La sociedad civil organizada de Bolivia articulada en redes, colectivos y activistas, junto a organizaciones internacionales de derechos humanos y el grupo regional de Mujeres por la Justicia, se unieron a la preocupaci\u00f3n y al llamado realizado por organismos internacionales de derechos humanos al Estado de Bolivia, para que se convoque a las elecciones judiciales para renovar la composici\u00f3n del \u00d3rgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.<\/p>\n
Estas organizaciones mediante un pronunciamiento manifestaron que la convocatoria a estas elecciones debe ser conforme al procedimiento constitucional establecido, \u201cgarantizando la independencia de los poderes p\u00fablicos y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los est\u00e1ndares interamericanos\u201d, y a las dem\u00e1s normas del derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con la independencia judicial.<\/p>\n
La falta de esfuerzos genuinos para construir los consensos pol\u00edticos que se requieren en la Asamblea Legislativa Plurinacional, junto a otras demoras generadas a partir de recursos constitucionales han ocasionado que se suspenda sin fecha el proceso de selecci\u00f3n de los magistrados y magistradas que deben integrar el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.<\/p>\n
Los mandatos de las actuales autoridades nacionales del sistema de justicia vencen el 2 de enero de 2024, y considerando que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado de Bolivia contempla como \u00fanico sistema de designaci\u00f3n a la elecci\u00f3n judicial, si no se eligen a las altas autoridades oportunamente no habr\u00e1 mecanismos de reemplazo constitucional o legal, por tanto se entrar\u00e1 en una situaci\u00f3n de riesgo de interferencia de otros \u00f3rganos p\u00fablicos o de pr\u00f3rroga inconstitucional del mandato de quienes ocupan las altas magistraturas, afectando condiciones esenciales de independencia judicial al agravar la situaci\u00f3n de provisionalidad que afecta cr\u00f3nicamente a la justicia boliviana.<\/p>\n
Pese a que el Senado aprob\u00f3 un proyecto de ley el 30 de agosto pasado, hasta el presente no se ha convocado a sesi\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados para la aprobaci\u00f3n final de este proyecto, y en atenci\u00f3n a que el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha dado una respuesta oportuna a la Consulta de control previo de inconstitucionalidad planteado sobre dicho proyecto de ley, resulta fundamental continuar el proceso de deliberaci\u00f3n de esta normativa, pudiendo introducirse sobre esa base las mejoras y correcciones que sean necesarias para asegurar la oportuna realizaci\u00f3n del proceso electoral, dice una nota de todas las organizaciones.<\/p>\n
La convocatoria p\u00fablica y el reglamento de la elecci\u00f3n judicial deben garantizar un proceso de selecci\u00f3n basado en la idoneidad, integridad y calificaci\u00f3n de m\u00e9ritos de las y los postulantes, asegurando la publicidad, transparencia, espacios de escrutinio p\u00fablico y participaci\u00f3n ciudadana. Nos preocupa especialmente que se garantice que mujeres calificadas puedan acceder efectivamente a la alta magistratura boliviana, cumpliendo el mandato constitucional y el art\u00edculo 20\u00b0 de la Ley 025 del \u00d3rgano Judicial que recogen el principio de equivalencia y paridad de g\u00e9nero al m\u00e1ximo nivel de las autoridades del pa\u00eds<\/p>\n
La falta de certeza jur\u00eddica sobre el proceso y la suspensi\u00f3n irresuelta de la convocatoria a las elecciones judiciales no solo afecta el derecho de las y los bolivianos a una justicia competente, independiente e imparcial, sino que mina la legitimidad de las altas cortes, y genera un riesgo para el principio de separaci\u00f3n de poderes, en la medida que uno de ellos afecta la renovaci\u00f3n oportuna de las autoridades judiciales.<\/p>\n
En ese sentido, hacemos un llamado al Estado boliviano, en particular a los \u00f3rganos\u00a0\u00a0 competentes como el TCP y la ALP a garantizar un adecuado y oportuno proceso de nombramiento de sus autoridades judiciales conforme est\u00e1ndares internacionales en materia de independencia judicial, en especial, sobre procesos de selecci\u00f3n objetivos, meritocr\u00e1ticos, transparentes y sin discriminaci\u00f3n, y exhortamos a la comunidad internacional para continuar dando seguimiento a esta situaci\u00f3n y su impacto sobre el Estado de derecho y la calidad del sistema democr\u00e1tico en Bolivia. Solo un proceso leg\u00edtimo de renovaci\u00f3n judicial garantizar\u00e1 el liderazgo institucional que se requiere para encarar una profunda reforma y transformaci\u00f3n del sistema de administraci\u00f3n de justicia en Bolivia.<\/p>\n
Las organizaciones firmantes:<\/p>\n
Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso (DPLF), Comisi\u00f3n Internacional de Juristas (CIJ),\u00a0 Human Rights Watch (HRW),\u00a0 DEJUSTICIA (Colombia), Fundaci\u00f3n para la Justicia (FJEDD M\u00e9xico),\u00a0 Observatorios Derechos y Justicia (ODJ Ecuador), Instituto de Defensa Legal (IDL Per\u00fa). Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas de Bolivia, Oficina Jur\u00eddica para la Mujer, Misi\u00f3n Internacional de Justicia, Fundaci\u00f3n Construir, Fundaci\u00f3n Microjusticia \u2013 Bolivia, ITEI, CCIMCAT, COOMUJER \u2013 Beni, ABOMENAT-FEDEMETRA Pando, Asamblea Permanente de Derechos Humanos Beni, PUKA\u00d1AWI, ONG Realidades, Colectivo Plurales, Proyecto PROBOS, AVES Incidencia, GSN FENIX Bolivia, Voceros de la Iglesia, OTN -B, Asociaci\u00f3n con Alas Propias, Federaci\u00f3n de Estudiantes de Secundaria Pando, Asamblea Permanente de Derechos Humanos Potos\u00ed. (ANF)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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