Me permito usar el nombre de una pel\u00edcula de 2007, dirigida por los hermanos Coen, para referirme a una iniciativa legislativa que amenaza la estabilidad y los derechos de los adultos mayores bolivianos. El Proyecto de Ley 395 \u201cModificaci\u00f3n de la Ley de Pensiones\u201d, establece que los asegurados dependientes que tengan 65 a\u00f1os o m\u00e1s de edad \u201cse acoger\u00e1n y ejercer\u00e1n el derecho a una Pensi\u00f3n de Vejez o Pensi\u00f3n Solidaria de Vejez\u201d. Asimismo, determina que, para su continuidad laboral, el asegurado, \u201cpodr\u00e1 someterse a un examen m\u00e9dico de aptitud f\u00edsica y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluar\u00e1 el estado de salud del trabajador\u201d. Curiosamente, except\u00faa de esta obligaci\u00f3n a \u201clas autoridades electas, designadas y de libre nombramiento\u201d, es decir a los pol\u00edticos, evidenciando desde un principio su car\u00e1cter discriminatorio.
\nDe aprobarse, esta norma pondr\u00e1 en peligro a casi 10.000 adultos mayores registrados en el Sistema Integral de Pensiones, que tienen 65 a\u00f1os o m\u00e1s y que contin\u00faan trabajando, pero sobre todo arriesgar\u00e1 el futuro de cientos de miles que se desempe\u00f1an fuera del sistema y, obviamente, limitar\u00e1 al extremo la posibilidad de que quienes alcancen esa edad puedan ser contratados en cualquier entidad.
\nEl impacto potencial de esta medida no es menor. Seg\u00fan datos del INE los adultos mayores ser\u00e1n el 11.5% del total de la poblaci\u00f3n el 2030, y actualmente reportan un crecimiento anual de 3,7%, mientras que la poblaci\u00f3n total aumenta s\u00f3lo en un 1,7%. El estudio del BID \u201cEnvejecer en Am\u00e9rica Latina y el Caribe\u201d publicado en 2019, revela que en Bolivia el 55% de las personas de entre 65 y 79 a\u00f1os y el 23,3% de los mayores de 80 a\u00f1os son parte de la fuerza laboral. Otras investigaciones revelan que el 63% de los adultos mayores en Bolivia son Jefes de Hogar, y que el 25% aporta econ\u00f3micamente al sostenimiento de su familia.
\nLa jubilaci\u00f3n obligatoria los condenar\u00e1 a disminuir dr\u00e1sticamente sus ingresos y los conducir\u00e1 a un sistema donde el 17% recibe una pensi\u00f3n producto de su aporte y el 58,3% tiene rentas de Bs 1.000 a 4.000; el resto accede a la renta dignidad que le paga unos 4.500 Bs al a\u00f1o.
\nEn t\u00e9rminos jur\u00eddicos, el PL 395 vulnera el Art. 18 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la protecci\u00f3n de los Derechos de las personas mayores, que se\u00f1ala que \u201cLa persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad\u201d, y del Art. 5 de la misma norma que establece que \u201cQueda prohibida por la presente Convenci\u00f3n la discriminaci\u00f3n por edad en la vejez\u201d.
\nEl efecto sicol\u00f3gico que implica someter a los trabajadores mayores de 65 a\u00f1os a un examen de sus capacidades f\u00edsicas y mentales es devastador, especialmente si un bur\u00f3crata decide que no es apto para continuar desempe\u00f1ando funciones. Pero, adem\u00e1s, se pretende asignar este trabajo a una entidad p\u00fablica politizada y poco eficiente, que crear\u00e1 par\u00e1metros arbitrarios y subjetivos para definir las condiciones de seres humanos que se expondr\u00e1n a este proceso degradante solamente por tener una edad que el Estado considera sospechosa.
\nLas autoridades han justificado este desprop\u00f3sito se\u00f1alando que es necesario aumentar opciones de trabajo para los j\u00f3venes, es decir que, en lugar de promover pol\u00edticas para ampliar la creaci\u00f3n de nuevos empleos, el gobierno decide eliminar a un grupo etario para dar cabida a los que reci\u00e9n ingresan al mercado laboral. Otro argumento gubernamental indica que la continuidad laboral de personas mayores de 65 a\u00f1os repercute en la \u201ccalidad del servicio\u201d que presta el trabajador, omitiendo que la alta corrupci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos y el bajo nivel de productividad laboral (es decir la mala calidad del servicio), son caracter\u00edsticas de los trabajadores j\u00f3venes, afectados por la politizaci\u00f3n de los cargos, las falencias en el sistema de formaci\u00f3n, la precariedad institucional, la informalidad, entre otras causas.
\nNinguna raz\u00f3n, salvo el menosprecio por sus derechos, el irrespeto y la falta de empat\u00eda, justifica una medida que desvaloriza la capacidad, experiencia, sabidur\u00eda, conocimiento, dedicaci\u00f3n y generosidad con que los adultos mayores han aportado y a\u00fan aportan a la sociedad. Es precisamente por eso que la norma actual permite que sean ellos mismos los que decidan, sin ninguna prueba externa ni ley malintencionada, el momento de su jubilaci\u00f3n. La aprobaci\u00f3n de la 395 es una regresi\u00f3n a los derechos y una injusticia que no se puede admitir.<\/p>\n
El autor es Industrial y ex presidente de la Confederaci\u00f3n de Empresarios Privados de Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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