La pr\u00f3rroga de mandato dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante DCP 0049\/2023, para la continuidad en funciones de los altos magistrados del \u00d3rgano Judicial (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), al haber finalizado sus funciones el pasado 2 de enero, fue objeto de oposici\u00f3n por la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n. Algunos se\u00f1alan que esta decisi\u00f3n es inconstitucional y hasta que la decisi\u00f3n de pr\u00f3rroga constituye delito. No obstante, la decisi\u00f3n asumida por el TCP, en la DCP 0049\/20023, tiene como \u00fanico fundamento que el fallo tiene por finalidad evitar el vac\u00edo de poder en el \u00d3rgano Judicial a partir del 3 de enero de 2024, que vulneraria principios del Estado Constitucional de Derecho.
\nEl Art. 183 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado en su primer par\u00e1grafo se\u00f1ala: \u201cI. Las Magistradas o Magistrados, no podr\u00e1n ser reelegidas ni reelegidos, su periodo de mandato ser\u00e1 de seis a\u00f1os\u201d; esta normativa es aplicable para magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental. En el mismo sentido se\u00f1ala el Art. 194.III de la referida norma constitucional para los miembros del Consejo de la Magistratura. Lo que quiere decir que el mandato de las autoridades electas del \u00d3rgano Judicial es de 6 a\u00f1os, la norma constitucional no se refiere a ninguna posibilidad de pr\u00f3rroga y en ninguna circunstancia. Por consiguiente, el mandato de los magistrados del \u00d3rgano Judicial concluy\u00f3 el pasado 2 de enero y a partir de esta fecha las decisiones que asuman, ya sea emitiendo fallos en el caso de tribunales o designando personal subalterno en el caso del Consejo de la Magistratura son ilegales.
\nUno de los delitos que se comete en la administraci\u00f3n de justicia es el prevaricato y esta figura delictiva consiste en emitir fallos o decisiones en contra de la normativa legal. Al respecto, el Art. 173 del C\u00f3digo Penal se\u00f1ala: \u201cLa jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, ser\u00e1 sancionado con privaci\u00f3n de libertad de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os\u201d. En el caso de an\u00e1lisis, la Sala Plena del TCP en un proceso de \u201cConsulta sobre constitucionalidad de proyecto de ley\u201d, a trav\u00e9s del numeral 4\u00b0 de la DCP 0049\/2023, dispone la pr\u00f3rroga en el ejercicio de sus funciones de las m\u00e1ximas autoridades del \u00d3rgano Judicial, contraviniendo lo dispuesto por el Art. 183 de la CPE. Esta decisi\u00f3n constitucional se encuentra claramente tipificada en el referido Art. 173 de la ley penal, por lo que finalmente deber\u00e1 ser la autoridad competente en su momento quien determine si es o no delito de prevaricato.
\nEl tema de prorroga va m\u00e1s all\u00e1, por cuanto los magistrados del \u00d3rgano Judicial que concluyeron en sus funciones el pasado 2 de enero, \u201ccumpliendo\u201d con la decisi\u00f3n de la DCP 0049\/2023, contin\u00faan con sus funciones. El TCP, el TSJ y el TA ya emitieron fallos o resoluciones, asimismo el Consejo de la Magistratura contin\u00faa con las designaciones de personal subalterno en las diferentes instancias judiciales. Con estas actuaciones, los magistrados referidos, incurrieron en otro hecho delictivo, el de usurpaci\u00f3n de funciones. Al respecto, el Numeral 2 del Par\u00e1grafo I del Art. 163 del C\u00f3digo Penal se\u00f1ala: \u201cEjerza funciones p\u00fablicas despu\u00e9s de haber cesado legalmente en el desempe\u00f1o de un cargo p\u00fablico o, despu\u00e9s de hab\u00e9rsele comunicado oficialmente de la resoluci\u00f3n que dispone su cesant\u00eda o suspensi\u00f3n, contin\u00fae ejerci\u00e9ndolo en todo o en parte\u201d.
\nLa decisi\u00f3n asumida por el TCP en el fondo causa inseguridad jur\u00eddica y las consecuencias en el futuro, sobre emisi\u00f3n de fallos y designaci\u00f3n de autoridades, ser\u00e1n funestas; debieron ser consideradas con el mayor cuidado posible por el poder pol\u00edtico en el momento de tramitar las normativas y los procedimientos para la elecci\u00f3n de las m\u00e1ximas autoridades del \u00d3rgano Judicial. Ahora se sugiere a este poder pol\u00edtico entrar en raz\u00f3n y buscar soluciones.<\/p>\n
El autor es Abogado y docente universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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