblaci\u00f3n sucrense sali\u00f3 a las calles a exigir que la Asamblea Constituyente retorne a su sede oficial en el Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, y que aborde el referido asunto sobre la sede de Gobierno.
\nEn este contexto, denuncian que entre el 23 y 25 de noviembre, en una zona conocida como La Calancha, integrantes de la Polic\u00eda reprimieron de manera violenta a los manifestantes, provocando un saldo de 300 heridos de diversa gravedad, aproximadamente 53 intoxicados por un uso indebido de gases, y las muertes de las presuntas v\u00edctimas de la presente petici\u00f3n.
\nEn relaci\u00f3n con el se\u00f1or Gonzalo Dur\u00e1n, detallan que el 24 de noviembre de 2007 falleci\u00f3 producto de un disparo de arma de fuego que le perfor\u00f3 el pulm\u00f3n derecho. Precisan que conforme al peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses, el calibre de la bala era compatible con los fusiles utilizados por la unidad antiterrorista de la Polic\u00eda Nacional. Asimismo, aducen que el 25 de noviembre de 2007, el universitario Juan Carlos Serrudo muri\u00f3, tras recibir el impacto de una granada de gas. Adem\u00e1s, el 26 de noviembre de 2007, el se\u00f1or Jos\u00e9 Luis Cardozo falleci\u00f3 en el Hospital de Santa Barbar\u00e1, tras haber recibido un disparo en la cabeza.
\nRespecto a los se\u00f1ores David Soliz Soria y Juan Carlos Saavedra, la parte peticionaria se limita a mencionar que sufrieron heridas producto de las citadas represalias policiales, sin brindar mayores detalles sobre tal situaci\u00f3n.
\nEn virtud de estas consideraciones, la parte peticionaria denuncia que los agentes de la Polic\u00eda utilizaron la fuerza de manera indebida contra las presuntas v\u00edctimas mientras se encontraban protestando pac\u00edficamente, ocasionando su muerte. Aduce que el accionar de dichos agentes no cumpli\u00f3 con los Principios B\u00e1sicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley y el C\u00f3digo de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y que se vulner\u00f3 el Derecho Internacional Humanitario, pues las autoridades impidieron que la Cruz Roja brinde ayude a las personas heridas.
\nRespecto al agotamiento de los recursos internos, sostienen que el 31 de julio de 2008 el Fiscal General interpuso un requerimiento acusatorio en la Secretar\u00eda de C\u00e1mara de Sala Plena contra el entonces Ministro de Gobierno y otros funcionarios estatales. En concreto, contra el Ministro de Gobierno, el Comandante General de la Polic\u00eda Nacional, el Coordinador de Operaciones Especiales de la Polic\u00eda Nacional y el Comandante Departamental de la Polic\u00eda de Chuquisaca. No obstante, aducen los peticionarios, que desde octubre de 2010 la investigaci\u00f3n se encuentra detenida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la espera de una \u201cautorizaci\u00f3n de juzgamiento\u201d.
\nEl Estado, por su parte, replica que la Comisi\u00f3n carece de competencia material para declarar una violaci\u00f3n a cualquier disposici\u00f3n de los Convenios de Ginebra o de sus protocolos adicionales; y enfatiza que tales normas no aplican para situaciones de convulsiones o protestas internas. Adem\u00e1s, sostiene que la CIDH tampoco tiene competencia personal para analizar las violaciones abstractas alegadas por la parte peticionaria, al referirse a todos los presuntos perjudicados que participaron en las protestas del 2007. Sostiene que tal extremo de la petici\u00f3n constituye una actio popularis, por lo que no debe ser admitida.<\/p>\n
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