Todos los juristas estamos de acuerdo con que la obligaci\u00f3n de asistencia familiar tiene su origen en las relaciones de parentesco que estipula la Ley 603, que es aplicable en nuestra econom\u00eda jur\u00eddica para todo lo inherente a materia y jurisdicci\u00f3n familiares. En ese contexto, la precitada norma, al ocuparse de la asistencia familiar, define a ella como un derecho y una obligaci\u00f3n de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentaci\u00f3n, salud, educaci\u00f3n, vivienda, recreaci\u00f3n y vestimenta; (\u2026). Luego, en una visi\u00f3n profesional que tiene que ver con la deontolog\u00eda del derecho, ning\u00fan abogado estar\u00e1 en desacuerdo con que esa obligaci\u00f3n es la que una persona est\u00e1 obligada a subvenir, en todo o en parte, las necesidades de otra.
\nY todav\u00eda m\u00e1s, porque las obligaciones de asistencia familiar, respecto a otras categor\u00edas de obligaciones, son de pago y persecuci\u00f3n preferente, por lo que, como corresponde, todas las legislaciones modernas contemplan esta materia en cuerpos normativos tambi\u00e9n especializados, como ocurre en nuestro caso.
\nAs\u00ed, la naturaleza jur\u00eddica de la asistencia familiar doctrinalmente descansa en un inter\u00e9s social, teni\u00e9ndose como premisa que su suministro no puede ser diferido por recurso o procedimiento alguno. Pero, como en esta materia nuestra econom\u00eda jur\u00eddica es muy permisiva y nuestro sistema judicial muy complaciente, son los ni\u00f1os, los adolescentes y eventualmente los adultos beneficiarios por imperio de la ley \u2014que comen todos los d\u00edas, o al menos deber\u00edan\u2014 los que sufren las consecuencias. Todo ello justifica un endurecimiento de los medios normativos ante el impago de las obligaciones de este rubro.
\nPero lo que resulta jur\u00eddicamente injustificable es que el proyecto de ley para deudores morosos de asistencia familiar \u2014que, como iniciativa, es encomiable\u2014 limite derechos inalienables, como el derecho al trabajo en dependencias del Estado o la inscripci\u00f3n de sus bienes sujetos a registro, que es presupuesto indispensable para la oponibilidad frente a terceros. De manera que un inmueble sin registro es una propiedad no reconocida por el derecho civil. El trabajo y la propiedad privada son derechos consagrados por la Constituci\u00f3n, y que existan personas que crean que sus hijos est\u00e1n suficientemente nutridos con un chusco de pan al d\u00eda, o simplemente se pasen de listos para eludir sus deberes familiares, no es argumento v\u00e1lido para que se les d\u00e9 muerte civil.
\nY es que el derecho es norma de convivencia cuyo fin es una sociedad pol\u00edtica como estadio superior de las primitivas. Sin embargo, el derecho tambi\u00e9n es organizaci\u00f3n, y \u00e9sta proviene de una situaci\u00f3n muy particular, pues aquel ha sido creado por las personas y dirigido a ellas, por lo que asume, al igual que el ser humano, una doble condici\u00f3n: la f\u00edsica y la espiritual. De ah\u00ed que el derecho, como creaci\u00f3n humana, est\u00e1 perge\u00f1ado de esa doble naturaleza; por eso el derecho que merece respeto debe ser un derecho \u00e9tico, impregnado de la savia del alma, de ese componente et\u00e9reo que no nace de pactos ego\u00edstas calculados, de lo contrario, se degrada para convertirse en instrumento tirano y de inadmisible sofocaci\u00f3n de libertad.
\nEl proyecto de ley robustece las medidas contra los deudores morosos de asistencia familiar, lo que es imperativo hacer, excepto por las extralimitaciones que, por un lado, lo hacen inconstitucional, y deshumanizante por otro.
\nAmbas restricciones se constituyen en abierto desconocimiento constitucional; empero, m\u00e1s all\u00e1 de aquello, tambi\u00e9n hay un razonamiento absolutamente cuestionable, porque la ley no puede exigir el cumplimiento de ninguna categor\u00eda de obligaci\u00f3n a quien el propio Estado le est\u00e1 anulando cualquier posibilidad de trabajo en sus dependencias. De hecho, nadie est\u00e1 obligado a honrar sus obligaciones si su impedimento no es imputable a s\u00ed mismo.
\nEn cuanto a la imposibilidad de registrar su derecho propietario, se estar\u00eda vulnerando el derecho que tiene toda persona de proteger sus derechos, y el incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar no debe sancionarse con una medida que puede derivar \u2014eventualmente\u2014 en la p\u00e9rdida de su propiedad (y no precisamente en favor del beneficiario).
\nPor \u00faltimo, todas las obligaciones \u2014incluidas las resultantes de v\u00ednculos de parentesco\u2014 pueden y deben ser aseguradas en su cumplimiento a trav\u00e9s de medidas cautelares que el derecho universal reconoce, pero pretender condicionar mediante una ley la posibilidad de contraer nupcias si el obligado no paga su deuda, como el proyecto contempla, tiene un tinte extorsivo y que deber\u00e1 debatirse en la c\u00e1mara revisora.<\/p>\n
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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