\u201cLa revocatoria de mandato es el mecanismo constitucional a trav\u00e9s del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. La revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el per\u00edodo de su mandato\u201d, como dispone la primera parte del Art. 25 de la Ley del R\u00e9gimen Electoral.
\nEste mecanismo constitucional establece que toda persona que ejerza un cargo electo podr\u00e1 ser revocada por una sola vez en cada mandato constitucional, con excepci\u00f3n de las principales autoridades del \u00d3rgano Judicial.
\nEs importante referir a la normativa legal sobre el tema; as\u00ed la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado en el Art. 11 establece que la Rep\u00fablica de Bolivia adopta para su gobierno la forma democr\u00e1tica participativa, representativa y comunitaria; con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia directa y participativa a trav\u00e9s del referendo; la representativa a trav\u00e9s de la elecci\u00f3n de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a Ley por medio de elecciones, designaciones conforme normas y procedimientos de naciones y pueblos ind\u00edgena originario campesinos.
\nEste mecanismo constitucional, puede promoverse cuando haya transcurrido al menos la mitad del per\u00edodo del mandato y no tendr\u00e1 lugar durante el \u00faltimo a\u00f1o. Considerando que la duraci\u00f3n de los cargos en Bolivia es de 5 a\u00f1os, el per\u00edodo habilitado para revocar a un mandatario electo es de solo un a\u00f1o y medio. El referendo revocatorio proceder\u00e1 por iniciativa ciudadana, por solicitud de al menos el 15% de votantes del padr\u00f3n electoral de la circunscripci\u00f3n que lo eligi\u00f3, n\u00famero de votantes que al presente fueron modificados de acuerdo a territorialidad.
\nSi bien la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado determina la revocatoria del mandato, este mecanismo constitucional, se encuentra regulado por la Ley No. 026 de 30 de junio de 2010, Ley del R\u00e9gimen Electoral, facultando la tramitaci\u00f3n al Tribunal Supremo Electoral y a los Tribunales Departamentales Electorales, con alcance a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, en escala nacional, departamental, regional o municipal, con las limitaciones se\u00f1aladas en el tiempo.
\nUna de las primeras dificultades en este procedimiento, es reunir los altos porcentajes de firmas requeridos para este cometido, especialmente en circunscripciones territoriales grandes o en la combinaci\u00f3n de porcentajes recolectados en dos circunscripciones territoriales diferentes en forma simult\u00e1nea. El plazo para recolectar las firmas y huellas dactilares es de 90 d\u00edas, que tambi\u00e9n es dificultoso en consideraci\u00f3n a circunscripciones territoriales referidas.
\nEn todos los casos, la convocatoria debe efectuarse mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, \u00f3rgano que por mayor\u00eda absoluta debe aprobar la norma; obviamente, despu\u00e9s de superadas las barreras de recolecci\u00f3n y validaci\u00f3n de firmas y huellas. Este procedimiento es la segunda dificultad y justamente es la intermediaci\u00f3n del poder legislativo para habilitar la votaci\u00f3n, quita a la revocatoria del mandato parte importante de su car\u00e1cter \u201cdirecto\u201d, sujetando su concreci\u00f3n \u00faltima a la voluntad pol\u00edtica de un \u00f3rgano representativo.
\nCon base en la norma aprobada por el \u00d3rgano Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral fija el calendario \u00fanico para la realizaci\u00f3n simult\u00e1nea y concurrente de las revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional o municipal que hayan cumplido con los requisitos establecidos para la iniciativa popular en la jurisdicci\u00f3n correspondiente; cuyo calendario debe cumplirse de acuerdo a lo programado ya sea por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunal Departamental Electoral, seg\u00fan corresponda.
\nEn la parte final de este procedimiento se ve la peor dificultad, por cuanto se refiere al financiamiento econ\u00f3mico que conlleva este procedimiento constitucional de revocatoria del mandato y de acuerdo con la normativa vigente, la Instituci\u00f3n (Gobernaci\u00f3n o Alcald\u00eda) deben tener presupuestado para esta eventualidad; pero en la pr\u00e1ctica, los gastos corren por cuenta de personas o agrupaciones ciudadanas que promovieron la revocatoria y aqu\u00ed su ejecuci\u00f3n se complica m\u00e1s a\u00fan.
\nLo que demuestra que el procedimiento constitucional de revocatoria del mandato para un efectivo cumplimiento debe tener una asignaci\u00f3n presupuestaria especial e independiente en los \u00d3rganos del Estado, de lo contrario la revocatoria ser\u00e1 un mecanismo simple de amenaza.<\/p>\n
El autor es Abogado y Docente universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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