Representantes de m\u00e1s de 200 comunidades de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando, emitieron un contundente pronunciamiento en el que se declaran en estado de emergencia y rechazan las actividades de la miner\u00eda tanto legal como ilegal por los abusos y atropellos que provocan.<\/p>\n
El documento inicia su fase resolutiva considerando que no son necesarias m\u00e1s leyes, sino el cumplimiento de las que ya existen, desde la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, (CPE), y leyes, as\u00ed como tratados y convenios internacionales que amparan los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y poblaciones locales a un medio ambiente y biodiversidad sanos.<\/p>\n
El pronunciamiento emitido por Territorios Comunitarios de Origen (TCO), consejos comunales, mujeres chiquitanas y centrales ind\u00edgenas, entre otras, reivindica el derecho al acceso a la informaci\u00f3n por parte del Estado respecto a las \u00e1reas mineras, sus proyectos e impactos, al considerar que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entre otras, ha restringido a la sociedad civil el acceso a esas informaciones.<\/p>\n
Rechazaron contundentemente la entrega de derechos a operadores mineros en \u00e1reas protegidas tanto nacionales como municipales, as\u00ed como unidades de conservaci\u00f3n del patrimonio natural (UCPN), comprendiendo adem\u00e1s sus respectivas zonas de amortiguamiento.<\/p>\n
El rechazo tambi\u00e9n se extiende al denominado derecho preconstituido que consideran un privilegio otorgado al sector minero mediante la Ley de Miner\u00eda y Metalurgia N\u00b0 535 y que permite a ese sector ingresar a operar en territorios ind\u00edgenas y \u00e1reas protegidas.<\/p>\n
De igual manera, se enfatiza en reivindicar el derecho a la consulta previa libre e informada, haciendo hincapi\u00e9 en el consentimiento de los pueblos afectados, en estricta sujeci\u00f3n a los convenios internacionales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se demand\u00f3 el estricto cumplimiento del Acuerdo de Escaz\u00fa que determina que los gobiernos proporcionen la informaci\u00f3n ambiental que les sea requerida (Rindhca)<\/p>\n
Ante los permanentes retrasos y desidia por parte de las autoridades a proporcionar a la prensa y a la ciudadan\u00eda informaci\u00f3n oportuna sobre la cuesti\u00f3n medioambiental, las comunidades de tierras bajas exigieron la aplicaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa, un convenio internacional suscrito y ratificado por nuestro pa\u00eds para informar respecto a lo concerniente a la naturaleza, las \u00e1reas de conservaci\u00f3n y proteger a los defensores de los territorios.<\/p>\n
Finalmente, a tiempo de ratificar el derecho de los pueblos a la defensa y soberan\u00eda, se resolvi\u00f3 tambi\u00e9n demandar al Estado aplicar pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas a fortalecer actividades productivas sostenibles con el medio ambiente, considerando que en ello se encuentra el verdadero desarrollo.<\/p>\n
Fueron ocho las resoluciones en ese sentido adoptadas por el pronunciamiento realizado en el marco del encuentro \u201cMiner\u00eda en Tierras Bajas\u201d realizado los d\u00edas 7 y 8 de junio en la capital cruce\u00f1a por Productividad, Biosfera, Medio Ambiente (Probioma), Centro de Documentaci\u00f3n e Informaci\u00f3n-Bolivia (Cedib), la Universidad NUR,\u00a0 la Central Ind\u00edgena Chiquitana Amanecer Robor\u00e9 (Cichar), la Central de Comunidades Ind\u00edgenas de Chiquitos Turub\u00f3 (CICH-T) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind\u00edgenas y Defensa de \u00c1reas Protegidas de Bolivia (Contiocap). (ANA\/Erbol)<\/p>\n
PIE DE FOTO: Los pueblos y comunidades de tierras bajas emitieron un documento que demanda al Gobierno a fomentar la producci\u00f3n sostenible y rechaza contundentemente a la miner\u00eda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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