Los casos de criminalizaci\u00f3n en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos en Bolivia se han incrementado este a\u00f1o. La detenci\u00f3n de Juan Giacoman, defensor medioambiental, ocurrida el mi\u00e9rcoles 11 de septiembre en la ciudad de La Paz, durante una protesta en contra de los incendios que est\u00e1n arrasando el oriente boliviano, es una muestra del incumplimiento de protecci\u00f3n y garant\u00eda de protesta en favor de las personas que se dedican a la defensa de derechos.
\nDe acuerdo con los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, entre enero y septiembre de este a\u00f1o, se han registrados 54 ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos y en contra de las libertades fundamentales, en las que \u00e9stas se encuentran como actores vulnerados. Resaltan 27 hechos en contra de defensores de la tierra y el territorio, 13 en contra de defensores medioambientales y ocho en contra de defensores de derechos laborales.
\nDe la cifra de 54 se desprende, tambi\u00e9n, el registro de 19 casos de criminalizaci\u00f3n en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos. De \u00e9stos, 16 fueron perpetrados en contra de personas defensoras de la tierra y el territorio, uno contra un defensor de derechos laborales, uno contra una defensora de los pueblos ind\u00edgenas y uno contra un defensor del medioambiente.
\nLos casos de criminalizaci\u00f3n surgen a ra\u00edz de acciones de defensa asumidas por estas personas y organizaciones. Por ejemplo, la persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n en contra de 12 dirigentes de la Asociaci\u00f3n de Productores de Coca de La Paz, cuya acusaci\u00f3n formal por 10 delitos asociados a la quema del mercado paralelo de la coca, el a\u00f1o 2022, reci\u00e9n fue presentada en mayo de este a\u00f1o (15\/05\/24). Tambi\u00e9n sobresale el caso del dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, quien fue detenido en inmediaciones de la refiner\u00eda de Palmasola, en Santa Cruz, tras protagonizar una protesta (28\/8\/24).
\nNo s\u00f3lo esto, sino tambi\u00e9n sobresalen en los casos aquellos defensores ind\u00edgenas de su tierra y territorio, como es el caso de tres autoridades de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena del valle de Zongo de La Paz, que est\u00e1n siendo procesadas por la justicia ordinaria por denunciar la miner\u00eda ilegal en su territorio (9\/4\/24) o el caso de los dirigentes ind\u00edgenas de la comunidad Alcko Tambo de Potos\u00ed, en contra de quienes la empresa minera La Estrella present\u00f3 una acci\u00f3n de libertad por el bloqueo que instalaron en el acceso al ingenio minero del sector, una medida de protesta asumida por la falta de respuesta a su demanda de parar la contaminaci\u00f3n (1\/3\/24).
\nSi se compara la cifra con lo ocurrido en 2023, los datos del Observatorio dan cuenta que, en ese a\u00f1o, los casos de criminalizaci\u00f3n a defensores de derechos llegaron a 18, siendo 14 las personas defensoras de la tierra y el territorio llevadas a estrados judiciales por acciones vinculadas a su rol y otras cuatro personas defensoras del medioambiente, de manera espec\u00edfica, guardaparques procesados por impedir el ingreso de maquinaria minera a \u00e1reas protegidas.
\nPara el Observatorio, el caso de Giacoman evidencia tambi\u00e9n el espacio desfavorable en el que las personas y organizaciones defensoras desarrollan su labor, dado que la detenci\u00f3n de este defensor se dio en un contexto de represi\u00f3n policial a la manifestaci\u00f3n de ambientalistas de la que era parte. Ese hecho, vulnera la libertad de reuni\u00f3n y protesta pac\u00edfica de estas personas.
\nEl contexto de los incendios en el pa\u00eds ha generado una serie de vulneraciones en contra de las personas y organizaciones defensoras del medioambiente. El Observatorio ha registrado restricciones al acceso a la informaci\u00f3n e impedimentos de protesta proferidos no s\u00f3lo por la Polic\u00eda, sino tambi\u00e9n por instituciones p\u00fablicas responsables del cuidado y protecci\u00f3n de los bosques.
\nEl pasado 10 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz, un grupo de defensores medioambientales fueron desalojados de las instalaciones de la Autoridad de Fiscalizaci\u00f3n y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) por protestar en contra de la inacci\u00f3n estatal frente a los incendios y la demanda de acceso a la informaci\u00f3n. Adem\u00e1s de apagarles las luces para impedir su manifestaci\u00f3n, los retiraron del lugar, y la ABT program\u00f3 una reuni\u00f3n con ellos para el d\u00eda siguiente.
\nA esto se suma la acci\u00f3n popular interpuesta por la Defensor\u00eda del Pueblo en contra de tres ministros, tres gobernadores y 12 alcaldes a los que atribuye no haber atendido oportunamente los incendios forestales (11\/09\/24). Las autoridades citadas con la acci\u00f3n popular presentada por la autoridad defensorial son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, Mar\u00eda Ren\u00e9e Castro Cusicanqui; de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbi\u00e1n; de Beni, Jos\u00e9 Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germ\u00e1n Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Mat\u00edas, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San Jos\u00e9 de Chiquitos, Concepci\u00f3n, San Antonio de Lomer\u00edo, San Ram\u00f3n, Puerto Su\u00e1rez, Robor\u00e9, San Miguel, Ascensi\u00f3n de Guarayos y Puerto Quijarro.<\/p>\n
AN\u00c1LISIS
\nConforme a sus obligaciones internacionales, el Estado debe garantizar un entorno seguro y propicio para que estos defensores puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias, violencia o persecuci\u00f3n. Ello implica acciones de prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n.
\nDe manera especial ante situaciones de riesgo, el Estado debe garantizar la protecci\u00f3n efectiva de las y los defensores de derechos humanos. Esto incluye medidas como el establecimiento de mecanismos de protecci\u00f3n o protocolos de respuesta r\u00e1pida.
\nCuando se producen ataques o violaciones contra defensores o defensoras, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva estos actos, adem\u00e1s de asegurar que los responsables sean sancionados. (Sumando Voces, Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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