El caso de las \u201cafectaciones al derecho al agua por la explotaci\u00f3n minera\u201d en el ayllu San Agust\u00edn de Pu\u00f1aca de Oruro ser\u00e1 recibido por una audiencia p\u00fablica de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes a las 11:00 horas.
\nLa audiencia fue solicitada en abril con el objetivo de que \u201cel Estado Boliviano tome acciones de medidas efectivas integrales de reparaci\u00f3n y remediaci\u00f3n del territorio a partir de un control riguroso a las operadoras mineras, la atenci\u00f3n en salud especializada a los intoxicados por metales pesados y el acceso a agua en cantidad y calidad para consumo humano y actividades agropecuarias\u201d, se\u00f1ala un reporte del Centro de Comunicaci\u00f3n y Desarrollo Andino (Cenda), entidad que asesora a los comunarios en la presentaci\u00f3n de la denuncia.
\nEl caso se remonta a 2021, cuando el ayllu San Agust\u00edn present\u00f3 una acci\u00f3n popular por falta de control y fiscalizaci\u00f3n del Estado sobre los vertidos de las empresas mineras que operan alrededor de este territorio ind\u00edgena, los cuales han generado durante d\u00e9cadas contaminaci\u00f3n ambiental, acumulando metales pesados en los suelos (cultivos y forraje), fuentes de agua, aire, seg\u00fan estudios realizados previamente.
\nA pesar de los reportes cient\u00edficos aportados, el Tribunal de Justicia de Oruro fall\u00f3, en primera instancia, desestimando la demanda. Pero, posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) revoc\u00f3 esa primera resoluci\u00f3n y reconoci\u00f3 mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 1471\/2022-S3 que los derechos al agua, a la salud, a la alimentaci\u00f3n y a un medio ambiente sano de los habitantes del ayllu San Agust\u00edn de Pu\u00f1aca est\u00e1n siendo amenazados.
\nEl TCP orden\u00f3 a las autoridades responsables \u201cla realizaci\u00f3n de un estudio sobre el agua de la que se provisiona dicho colectivo ind\u00edgena, con la finalidad de constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario y dimensionar su repercusi\u00f3n en la salud de la poblaci\u00f3n, a fin de que en su caso se asuman las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso h\u00eddrico\u201d.
\nEste estudio fisicoqu\u00edmico, bacteriol\u00f3gico y de metales pesados se ejecut\u00f3 en siete fuentes de agua (cuatro de consumo humano y tres de uso agropecuario), obteniendo resultados que demuestran altos contenidos de metales pesados en las fuentes de agua por encima de los valores permitidos de la Normativa Boliviana 512, y de los est\u00e1ndares establecidos a nivel internacional. Dichos an\u00e1lisis fueron realizados por el Estado Boliviano a trav\u00e9s del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
\nA pesar de esos resultados, el informe del MMAyA concluy\u00f3 que \u201cno existe contaminaci\u00f3n generada por la mano del hombre\u201d.
\nPosteriormente, el Tribunal Departamental de Oruro (que deb\u00eda cumplir con las acciones pertinentes ordenadas por el Tribunal Constitucional, para rehabilitar el recurso h\u00eddrico del ayllu), se ampara en esa conclusi\u00f3n del ministerio, evadiendo su responsabilidad como garante de derechos sin tomar medidas de remediaci\u00f3n, y da por cumplida la Sentencia Constitucional Plurinacional, por resoluci\u00f3n de fecha de 13 de septiembre de 2023, seg\u00fan un reporte de Cenda.
\nFrente a la postura del Estado, el ayllu realiz\u00f3 an\u00e1lisis de metales pesados en el cuerpo humano de 20 comunarios del territorio de manera voluntaria, para dimensionarla repercusi\u00f3n en la salud de la poblaci\u00f3n, y cuyos resultados muestran intoxicaci\u00f3n por metales pesados, como el ars\u00e9nico, plomo y cadmio, en concentraciones mucho mayores a los est\u00e1ndares de la Uni\u00f3n Europea.
\nAnte la resoluci\u00f3n del Tribunal Departamental de Oruro, el ayllu present\u00f3 un recurso de queja en el que se evidenciaron las \u201ccontradicciones, omisiones y deficiencias\u201d del informe t\u00e9cnico del MMAyA, junto con la evidencia de intoxicaci\u00f3n por metales pesados en el cuerpo humano de los pobladores, adem\u00e1s de las deficiencias de la resoluci\u00f3n judicial que da por cumplida la sentencia constitucional plurinacional, explica Cenda. Hasta el momento, y pasado sobradamente el plazo establecido, el recurso ha quedado sin resolver y la remediaci\u00f3n no se ha producido.
\nLa situaci\u00f3n ha sido denunciada ante la CIDH en su visita in loco a Bolivia (29 de marzo 2023). La entidad, en su informe \u201cCohesi\u00f3n Social: el desaf\u00edo para la consolidaci\u00f3n de la Democracia en Bolivia\u201d punto 216, indica que las afectaciones derivadas de da\u00f1os ambientales han impactado derechos de pueblos ind\u00edgenas, originarios campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de la contaminaci\u00f3n del agua, y la desaparici\u00f3n del lago Poop\u00f3 a causa de la miner\u00eda en el ayllu de San Agust\u00edn de Pu\u00f1aca, subcuenca Poop\u00f3, en Oruro.
\nCon el objetivo de parar estos abusos que vulneran los derechos de las comunidades ind\u00edgenas, el ayllu en abril solicit\u00f3 una audiencia p\u00fablica con la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, para que a trav\u00e9s de la esta instancia internacional el Estado boliviano tome acciones de medidas efectivas integrales de reparaci\u00f3n y remediaci\u00f3n del territorio a partir de un control riguroso a las operadoras mineras, la atenci\u00f3n en salud especializada a los intoxicados por metales pesados y el acceso a agua en cantidad y calidad para consumo humano y actividades agropecuarias. (Sumando Voces\/Cenda\/Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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