La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado en el Articulo 196. II establece que \u201cEn su funci\u00f3n interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aplicar\u00e1 como criterio de interpretaci\u00f3n, con preferencia la voluntad del Constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones como el tenor literal del texto\u201d. Sin embargo, los vocales del Tribunal Constitucional nuevamente violan la Norma Suprema al interpretarla para beneficiarse y AUTOPRORROGARSE, con la declaraci\u00f3n inconstitucional N\u00b0 49\/23.<\/p>\n
La Opini\u00f3n Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Parr.73 define: \u201cLa perpetuaci\u00f3n de una persona en el ejercicio de un cargo p\u00fablico conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado\u201d. La obligaci\u00f3n de celebrar elecciones peri\u00f3dicas implica indirectamente que los mandatos de cargos electos deben tener un per\u00edodo fijo y no plazos indefinidos. Esta prohibici\u00f3n a mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elecci\u00f3n popular \u201cse perpet\u00faen en el ejercicio del poder\u201d. La Carta Democr\u00e1tica Interamericana dispone que, \u201cEn las democracias, se ejerce el poder p\u00fablico con sujeci\u00f3n al Estado de Derecho, por lo que toda forma de detentar una funci\u00f3n p\u00fablica electa que sea diferente al tiempo y forma que estable la Constituci\u00f3n significa una alteraci\u00f3n al Estado de Derecho\u201d. \u201cLa CIDH deja establecido que la duraci\u00f3n en el nombramiento de las autoridades judiciales, su permanencia e inamovilidad debe estar protegida, con plazos ciertos y definidos, tanto de inicio como de t\u00e9rmino de sus funciones, en caso contrario, genera duda objetiva sobre su actuaci\u00f3n independiente\u201d.<\/p>\n
Al aprobar por UNANIMIDAD la Resoluci\u00f3n 49\/23, el TCP inconstitucionalmente dispone que las autoridades actuales deben permanecer en los cargos para los cuales han sido elegidos mediante votaci\u00f3n, hasta que se produzca nueva elecci\u00f3n. Es importante mencionar que la Ley Fundamental no est\u00e1 librada \u201cal criterio subjetivo del int\u00e9rprete\u201d. Seg\u00fan el Art. 183-II de la CPE, solo estar\u00e1n en sus puestos 6 a\u00f1os. Por ello, la declaraci\u00f3n inconstitucional del TCP constituye \u201cauto pr\u00f3rroga de facto\u201d de sus mandatos, con una interpretaci\u00f3n en beneficio propio, violando de manera contundente el art\u00edculo 263.II de la CPE, que proh\u00edbe a los servidores p\u00fablicos actuar en aquellos casos donde hay conflicto de intereses.<\/p>\n
Se cometi\u00f3 prevaricato, porque al ser consultado el TCP sobre el control de constitucionalidad de la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales, el fallo no fue sobre la consulta, convirti\u00e9ndose en juez y parte. Adem\u00e1s, sus integrantes dejaron de lado la imparcialidad que establece la CPE y, como siempre, copiaron otras sentencias constitucionales, por lo que no se ve coherencia ni solidez argumental. El C\u00f3digo Procesal Constitucional dispone que los razonamientos expuestos \u201cdeben ser de f\u00e1cil comprensi\u00f3n para las partes que intervienen en el proceso y para la poblaci\u00f3n en general\u201d. En todo caso, bastaba con citar un solo principio, elemental, inteligible, b\u00e1sico: nadie puede ser juez de su propia causa, porque son los vocales del TCP, interesados directos, porque la conclusi\u00f3n de su mandato que fenece el 31 de diciembre de este a\u00f1o, les afecta directamente. Por ello est\u00e1n USURPANDO funciones que no les competen.<\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 111\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Constitucional, la consulta previa de constitucionalidad de un Proyecto de Ley tiene por objeto confrontar si el texto de dicho Proyecto es conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, con el fin de garantizar la supremac\u00eda constitucional. El TCP solo puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado.<\/p>\n
La C\u00e1mara de Senadores conform\u00f3 la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica jur\u00eddica, para analizar e impulsar un juicio de responsabilidades por Resoluciones contrarias a la Constituci\u00f3n a los Magistrados del TCP que emitieron un fallo de auto pr\u00f3rroga de facto que los beneficia.<\/p>\n
Ahora la Asamblea Legislativa debe cumplir su mandato de consensuar y revisar la Ley de Convocatoria a las Elecciones Judiciales y acatar lo que dispone la CPE.<\/p>\n
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La autora es Abogada, Economista, ex Asamble\u00edsta Constituyente.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado en el Articulo 196. II establece que \u201cEn su funci\u00f3n interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aplicar\u00e1 como criterio de interpretaci\u00f3n, con preferencia la voluntad del Constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones como el tenor literal del texto\u201d. Sin embargo, los vocales del Tribunal Constitucional nuevamente violan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":159531,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-193667","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n