La actual situaci\u00f3n econ\u00f3mica que parece conducirnos peligrosamente a una crisis incontrolable, compleja y generalizada, tiene su origen en la pol\u00edtica estatista vigente, que al concentrar las estrategias de crecimiento \u00fanicamente en la inversi\u00f3n p\u00fablica, limit\u00f3 la expansi\u00f3n del sector privado y trab\u00f3 el avance de los mecanismos naturales que hubieran generado las condiciones para alcanzar mayor diversificaci\u00f3n, ingresos sostenibles y un desarrollo m\u00e1s eficiente. Uno de los mecanismos de gesti\u00f3n desechados por la pol\u00edtica econ\u00f3mica, fue precisamente el de las alianzas p\u00fablico privadas (APP).
\nDefinidas como un acuerdo voluntario que combina inversi\u00f3n, riesgos y utilidades, en el que parte de los servicios que tradicionalmente son responsabilidad del sector p\u00fablico es suministrada por el sector privado, y que se crea para optimizar la asignaci\u00f3n de recursos, la obtenci\u00f3n de resultados mutuamente beneficiosos y la sostenibilidad, las APP se han convertido en una de las formas m\u00e1s eficientes de gesti\u00f3n y de canalizaci\u00f3n de inversi\u00f3n privada, especialmente en las \u00e1reas de infraestructura y servicios p\u00fablicos.
\nTodos los pa\u00edses de Sudam\u00e9rica, excepto Bolivia y Venezuela, tienen una Ley de Alianzas P\u00fablico Privadas. En el caso de nuestra legislaci\u00f3n, aunque existen menciones gen\u00e9ricas a esta modalidad en la Ley de Promoci\u00f3n de Inversiones, la Ley de Empresas P\u00fablicas y el Decreto Supremo 3.469 (donde se las llama Alianzas Estrat\u00e9gicas de Inversi\u00f3n Conjunta), estas normas dejan claramente establecida la supremac\u00eda de la decisi\u00f3n, gesti\u00f3n, administraci\u00f3n y arbitraje por parte del Estado, y que cualquier derecho real y expectaticio de los privados en esta modalidad es relativo y limitado. Huelga se\u00f1alar que el DS 3.469 y la Ley 516 no tienen reglamento, y que su contenido es tan ambiguo y desventajosos que no ha generado inter\u00e9s en las empresas por utilizar las APP bajo esas condiciones.
\nAdicionalmente, las opciones de APP que permite la ley boliviana, solo incluyen los niveles contributivos u operacionales, en los que el sector privado solo cumple roles de financiador o prestador de servicios, excluy\u00e9ndose al modelo participativo, donde el empresario, adem\u00e1s interviene en la toma de decisiones. Algunos gobiernos departamentales y municipales han promulgado leyes de APP e intentan implementar acuerdos con esta modalidad, sin embargo, la ausencia de una norma nacional y la escasa institucionalidad, hacen poco atractivo y confiable para las empresas, asumir un riesgo de invertir capitales importantes bajo este mecanismo.
\nUn estudio de la Cepal publicado en 2020, realizado sobre 500 casos en la regi\u00f3n, identific\u00f3 que, bajo la modalidad de contratos en obras p\u00fablicas operados por los gobiernos, el 85% mostraba sobreprecio de hasta el 150% respecto a los costos originales y un retraso de alrededor del 92% en promedio; mientras que bajo el esquema de las APP los montos adicionales eran del 21% y los retrasos del 26% en relaci\u00f3n a los contratos pactados.
\nBasta hacer un an\u00e1lisis superficial sobre el estado de las carreteras, la calidad de las obras p\u00fablicas o analizar la causa de tragedias como las del puente Rapulo, para concluir que, en Bolivia, prima el modelo estatista de gesti\u00f3n de obras y servicios p\u00fablicos.
\nEs evidente que, al excluir al sector empresarial, el modelo econ\u00f3mico no solo se priv\u00f3 de una columna esencial de la estabilidad, sino que fortaleci\u00f3 los h\u00e1bitos que resultaron en altos niveles de ineficiencia, poca transparencia y desorden en la provisi\u00f3n de infraestructura y servicios p\u00fablicos.
\nLa crisis econ\u00f3mica inminente ha reactivado el debate sobre la necesidad de reordenar la econom\u00eda y devolver su rol al sector privado. Es importante que en este objetivo se restituyan mecanismos como las APP, que han demostrado ser id\u00f3neos y eficientes cuando se implementan en pa\u00edses con institucionalidad s\u00f3lida y normativa clara, donde se respete la propiedad privada y la libertad de empresa, y donde se priorice la eficiencia y la transparencia sobre la pol\u00edtica.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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