En 2017, durante mi gesti\u00f3n como presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), presentamos una demanda ante la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento por parte del Estado boliviano del Convenio 131, una norma supranacional, ratificada por Bolivia en 1977, que instruye a los pa\u00edses que antes de fijar el salario m\u00ednimo se consulte exhaustiva e igualitariamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y que dispone adem\u00e1s que cualquier incremento debe tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores, los requerimientos del desarrollo econ\u00f3mico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
\nEn 2018, en respuesta a esa demanda, la Comisi\u00f3n de Aplicaci\u00f3n de Normas de la OIT exigi\u00f3 al Gobierno boliviano que \u201cproceda sin demora a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la fijaci\u00f3n de salarios m\u00ednimos\u201d. Asimismo, aclar\u00f3 que el gobierno tiene la obligaci\u00f3n de crear y mantener condiciones que permitan la participaci\u00f3n directa de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las circunstancias, instando al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que las consultas exhaustivas se apliquen preferentemente, de una manera bien definida, de com\u00fan acuerdo, y de manera institucionalizada.
\nEl gobierno de entonces respondi\u00f3, reprochando a los empresarios por haber reclamado, se\u00f1alando que la negociaci\u00f3n sobre el tema salarial se realiza con los trabajadores porque \u201cson los directos interesados\u201d, indicando que los Convenios no pueden estar por encima de la Constituci\u00f3n y acusando a la OIT de estar \u201chaciendo pol\u00edtica\u201d.
\nPero el C131 no es la \u00fanica norma incumplida cuando se deciden los aumentos salariales sin consultar con los empresarios. Tampoco se respeta el Convenio 26 de la OIT, ratificado por nuestro Estado en 1954 y aplicable al sector industrial y comercial, que establece similares disposiciones que el 131, e incluso se\u00f1ala que la cantidad de representantes de los trabajadores y los empleadores consultados debe ser la misma.
\nEn relaci\u00f3n con la legislaci\u00f3n interna, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en su Art. 49, al margen de reconocer el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, establece que \u201cla Ley regular\u00e1 las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios m\u00ednimos generales, sectoriales e incrementos salariales\u2026\u201d.
\nPero, adem\u00e1s, el decreto 4.857 del 6 de enero de 2023, establece como funciones del Viceministerio de Trabajo: h) Promover el di\u00e1logo social, la concertaci\u00f3n y el tripartismo como mecanismos de consolidaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral; y m) Garantizar el cumplimiento de normas, disposiciones legales vigentes y convenios internacionales en materia laboral.
\nEs importante se\u00f1alar que los Convenios sobre la consulta exhaustiva y el di\u00e1logo tripartito no son obedecidos en Bolivia desde hace varias d\u00e9cadas; de hecho, el primer reclamo de la CEPB por este tema data de 1984 y la primera declaraci\u00f3n a su favor por parte de la OIT, se dio en 2005. Sin embargo, es tambi\u00e9n evidente que, en los \u00faltimos 18 a\u00f1os, la visi\u00f3n confrontacional de la COB y la exclusi\u00f3n flagrante del sector privado en cualquier espacio de di\u00e1logo y definici\u00f3n de medidas laborales y salariales, se han convertido en pol\u00edticas de Estado que van a mantenerse sin importar la opini\u00f3n de la OIT.
\nEl Convenio 131 fue convertido en norma nacional mediante la Ley N\u00ba 2120 del 11 de septiembre de 2000, es decir que es una Ley de cumplimiento obligatorio y su inobservancia genera responsabilidad jur\u00eddica.
\nM\u00e1s all\u00e1 de las consecuencias de vulnerar la normativa, la decisi\u00f3n de omitir el cumplimiento del Convenio 131 tiene un efecto pernicioso sobre la imagen externa del pa\u00eds y da\u00f1a significativamente la inversi\u00f3n privada y la seguridad jur\u00eddica, ya que nos muestra como un pa\u00eds poco previsible, donde las decisiones pol\u00edticas tienen supremac\u00eda sobre las leyes y los acuerdos internacionales.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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