El Informe de Derechos Humanos 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos, subraya como \u201casuntos relevantes\u201d los reportes de tortura, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias en Bolivia, as\u00ed como la falta de independencia de la justicia, atentados a la libertad de expresi\u00f3n, corrupci\u00f3n gubernamental y violencia dom\u00e9stica generalizada.
\nEn el informe publicado ayer por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, concluy\u00f3 que no hubo \u201ccambios significativos\u201d en la situaci\u00f3n de los derechos humanos en Bolivia durante el 2023.
\nEl informe se\u00f1ala que, pese a que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE) proh\u00edbe toda forma de tortura, coerci\u00f3n y violencia f\u00edsica o emocional, hubo reportes de que funcionarios del Gobierno las ejercieron.
\nEl documento sostiene que \u201corganizaciones no gubernamentales (ONG) reportaron que las investigaciones policiales se basaron fundamentalmente en la tortura para procurar informaci\u00f3n y obtener confesiones. La mayor\u00eda de abusos habr\u00edan ocurrido mientras los oficiales trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o durante su detenci\u00f3n\u201d.
\nTambi\u00e9n se destaca la impunidad policial como un problema que es consecuencia de la corrupci\u00f3n y politizaci\u00f3n del sistema judicial. \u201cLos mecanismos para investigar abusos raramente fueron empleados. Frecuentemente, las investigaciones no fueron completadas debido a sobornos por parte de los sujetos investigados\u201d.
\nSe hace menci\u00f3n a la familia de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Ind\u00edgena fallecido en 2022 tras siete a\u00f1os de detenci\u00f3n, la cual denunci\u00f3 torturas y humillaciones durante su encarcelamiento. Aunque se evidenci\u00f3 estos hechos por parte de funcionarios del Movimiento al Socialismo (MAS), no hubo detenidos ni procesados por este caso.<\/p>\n
TORTURA Y C\u00c1RCELES
\nRespecto a las c\u00e1rceles y condiciones de recintos penitenciarios, EEUU observ\u00f3 que la sobrepoblaci\u00f3n y falta de servicios m\u00e9dicos apropiados derivaron en condiciones de vida \u201cduras\u201d y \u201cpotencialmente mortales\u201d para los privados de libertad. Identific\u00f3 que la violencia, por otra parte, es \u201cpermisiva\u201d por la inadecuada seguridad carcelaria.
\nCitando a R\u00e9gimen Penitenciario, destac\u00f3 que las instalaciones carcelarias albergaron a m\u00e1s del 200% de su capacidad, con dos tercios de los reclusos bajo detenci\u00f3n preventiva.
\n\u201cUn m\u00e9dico atendi\u00f3 a los reclusos en cada prisi\u00f3n dos veces al mes. La dermatitis y la tuberculosis prevalecieron debido a dormitorios estrechos y falta de medicamentos\u201d, se\u00f1ala, junto con el hecho de que existen menores de seis a\u00f1os que viven con madres encarceladas pese a condiciones inseguras.
\nAsimismo, recalc\u00f3 que \u201clos abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidaci\u00f3n sistem\u00e1tica, violaci\u00f3n, maltrato psicol\u00f3gico, extorsi\u00f3n, tortura, trata sexual y amenazas de muerte. (\u2026) Las reclusas sufrieron acoso y agresi\u00f3n sexual de manera regular y algunas se vieron forzadas a pagar tarifas de extorsi\u00f3n para no ser abusadas\u201d.
\nEl informe precis\u00f3 que \u201cel Gobierno no permiti\u00f3 que periodistas, oeneg\u00e9s y l\u00edderes religiosos visiten a prisioneros de alta visibilidad\u201d como el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, o la expresidenta interina, Jeanine A\u00f1ez\u201d.<\/p>\n
ARBITRARIEDAD EN DETENCIONES
\nRespecto a la prohibici\u00f3n del arresto y las detenciones arbitrarias, el Departamento de Estado de EEUU remarc\u00f3 que organizaciones internacionales observaron varios casos movilizados pol\u00edticamente por el Gobierno, dando como resultado arrestos arbitrarios en contra de opositores y miembros del gobierno anterior, adem\u00e1s de arrestos y detenciones sin el debido proceso.
\nIdentific\u00f3 adem\u00e1s a la detenci\u00f3n preventiva como un problema que se habr\u00eda convertido en \u201cla regla en vez de la excepci\u00f3n\u201d. Entre las causas para la demora de justicia, se\u00f1ala procedimientos legales complejos, ineficiencia judicial, corrupci\u00f3n e injerencia del Gobierno, escasez de defensores p\u00fablicos y mecanismos inadecuados de seguimiento de casos.
\nSe hace notar igualmente que por ley nadie puede estar detenido m\u00e1s de 18 meses sin cargos formales. Si ese tiempo excede y la Fiscal\u00eda no presenta cargos, el detenido puede pedir su libertad. \u201cLas fases de investigaci\u00f3n y de juicio de un caso no pueden exceder los 36 meses combinados. La ley permite una pr\u00f3rroga del juicio si los retrasos se deben a la defensa\u201d, explica.
\nCitando a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe se\u00f1al\u00f3 los casos de A\u00f1ez y Camacho como ejemplos de los \u201cproblemas estructurales\u201d en la administraci\u00f3n de justicia y su politizaci\u00f3n. Haciendo menci\u00f3n al caso del exdirector de Migraci\u00f3n, Marcel Rivas, los observadores hicieron notar que habr\u00eda un \u201cclaro patr\u00f3n\u201d de enjuiciar o citar a comparecer a l\u00edderes de oposici\u00f3n poco despu\u00e9s de criticar abiertamente al Gobierno.
\nMencionando a otro informe de Human Rights Watch (HRW), se reiter\u00f3 que los argumentos para detener preventivamente a Camacho fueron \u201cmuy fr\u00e1giles\u201d, mientras que el proceso penal ordinario en contra de A\u00f1ez habr\u00eda estado \u201cimprecisamente fundado\u201d en cargos de terrorismo, sedici\u00f3n y conspiraci\u00f3n.
\n\u201cEl (\u00d3rgano) Judicial tambi\u00e9n fue objeto de m\u00faltiples acusaciones de corrupci\u00f3n. Aunque, en general, las autoridades respetaron las \u00f3rdenes judiciales, muchas veces presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos\u201d. Seg\u00fan los datos del Departamento, hubo m\u00e1s de 300 presos pol\u00edticos hasta noviembre de 2023, pese a que el Gobierno neg\u00f3 que existan presos pol\u00edticos.<\/p>\n
LIBERTAD DE EXPRESI\u00d3N Y DERECHOS CIVILES
\nEl informe tambi\u00e9n manifest\u00f3 que varios medios de comunicaci\u00f3n reportaron intimidaci\u00f3n y presi\u00f3n gubernamental, a trav\u00e9s de la retenci\u00f3n de publicidad estatal y la imposici\u00f3n de altos impuestos.
\nEn tal sentido, record\u00f3 los ataques cibern\u00e9ticos de \u201cguerreros digitales\u201d afines al Gobierno masista contra medios independientes, citando como ejemplos el hackeo (pirater\u00eda) de la p\u00e1gina web de la red Erbol el 12 de febrero, o el cierre del diario P\u00e1gina Siete por \u201cagobiantes\u201d problemas financieros y presi\u00f3n del Gobierno, ambos hechos ocurridos el a\u00f1o pasado.
\nDe acuerdo con informes reportados a esta entidad del estado norteamericano, se encontr\u00f3 dos millones de cuentas falsas direccionadas a acosar y atacar a individuos o medios que parec\u00edan ser \u201cantigobierno\u201d.
\nSe destac\u00f3 tambi\u00e9n los ataques y agresiones f\u00edsicas a periodistas, adem\u00e1s de las reiteradas denuncias de incremento de acoso, presi\u00f3n y abusos en contra de periodistas, citando nuevamente al caso P\u00e1gina Siete y al cierre de tres estaciones de radios yungue\u00f1as.
\nFinalmente, respecto a derechos de las mujeres y violencia dom\u00e9stica, el informe se\u00f1ala que la ley que proh\u00edbe este delito se cumpli\u00f3 muy rara vez. \u201cLa falta de capacitaci\u00f3n sobre la ley, la lentitud de procesos judiciales, entre otros factores, obstaculizaron la implementaci\u00f3n plena de la ley. (\u2026) La corrupci\u00f3n, la falta de fiscales especializados y un sistema judicial disfuncional sin suficientes fondos, impidieron las condenas por feminicidio\u201d, advirti\u00f3.
\nSe mencion\u00f3 tambi\u00e9n la poca preocupaci\u00f3n en cumplir disposiciones en favor de personas con discapacidad, en cuanto a acceso a la educaci\u00f3n, empleo, servicios de salud, establecimientos p\u00fablicos y transporte. \u201cRaramente hubo acci\u00f3n del Gobierno para investigar, procesar y sancionar a los responsables de violencia en contra de personas discapacitadas\u201d, se lee en el informe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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