Tras la disposici\u00f3n que suspende las interpelaciones a Ministros de Estado hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre los alcances de la censura legislativa, parlamentarios de oposici\u00f3n afirman que se trata de un golpe a la democracia y anunciaron iniciar procesos por prevaricato contra los magistrados de esta instancia.
\nPara el diputado por Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, esta determinaci\u00f3n responde a los intereses del poder para evitar que la poblaci\u00f3n, representada por la ALP, pueda interpelar a sus autoridades.
\n\u201cEl gobierno del MAS ha dado un golpe a la democracia y a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, esta resoluci\u00f3n ha cercenado la facultad de interpelaci\u00f3n que tiene la ALP en contubernio con la justicia constitucional\u201d, se\u00f1al\u00f3.
\nPor ello, anunci\u00f3 que en los siguientes d\u00edas formalizar\u00e1 un proceso en contra los magistrados que resolvieron dar curso a la acci\u00f3n de amparo constitucional interpuesta por el titular del Ministerio de Econom\u00eda.
\n\u201cNosotros vamos a iniciar el lunes, un proceso por prevaricato contra estos jueces que a espaldas de la poblaci\u00f3n ha cercenado la facultad de fiscalizaci\u00f3n a la Asamblea Legislativa\u201d, denunci\u00f3 Pedrazas, apuntando que funcionarios de Gobierno promovieron este recurso para protegerse y no rendir cuentas a la poblaci\u00f3n.
\nPor su parte, el diputado de Creemos, Walthy Eg\u00fcez, en su condici\u00f3n de presidente de la Comisi\u00f3n de Pol\u00edtica Social de la C\u00e1mara Baja, sostuvo que esta determinaci\u00f3n judicial \u201clesiona gravemente\u201d la responsabilidad y atribuci\u00f3n espec\u00edfica de fiscalizaci\u00f3n conferida al \u00d3rgano Legislativo, negando a la ciudadan\u00eda el poder conocer o exigir explicaciones a autoridades observadas.
\n\u201cEsto implica negar al pa\u00eds conocer el manejo y destino de los bienes p\u00fablicos. En este caso espec\u00edfico los aportes de los trabajadores, recientemente bajo administraci\u00f3n de la Gestora P\u00fablica, vemos que el \u00d3rgano Ejecutivo y la actual presidencia de la C\u00e1mara de Diputados orquestaron otra artima\u00f1a para evitar que se los fiscalice\u201d, cuestion\u00f3.
\nEl viernes, por disposici\u00f3n de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se determin\u00f3 que los ministros de Estado no podr\u00e1n ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que el TCP emita un fallo en relaci\u00f3n al amparo constitucional iniciado por el Ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro.
\nLa decisi\u00f3n judicial argumenta un vac\u00edo jur\u00eddico en la Ley N\u00ba1350 que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su art\u00edculo 4. \u201c(Imposibilidad de designaci\u00f3n). I. La Presidenta o el Presidente del Estado, no podr\u00e1 designar como Ministra o Ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres a\u00f1os posteriores a su destituci\u00f3n.\u201d
\n\u201cII La autoridad encargada de la designaci\u00f3n de las M\u00e1ximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones y empresas p\u00fablicas, no podr\u00e1 designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) a\u00f1os posteriores a su destituci\u00f3n\u201d.
\nEste argumento legal fue expuesto por representantes legales de, al menos, ocho ministerios, quienes en conjunto solicitaron la suspensi\u00f3n de las interpelaciones como medida cautelar en su condici\u00f3n de terceros interesados. Frente a esta acci\u00f3n legal del \u00d3rgano Ejecutivo la defensa legal de la ALP no resguard\u00f3 la atribuci\u00f3n constitucional de fiscalizaci\u00f3n como responsabilidad ante el Estado.
\nEste tr\u00e1mite de amparo constitucional iniciado por el ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas, Marcelo Montenegro, tiene origen en su injustificada inasistencia a la Petici\u00f3n de Informe Oral convocada por la Comisi\u00f3n de Pol\u00edtica Social para el pasado 27 de abril de 2023, a objeto de explicar el desempe\u00f1o de la Gestora P\u00fablica de la Seguridad Social de Largo Plazo, actitud que motiv\u00f3 la decisi\u00f3n un\u00e1nime de la Comisi\u00f3n de Pol\u00edtica Social de derivar al ministro de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas a interpelaci\u00f3n, acto que deb\u00eda efectuarse el pasado 16 de agosto. Efecto del amparo constitucional ese acto de fiscalizaci\u00f3n fue suspendido.
\nNo obstante, percibiendo el objetivo de este recurso, la Comisi\u00f3n de Pol\u00edtica Social sosteniendo su acci\u00f3n fiscalizadora, reprogram\u00f3 la fecha de Petici\u00f3n de Informe Oral para el pr\u00f3ximo 6 de septiembre, acto p\u00fablico al que puede asistir toda la poblaci\u00f3n interesada en el manejo de sus aportes previsionales de largo plazo y de este modo proceder con la responsabilidad de fiscalizaci\u00f3n que le confiere la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.
\nPor otra parte, de acuerdo con el calendario de interpelaciones, el 6 de septiembre deb\u00eda ser interpelado el ministro de Energ\u00eda e Hidrocarburos, el 13 de septiembre se fij\u00f3 fecha de interpelaci\u00f3n al ministro de Medio Ambiente y Agua, el 20 de septiembre al ministro de Gobierno, sobre quien adem\u00e1s pesan otras siete interpelaciones pendientes, en tanto, el 13 y 20 de septiembre deb\u00eda ser interpelado el ministro de Obras P\u00fablicas, Servicios y Vivienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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