Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con los representantes de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a Bolivia esta semana, para exponer las dificultades y falta de transparencia del Estado en la aplicaci\u00f3n de las recomendaciones del informe del GIEI, respecto a la crisis del a\u00f1o 2019.
\nSin embrago, los presentes tambi\u00e9n aprovecharon la ocasi\u00f3n para expresarle al comisionado Jos\u00e9 Luis Caballero, quien encabez\u00f3 la misi\u00f3n en su calidad de relator para Bolivia, su preocupaci\u00f3n por los casos Golpe I y II, caso C\u00e9sar Apaza, el caso de Marco Aramayo, Elvira Parra, Las Londras, caso Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros referidos al ejercicio de libertades de prensa, asociaci\u00f3n, expresi\u00f3n y protesta que, si bien no se ajustan al marco temporal del informe, tienen relaci\u00f3n con las recomendaciones de car\u00e1cter estructural que el Estado debe implementar para fortalecer la institucionalidad democr\u00e1tica y el Estado de Derecho.
\nLa informaci\u00f3n sobre lo ocurrido en la audiencia con la sociedad civil fue proporcionada por las directoras ejecutivas de la red Unitas y de la Fundaci\u00f3n Construir, Susana Er\u00f3stegui y Susana Saavedra, respectivamente.
\nEr\u00f3stegui coment\u00f3 que se hizo notar \u201cla falta de investigaciones serias, efectivas, exhaustivas, diligentes y con pleno respeto del debido proceso en casos emblem\u00e1ticos\u201d.
\nSaavedra coment\u00f3 que como el informe de la Mesa de Seguimiento (Meseg) habla de la poca informaci\u00f3n que hubo frente a casos emblem\u00e1ticos del informe, entonces la sociedad civil se refiri\u00f3 a la situaci\u00f3n de la justicia, por lo que el relator pregunt\u00f3 sobre algunos casos. \u201cEn ese contexto hemos hablado de C\u00e9sar Apaza, la situaci\u00f3n que vivi\u00f3 en su momento Marco Aramayo, Elvira Parra, que sigue atravesando ese proceso, quienes son un ejemplo de los miles de casos a los que no podemos acceder para ver c\u00f3mo opera la justicia, tanto en criminalizaci\u00f3n como en brechas para el debido proceso e injerencia en la justicia\u201d, indic\u00f3 Saavedra.
\nLa comitiva de la CIDH lleg\u00f3 a Bolivia para presentar el informe de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial Interdisciplinario (GIEI) que investig\u00f3 los hechos de 2019, cuando m\u00e1s de 30 personas murieron en episodios violentos, luego de la renuncia de Evo Morales y la asunci\u00f3n de Jeanine A\u00f1ez a la presidencia interina.
\nA pesar del corto tiempo asignado (una hora aproximadamente), las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundaci\u00f3n Construir, Comunidad de Derechos Humanos, ITEI (Instituto contra la tortura), Coordinadora de la Mujer, Unitas, Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas, Cedib, Salvaginas expusieron los hallazgos encontrados en el seguimiento realizado a las recomendaciones, apuntando las dificultades, los vac\u00edos y la falta de voluntad pol\u00edtica del Estado para su implementaci\u00f3n y resaltando que la agenda de derechos humanos en el pa\u00eds no es una prioridad.
\nA su vez, la sociedad civil reiter\u00f3 la importancia de ampliar el enfoque de las recomendaciones referidas a la reivindicaci\u00f3n de las v\u00edctimas y las vulneraciones a sus derechos para que, a tiempo de cumplir las mismas, bajo principios de pacificaci\u00f3n, no repetici\u00f3n y no revictimizaci\u00f3n, \u201cno se utilice dicho reconocimiento con fines pol\u00edtico-partidarios, pues ello profundiza la polarizaci\u00f3n existente en el pa\u00eds; el informe del GIEI tiene un efecto perverso\u201d, manifest\u00f3 Er\u00f3stegui.
\nEn este informe de medio t\u00e9rmino, se evalu\u00f3 el papel del Estado en los aspectos referidos a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, sin embargo, desde abril de este a\u00f1o y el pr\u00f3ximo a\u00f1o, el Estado debe encarar reformas estructurales en la justicia y otros \u00e1mbitos como la discriminaci\u00f3n y el racismo.<\/p>\n
SOBRE EL RELATOR
\nTanto Saavedra como Er\u00f3stegui destacaron la apertura de la comisi\u00f3n. \u201cEstablecer contacto con el comisionado Jos\u00e9 Luis Caballero, quien reemplaza a Joel Hern\u00e1ndez, anterior relator para Bolivia, gener\u00f3 expectativa en las instituciones presentes considerando que el trabajo realizado por el excomisionado Hern\u00e1ndez fue duramente cuestionado por su parcializaci\u00f3n con las posiciones del gobierno del MAS\u201d, se\u00f1al\u00f3 Er\u00f3stegui.
\n\u201cHa sido bueno el espacio, ha habido mucha apertura de parte de la comisi\u00f3n\u201d, evalu\u00f3 Saavedra, quien explic\u00f3 que los dos informes, tanto del GIEI como de Meseg \u201cmuy precisos porque describen que el Estado tiene poca transparencia\u201d. Por eso, la directora de Construir dijo que \u201ces muy importante tener mayor acceso a la informaci\u00f3n porque los avances han sido tenues\u201d.
\nSaavedra percibe que Caballero \u201cest\u00e1 muy atento a lo que pasa en Bolivia (\u2026) y ya se ha pronunciado varias veces por la independencia judicial\u201d, adem\u00e1s de hacer seguimiento a la situaci\u00f3n de las elecciones judiciales.<\/p>\n
SOBRE EL AVANCE
\nReferente a la afirmaci\u00f3n de que el Estado s\u00f3lo cumpli\u00f3 cuatro de 36 recomendaciones, Saavedra hace notar que para el primer a\u00f1o solo ten\u00eda que cumplir entre 10 y 12 indicadores, pero que, para este segundo a\u00f1o, que corre a partir de abril, se tienen que abordar los temas estructurales, donde \u201ccasi no hay ning\u00fan avance\u201d. Explic\u00f3 que entre estos temas est\u00e1 \u201cla justicia, el racismo, la discriminaci\u00f3n, que son los temas que el Estado no ha mirado en estos a\u00f1os\u201d.
\nSin embargo, el balance de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, es m\u00e1s negativo que positivo, seg\u00fan han coincidido actores que asistieron a diversos encuentros con la comisi\u00f3n.
\nSeg\u00fan el Primer Informe Meseg, presentado el 13 de noviembre pasado, 10 recomendaciones tienen un cumplimiento \u201cparcial\u201d; una tiene \u201ccumplimiento parcial sustancial\u201d y la que est\u00e1 \u201cpendiente de cumplimiento\u201d es la recomendaci\u00f3n No. 9, que se\u00f1ala \u201cque el \u00d3rgano Judicial haga un control permanente de las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relaci\u00f3n a las aprehensiones realizadas por el Ministerio P\u00fablico y la Polic\u00eda\u201d.
\nEntretanto, dos recomendaciones figuran como \u201ctotalmente cumplidas\u201d. Una de ellas, la recomendaci\u00f3n No. 10 indica que se debe \u201cGarantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnist\u00eda en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares\u201d, sin embargo, hay que recordar que, si bien se abrog\u00f3 el decreto de amnist\u00eda observado, los principales cargos del MAS quedaron libres de procesos y de culpa.
\nEn el mes de octubre de 2021, mediante Decreto Presidencial N\u00b0 4571, se abrog\u00f3 el Decreto Presidencial N\u00b0 4461 de Concesi\u00f3n de Amnist\u00eda e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Pol\u00edticos que estaba vigente desde febrero de 2021. Si bien el Gobierno afirma que el Decreto N\u00b0 4461 no benefici\u00f3 a ninguna persona perseguida por razones pol\u00edticas y que, desde su aplicaci\u00f3n, el 18 de febrero de 2021 al 20 de octubre de 2021, 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias, los procesos que se abrieron contra dirigentes y exautoridades del MAS fueron extinguidos y estas personas no fueron acusadas nuevamente por delitos por los que fueron se\u00f1aladas por los hechos de 2019.
\nSeg\u00fan un recuento de Los Tiempos, del 24 de octubre de 2021, en este grupo hay varios dirigentes y exautoridades del MAS que fueron acusados de delitos de terrorismo, sedici\u00f3n o fraude electoral. Entre los beneficiados se encuentran los exministros Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Juan Ram\u00f3n Quintana y H\u00e9ctor Arce; adem\u00e1s de Faustino Yucra, imputado por terrorismo junto a Evo Morales, por la intenci\u00f3n de cercar a las ciudades, que luego de ser detenido despu\u00e9s de intensa b\u00fasqueda, fue liberado. Otro caso es el del exdirigente de la Fejuve de La Paz, Jes\u00fas Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari y la casa del exdefensor Waldo Albarrac\u00edn, durante los conflictos post electorales, que estuvo tres meses en la c\u00e1rcel y luego con detenci\u00f3n domiciliaria hasta que finalmente fue liberado de culpa.
\nLa justicia tambi\u00e9n rechaz\u00f3 las querellas contra los entonces dirigentes Andr\u00f3nico Rodr\u00edguez y Leonardo Loza, ahora senadores, y contra los l\u00edderes de la COB, por los bloqueos de agosto de 2020 y por no permitir el ingreso de ox\u00edgeno a las ciudades. La justicia levant\u00f3, adem\u00e1s, el arresto domiciliario del ex asamble\u00edsta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, acusado por terrorismo, sedici\u00f3n e instigaci\u00f3n p\u00fablica a delinquir. La abrogaci\u00f3n del Decreto, activ\u00f3 la persecuci\u00f3n pol\u00edtica contra exautoridades del gobierno transitorio, dirigentes c\u00edvicos y otros.
\nLos aportes y solicitudes de la sociedad civil a Meseg buscan superar los temas pendientes y promover el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados por el Estado boliviano en el marco del principio de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas y su rol como garante de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n a todas las v\u00edctimas. (Br\u00fajula Digital)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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