Cinco organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de independencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la demora que existe en resolver las acciones de inconstitucionalidad abstractas y el bloqueo al desarrollo de las elecciones judiciales.
\n\u201cEl actual Tribunal Constitucional en su af\u00e1n de favorecer al poder pol\u00edtico ha contribuido a profundizar la crisis de la justicia en Bolivia. Por ejemplo, el tribunal ha entorpecido la elecci\u00f3n de autoridades judiciales debilitando, a\u00fan m\u00e1s, la institucionalizaci\u00f3n democr\u00e1tica del Estado de derecho\u201d, dijo el representante del Centro de Documentaci\u00f3n e Informaci\u00f3n Bolivia (Cedib), Franco Albarrac\u00edn durante su intervenci\u00f3n.
\nEl viernes concluy\u00f3 las audiencias p\u00fablicas del 188 per\u00edodo de sesiones de la CIDH con el caso de la justicia boliviana, en el encuentro particip\u00f3 la Fundaci\u00f3n del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la Oficina Jur\u00eddica para la Mujer y la Human Rights Foundation, en representaci\u00f3n de la sociedad civil.
\nPor parte del Estado, asisti\u00f3 el embajador de Bolivia ante la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) H\u00e9ctor Arce, el presidente del TCP, Paul Franco, adem\u00e1s de los magistrados Karem Gallardo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, quienes presentaron un informe sobre las acciones de esa instancia judicial.
\nEn una primera parte del informe se puso \u00e9nfasis en los problemas en el TCP, la imposibilidad de recusar a los jueces en un determinado caso, la cantidad de votos que obtuvieron los magistrados en las elecciones judiciales y la sumisi\u00f3n al Ejecutivo en casos relevantes, adem\u00e1s de los casos de corrupci\u00f3n donde se han visto involucrados.
\n\u201cEl tribunal ha sido cuestionado por las resoluciones controvertidas y pol\u00e9micas respecto de casos sensibles al inter\u00e9s p\u00fablico, que fueron tramitados de forma confusa y poco transparente, empleando fundamentos carentes de razonabilidad y manifiestamente a favor de los intereses gubernamentales. Nos referimos al fallo como la despenalizaci\u00f3n del aborto, o en el caso de que desconoce a los ind\u00edgenas al territorio y a la conservaci\u00f3n del medio ambiente\u201d, explic\u00f3 el representante de la Fundaci\u00f3n del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rub\u00e9n Dar\u00edo Cuellar.
\nAsimismo, indic\u00f3 que la falta de la independencia judicial fue puesta en debate desde hace mucho tiempo y es de conocimiento de instancias internacionales, la instrumentalizaci\u00f3n de la justicia con fines pol\u00edticos y otros elementos que fueron detectados por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que hasta ahora contin\u00faan.
\n\u201cLa falta de independencia judicial, la instrumentalizaci\u00f3n del sistema judicial con fines pol\u00edticos, el uso indebido del proceso penal para la persecuci\u00f3n pol\u00edtica y los obst\u00e1culos para la verdad, justicia y reparaci\u00f3n, patrones identificados por el informe del GIEI persisten, generando impunidad en los casos de flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos humanos, cometidas en contra de personas cr\u00edticas al partido oficialistas sucedidos durante la crisis de 2019\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
DATOS
\nOtra parte del informe detall\u00f3 que entre el 2012 y 2022 el TCP recibi\u00f3 431 acciones de inconstitucionalidad abstractas, un promedio de 43 recursos por a\u00f1o, a la vez, se indic\u00f3 el tiempo que el TCP demora en resolver los casos, incluso en uno de ellos lleg\u00f3 hasta los 1.700 d\u00edas, sin pronunciarse. Ese retraso ocasiona el fracaso de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad porque no existe una respuesta oportuna.
\nEn ese sentido, el representante de Human Rights Fundation, Javier El-Hage, inform\u00f3 que entre el 2012 a julio de 2014 se rechazaron siete acciones, pero entre julio de ese a\u00f1o hasta diciembre de 2022 se desestimaron un total de 189 casos. El experto consider\u00f3 que ese cambio dr\u00e1stico se debe a que tres magistrados fueron sometidos a un juicio de responsabilidades en 2014.
\n\u201cEsta segmentaci\u00f3n se explica en el notorio cambio de direcci\u00f3n de las resoluciones del tribunal, luego que tres de sus miembros fueron sometidos a juicio de responsabilidades por haber admitido una acci\u00f3n contra una ley impulsada por el Ejecutivo y haber dictado una medida cautelar\u201d, afirm\u00f3.
\nEn 2014, los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Vel\u00e1squez y Soraida Ch\u00e1nez fueron sometidos a un juicio de responsabilidades por prevaricato, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes porque emitieron en auto constitucional que suspendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la Ley del Notariado.
\nA la vez, indic\u00f3 que la causal invocada para rechazar el 90,5% de los casos fue \u201ccarecer en absoluto de fundamentos jur\u00eddicos constitucionales\u201d, a pesar de que no es atribuci\u00f3n de la comisi\u00f3n de admisi\u00f3n emitir una resoluci\u00f3n de fondo.<\/p>\n
REACCIONES
\nLa exposici\u00f3n de los representantes molest\u00f3 al embajador Arce y cuestion\u00f3 que se haya mencionado casos espec\u00edficos, al extremo que calific\u00f3 el documento como \u201cpol\u00edtico\u201d y pidi\u00f3 a la vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, que ponga orden en la sala.
\nFinalmente, el diplom\u00e1tico boliviano asegur\u00f3 que en el pa\u00eds no existen presos pol\u00edticos y que el gobierno de Luis Arce no firm\u00f3 ning\u00fan acuerdo reconociendo ese punto. Esa aseveraci\u00f3n molest\u00f3 a los asistentes, entre activistas y familiares de los perseguidos, quienes comenzaron a llamarlo \u201cmentiroso\u201d.
\n\u201cNo existe ning\u00fan acuerdo del gobierno, del presidente Luis Arce, no reconoce, no existe y niega la existencia de cualquier acuerdo mucho menos que haya mencionado la existencia de presos pol\u00edticos. En el Estado Plurinacional de Bolivia no existe presos pol\u00edticos\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
INFORME PA\u00cdS
\nTras la conclusi\u00f3n de la sesi\u00f3n, Albarrac\u00edn indic\u00f3 que el objetivo era presentar informaci\u00f3n sobre la crisis judicial en el pa\u00eds, las consecuencias que tiene en la defensa de los derechos humanos. Dijo que esos datos ser\u00e1n tomados en cuenta en el \u201cInforme Pa\u00eds\u201d que presentar\u00e1 la Comisi\u00f3n el pr\u00f3ximo a\u00f1o.
\n\u201cLa CIDH debe dar a conocer un Informe Pa\u00eds sobre la situaci\u00f3n de los Derechos Humanos en Bolivia, a\u00fan no existe una fecha exacta para la presentaci\u00f3n del informe, pero estimamos que ser\u00e1 el pr\u00f3ximo a\u00f1o\u201d, a\u00f1adi\u00f3. (ANF)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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