El presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa, present\u00f3 una querella ante la C\u00e1mara de Diputados para solicitar el inicio de un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes, seg\u00fan el representante religioso, en complicidad de sus pares del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental incurrieron en 16 delitos al emitir la Resoluci\u00f3n 049\/2023, a trav\u00e9s de la cual determinaron autoprorrogarse en sus cargos de forma indefinida.<\/p>\n
\u201cEsta declaraci\u00f3n constitucional (049\/2023) al haberse configurado en una AUTO PR\u00d3RROGA DE MANDATO se constituye en una forma de asociaci\u00f3n (delictiva) entre el solicitante, quien en su condici\u00f3n de presidente del TSJ (Ricardo Torres) y el ejecutante el TCP, da los instrumentos necesarios para otorgarse poderes m\u00e1s all\u00e1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), ya que seg\u00fan la norma que rige, su mandato debi\u00f3 ser sustituido por nuevas autoridades electas, por voto ciudadano y no por decisi\u00f3n unilateral que los beneficia a s\u00ed mismos en perjuicio de la comunidad\u201d, se\u00f1ala parte de la Querella presentada por Aruquipa.<\/p>\n
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ANTECEDENTES<\/p>\n
El 11 de diciembre el TCP emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 049\/2023, en respuesta a la consulta constitucional presentada el 20 de septiembre por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, sobre las dudas de legalidad que ten\u00edan sobre el Proyecto de Ley 144\/2022-2023 (Ley transitoria para las elecciones judiciales). Previamente, dicho proyecto fue aprobado por la mayor\u00eda en la C\u00e1mara de Senadores, luego, el mismo deb\u00eda pasar a la C\u00e1mara de Diputados y luego ser votado en el pleno de la Asamblea Legislativa, pero ese proceso se interrumpi\u00f3 y se mand\u00f3 el documento para su revisi\u00f3n al TCP.<\/p>\n
El Proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, entre otros puntos, planteaba que todos los magistrados dejen sus cargos el 3 de enero de 2024 y que el personal subalterno del TSJ, TCP, la Magistratura y el Tribunal Constitucional sean los encargados de realizar la \u201ctransici\u00f3n\u201d, hasta la posesi\u00f3n de nuevas autoridades electas en las elecciones judiciales, cuya realizaci\u00f3n es incierta. Asimismo, se propuso suspender los plazos procesales durante ese tiempo.<\/p>\n
Ambos puntos de ese proyecto de ley fueron declarados inconstitucionales por el TCP. Si bien Comunidad Ciudadana, Creemos y el ala evista del MAS presentaron otras propuestas, las mismas no fueron debatidas formalmente en la Asamblea Legislativa.<\/p>\n
Pese a que la norma constitucional da un plazo de 30 d\u00edas para que se resuelvan las consultas en el TCP, el magistrado a cargo del fallo, Ren\u00e9 Espada, emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n 049\/2023 el pasado martes, luego de 51 d\u00edas y declar\u00f3 la \u201cautopr\u00f3rroga\u201d de los 26 magistrados en sus cargos sin una fecha l\u00edmite. Espada dio lectura del fallo en presencia y con respaldo de todos los magistrados del TCP, horas m\u00e1s tarde, sus colegas del TSJ y el Tribunal Agroambiental tambi\u00e9n emitieron pronunciamientos declarando su apoyo a dicha resoluci\u00f3n.<\/p>\n
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CUESTIONAMIENTO<\/p>\n
Sin embargo, Aruquipa explic\u00f3 que la resoluci\u00f3n 049\/2023 emitida por el TCP, instancia presidida por el exfiscal Paul Franco, es completamente ilegal, debido a que falla sobre varios puntos que fue parte de la consulta constitucional hecha por el TSJ. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que se incurri\u00f3 en un fallo que auto favorece a los propios magistrados, tomando como pretexto la consulta del TSJ, definen ampliar su mandato y de forma indefinida.<\/p>\n
\u201cEn el petitorio (del TSJ) no consta que se haya solicitado un pronunciamiento respecto a la situaci\u00f3n legal de magistrados del \u00d3rgano Judicial y mucho menos indeterminar o prolongar sus funciones establecidas en la ley\u201d, se\u00f1ala la querella presentada a Huaytari.<\/p>\n
16 DELITOS<\/p>\n
Aruquipa detalla en su querella, que identific\u00f3 como autores materiales del hecho delictivo a los nueve miembros del TCP y, se\u00f1ala como c\u00f3mplices al resto de los miembros de \u00d3rgano Judicial.<\/p>\n
\u201cDe la misma forma y siendo que la ley juzga ya sea por comisi\u00f3n u omisi\u00f3n, los otros magistrados beneficiados con la Declaraci\u00f3n Constitucional Plurinacional N\u00ba 49\/2023, al no haberse pronunciado sobre la pr\u00f3rroga, han procedido a adecuar su conducta a los t\u00e9rminos de la presente denuncia y de los delitos enunciados, tomando en cuenta que los mismos juraron cumplir y hacer cumplir la CPE, tengo a bien denunciar por c\u00f3mplices, por omisi\u00f3n, a los siguientes ciudadanos\u201d, menciona el documento presentado por Aruquipa.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en el texto se cita los nombres de los otros 15 magistrados del TSJ, la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. M\u00e1s adelante, en el punto ocho del memorial se enumeran los 16 delitos en los que presuntamente incurrieron los magistrados.<\/p>\n
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HECHOS DELICTIVOS<\/p>\n
Resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; incumplimiento de deberes; nombramientos ilegales; usurpaci\u00f3n de funciones; prevaricato; sociedades o asociaciones ficticias; discriminaci\u00f3n; difusi\u00f3n e incitaci\u00f3n al racismo; monopolio de trabajo; autor\u00eda; asociaci\u00f3n delictuosa; uso indebido de influencias; tr\u00e1fico de influencias; beneficios en raz\u00f3n del cargo; encubrimiento y disposici\u00f3n com\u00fan.<\/p>\n
La querella remitida al presidente de la C\u00e1mara de Diputados, adem\u00e1s de ofrecer documentos de prueba y solicitar la citaci\u00f3n de al menos 20 testigos de cargo, concluye solicitando medidas cautelares y garant\u00edas personales para proteger al denunciante, quien adem\u00e1s se declara v\u00edctima de la resoluci\u00f3n 049\/2023. (Periodismo sin Photoshop)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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