Hace unos d\u00edas, la Asociaci\u00f3n Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) advirti\u00f3 que la producci\u00f3n de alimentos para el pa\u00eds sufre una nueva amenaza, esta vez por el riesgo de que al menos 70 mil hect\u00e1reas, ubicadas en la provincia Guarayos de Santa Cruz y destinadas al cultivo de soya, ma\u00edz y sorgo, sean completamente avasalladas por bandas irregulares que ya han tomado cinco predios en la zona. Las tierras en peligro est\u00e1n destinadas a producir 300 mil toneladas de granos y pueden generar 120 millones de d\u00f3lares en exportaci\u00f3n, que se perder\u00e1n si los asaltantes logran su prop\u00f3sito.
\nLo ocurrido en Guarayos no es un caso aislado. Desde hace 20 a\u00f1os los avasallamientos de tierras se han vuelto muy comunes en Bolivia; aumentaron en n\u00famero y en violencia; alcanzan incluso a las propiedades urbanas y; se extienden a zonas mineras, ganaderas y madereras.
\nEl Ministerio de Gobierno revel\u00f3 que en 2022 se registraron 272 denuncias por toma ilegal de predios, aunque la Fundaci\u00f3n Tierra estima que estos eventos sobrepasan los 300 anuales. El sistema jur\u00eddico tampoco es una garant\u00eda para poner orden, ya que la propia Ley N\u00ba 477 establece procedimientos largos y complejos que no se aplican en \u00e1reas rurales; porque los asaltantes de tierras son grupos criminales violentos y armados; e incluso porque en muchos casos est\u00e1n aliados con el poder pol\u00edtico. Huelga recordar a un ex Ministro de Estado que, en 2022 fue condenado a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel tras haber sido encontrado en flagrancia recibiendo una coima por favorecer un caso de saneamiento de tierras en Santa Cruz. Si los delincuentes son capaces de sobornar a ministros, no les ser\u00eda dif\u00edcil hacer tratos con jueces agrarios, funcionarios del INRA, fiscales o polic\u00edas.
\nLos avasallamientos tienen fines econ\u00f3micos y los planifican y ejecutan bandas organizadas que reclutan grupos de personas para tomar predios, donde construyen chozas r\u00fasticas. Una vez instalados negocian su salida a plan de chantajes, o gestionan ante el INRA alg\u00fan tipo de derecho propietario, aunque sea irregular, para luego vender las tierras con precios exorbitantes. En este modelo siniestro nada les est\u00e1 vedado: del mismo modo asaltan propiedades privadas o p\u00fablicas, tierras fiscales, parques nacionales, \u00e1reas mineras o territorios ind\u00edgenas.
\nSin embargo, el descontrol tiene su origen en las pol\u00edticas de expansi\u00f3n al oriente, saneamiento de tierras y minifundio, impulsadas por el gobierno del MAS desde 2006, que incluy\u00f3 una estrategia de colonizaci\u00f3n a gran escala y la entrega de predios a correligionarios migrantes. En 2022, la Fundaci\u00f3n Tierra se\u00f1alaba que \u201cEl 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a Bartolinas, interculturales y a la Csutcb\u201d.
\nLos grupos delictivos aprovechan este plan para ejecutar su modus operandi en cualquier predio. Si les resulta f\u00e1cil hacerlo en tierras fiscales y privadas, el ingreso a los parques nacionales no les genera ning\u00fan esfuerzo, especialmente si consideramos que nuestro pa\u00eds tiene 295 guardaparques para proteger 22 parques nacionales que suman 182.716 kil\u00f3metros cuadrados.
\nEl impacto de este delito es inconmensurable. Desde la deforestaci\u00f3n, incendios provocados, afectaci\u00f3n al medio ambiente, inseguridad jur\u00eddica, desincentivo a la inversi\u00f3n agr\u00edcola y pecuaria, conflictos violentos, delincuencia organizada, incertidumbre en la tenencia de la tierra, anomia estatal, expansi\u00f3n del narcotr\u00e1fico y la miner\u00eda ilegal. Todo en el marco de una pol\u00edtica ineficiente y anacr\u00f3nica, y de instituciones que han perdido legitimidad, transparencia y capacidad para enfrentar un problema que m\u00e1s temprano que tarde va a generar un conflicto social incontrolable.
\nEl problema es altamente complejo y requiere un enfoque integral que combine la reforma legal, la despolitizaci\u00f3n del INRA y del sistema judicial agrario, el fortalecimiento institucional y la participaci\u00f3n activa de la sociedad civil. Solo a trav\u00e9s de una acci\u00f3n coordinada y sostenida se podr\u00e1 garantizar el retorno del Estado de derecho al \u00e1rea rural, y recuperar paulatinamente la seguridad jur\u00eddica que hoy es pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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