Se\u00f1alando que la cuesti\u00f3n de si un refer\u00e9ndum puede ser convocado mediante un decreto supremo o si debe hacerse a trav\u00e9s de una ley es un tema que involucra tanto la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), como la legislaci\u00f3n vigente y la jurisprudencia constitucional, el abogado Jorge Valda, indic\u00f3 que un referendo debe contar con una ley que le proporcione un marco normativo y establezca procedimientos adecuados para su ejecuci\u00f3n.
\nEl jurista afirm\u00f3 que la CPE establece en su art\u00edculo 11 que el refer\u00e9ndum es un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana. Sin embargo, no espec\u00edfica expl\u00edcitamente el procedimiento para su convocatoria. Esto deja un espacio para interpretar si debe ser a trav\u00e9s de una ley o un decreto supremo. Sin embargo, el Art. 11 par\u00e1grafo II de la CPE se\u00f1ala que \u201cla democracia se ejerce de las siguientes formas, que ser\u00e1n desarrolladas por la ley: 1 democracia directa y participativa por medio del referendo (…)\u201d.
\nAsimismo, la Ley N\u00b0 026 del R\u00e9gimen Electoral, en su art\u00edculo 5, establece que el refer\u00e9ndum es convocado por el \u00d3rgano Electoral Plurinacional, pero tambi\u00e9n menciona que puede haber leyes espec\u00edficas que regulen este proceso. Esto implica que, aunque el OEP tiene la competencia para convocar referendos, la ley establece el marco normativo necesario. A partir del Art. 12 al 24 de la ley 026 se se\u00f1ala textual y literalmente cu\u00e1les son los procedimientos a seguir seg\u00fan la ley para la convocatoria a un referendo, por ello, luego de la revisi\u00f3n del Tribunal Constitucional, si declara constitucionales las preguntas, debe necesariamente aprobarse una ley que convoque a un referendo, lo contrario implica el quebrantamiento de la democracia directa y participativa que reside en el pueblo, seg\u00fan el Art. 7 de la Carta Magna.
\nPor otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha abordado este tema en varias sentencias, estableciendo que la convocatoria a refer\u00e9ndum debe estar fundamentada en una ley municipal que determine todos los procedimientos necesarios. Esto sugiere que la ley es el instrumento adecuado para regular la convocatoria a referendos (seg\u00fan sentencia 0090\/2014). Otra sentencia, la 0055\/2014, se reafirma que la aprobaci\u00f3n de la solicitud de convocatoria a refer\u00e9ndum debe ser realizada por el OEP, lo que implica que debe existir un marco legal que respalde dicha convocatoria.
\nEn ese marco, Valda afirm\u00f3 que, a partir del an\u00e1lisis de la Constituci\u00f3n, la legislaci\u00f3n vigente y la jurisprudencia constitucional, se puede concluir que: \u201cLa convocatoria a un refer\u00e9ndum debe realizarse mediante una ley, ya que esta proporciona el marco normativo necesario y establece los procedimientos adecuados para su ejecuci\u00f3n. Un decreto supremo no es el instrumento adecuado para convocar un refer\u00e9ndum, dado que la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia enfatizan la necesidad de una ley que regule este proceso\u201d.
\nPor lo se\u00f1alado, el jurista indic\u00f3 que hacer un referendo presidencial convocado sin ley, por decreto, reafirma la afirmaci\u00f3n que Bolivia vive en una dictadura y no en democracia.
\n\u201cNo hay necesidad de referendo para decirle no al referendo de Luis Arce y decirle no a la dictadura que pretende gobernar por decreto, sin derechos humanos, con m\u00e1s de 300 presos pol\u00edticos y con elecciones fraudulentas\u201d, refiri\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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