Fue el titular reflejado en el Diario \u201cA Toda Costa\u201d, de febrero de 2014, Tarapac\u00e1-Chile, que en su primera plana resaltaba \u201cHist\u00f3rico fallo por violar los derechos humanos de 103 bolivianos Corte Suprema dicta sentencia contra Intendencia Regional\u201d.<\/p>\n
La Excma. Corte Suprema de Chile resolvi\u00f3 una hist\u00f3rica sentencia contra la Intendencia Regional de Tarapac\u00e1 (equivalente a Gobernaci\u00f3n en Bolivia), que como m\u00e1xima autoridad ejecutiva y administrativa incumpli\u00f3 resoluciones judiciales dictadas por los jueces de garant\u00eda, vulnerando los derechos humanos en las c\u00e1rceles de la regi\u00f3n de Tarapac\u00e1, en referencia a 103 reos bolivianos que fueron beneficiados por la Ley 18.216, sustituyendo la pena privativa de libertad por la de expulsi\u00f3n del territorio chileno. Pero dicha Intendencia retras\u00f3 tr\u00e1mites administrativos internos, retardando su materializaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n sin justificativo, vulnerando los derechos humanos fundamentales de esos bolivianos.<\/p>\n
La sentencia resolutiva de la Excma. Corte Suprema de Chile Causa Rol N\u00b0 70-14 del 8 de enero de 2014, fue m\u00e1s que clara en su art\u00edculo 4: \u201cQue en tales circunstancias, la privaci\u00f3n de libertad que afecta a los amparados producto del retardo infundado en la ejecuci\u00f3n de la pena sustitutiva de expulsi\u00f3n, afecta ileg\u00edtimamente su libertad ambulatoria conculcando de forma manifiesta la garant\u00eda constitucional consagrada en el art\u00edculo 19 N\u00b0 7 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica\u201d, resolviendo en el pronunciamiento que en lo sucesivo: \u201cLos tribunales con competencia en lo criminal de Iquique y Pozo Almonte deber\u00e1n requerir a la autoridad administrativa correspondiente que la pena sustitutiva de expulsi\u00f3n se cumpla dentro del plazo de treinta d\u00edas, desde que la resoluci\u00f3n que as\u00ed lo determina quede ejecutoriada, el que s\u00f3lo admitir\u00e1 pr\u00f3rroga en casos claramente fundados\u201d.<\/p>\n
La Intendencia Regional de Tarapac\u00e1 vulner\u00f3 la propia carta fundamental de la Rep\u00fablica de Chile, tambi\u00e9n vulner\u00f3 los derechos fundamentales de ciudadanos bolivianos que, m\u00e1s all\u00e1 del delito que hubieran cometido, ten\u00edan sentencias ejecutoriadas con plazos. Y cuya tramitaci\u00f3n administrativa interna, por parte de las instituciones chilenas, debi\u00f3 en su momento ejecutarse con la expulsi\u00f3n de los mismos, siendo violentados todos sus derechos de protecci\u00f3n que los amparaba en las normas, convenciones y acuerdos internacionales vigentes sobre personas privadas de libertad y las cartas de derechos humanos de Naciones Unidas. En otras palabras, fueron detenidos en Chile sin justificaci\u00f3n, vulnerando sus derechos elementales.<\/p>\n
Se puede describir el hecho como un hito que cre\u00f3 jurisprudencia vigente en Chile, en la que se defendi\u00f3 un principio fundamental: Los derechos humanos nunca prescriben. Resaltando la importancia de la justicia y la protecci\u00f3n de los derechos humanos en cualquier sistema legal del mundo.<\/p>\n
El caso se origin\u00f3 en respuesta a un Amparo Constitucional presentado audazmente por el entonces C\u00f3nsul de Bolivia en Iquique, Ra\u00fal Ruiz Roca. Y su importancia radic\u00f3 en la firme defensa de los derechos fundamentales, en un contexto en el que no deber\u00eda haber lugar para la impunidad. Los antecedentes descritos llevaron a esta intervenci\u00f3n legal sin precedentes. El fallo hist\u00f3rico envi\u00f3 un mensaje claro sobre la importancia de garantizar que todos los individuos sean tratados con dignidad y justicia, sin importar su origen.<\/p>\n
En lo sucesivo las audiencias concentradas de cautela de garant\u00eda en los Juzgados de Letras y Garant\u00eda de Pozo Almonte, resolvieron ordenar a la Intendencia Regional dar estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema de Chile. De la misma manera, la Corte de Apelaciones de Iquique pone en conocimiento el acuerdo de Pleno N\u00b0 2-2015 del 8 de enero de 2015, cuyo objeto fue tratar la \u201cPresentaci\u00f3n del C\u00f3nsul de Bolivia, contra los tribunales con competencia en materia penal de Iquique y Pozo Almonte\u201d, los que reunidos en pleno de manera extraordinaria acordaron: Informar al C\u00f3nsul de Bolivia que esa corte seguir\u00eda velando por el cumplimiento cabal de dichas medidas ordenadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
La Rep\u00fablica de Chile tiene una triple obligaci\u00f3n, tanto nacional como internacional, respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en forma inescindible, teniendo el deber de investigar y sancionar a quienes hubieran resultado responsables de las violaciones a los derechos humanos en su jurisdicci\u00f3n, prevaleciendo la justicia, sin importar el poder pol\u00edtico o el tiempo que haya transcurrido.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de la Corte Suprema chilena sustent\u00f3 la idea de que los derechos humanos son universales y deben ser protegidos sin excepci\u00f3n. Adem\u00e1s, el caso resalt\u00f3 la relevancia de la gesti\u00f3n en el exterior y el papel crucial que juegan los c\u00f3nsules y diplom\u00e1ticos en la defensa de los derechos de los ciudadanos bolivianos en el contexto internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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