La Ley 1.178 de 20 de julio de 1990 de Administraci\u00f3n y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), regula los sistemas de Administraci\u00f3n y Control de los recursos del Estado y su relaci\u00f3n con los sistemas nacionales de Planificaci\u00f3n e Inversi\u00f3n P\u00fablica; cuyo objeto, entre otros, es lograr que todo servidor p\u00fablico, asuma responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no s\u00f3lo de los objetivos por lo que fueron destinados los recursos p\u00fablicos que le fueron confiados, sino tambi\u00e9n por la forma y resultado de su aplicaci\u00f3n. Para el efecto, el Art. 28 de la referida Ley se\u00f1ala que todo servidor p\u00fablico debe responder por los resultados emergentes del desempe\u00f1o de sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. Estableciendo en su caso responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, que se determinar\u00e1n tomando en cuenta los resultados de la acci\u00f3n y omisi\u00f3n en que haya incurrido el servidor p\u00fablico.
\nSobre la Responsabilidad Civil, el Art. 31 de la Ley 1.178 se\u00f1ala: \u201cLa responsabilidad es civil cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del servidor p\u00fablico o de las personas naturales o jur\u00eddicas privadas cause da\u00f1o al Estado, valuables en dinero. Su determinaci\u00f3n se sujetar\u00e1 a los siguientes preceptos: a) Ser\u00e1 civilmente corresponsable el superior jer\u00e1rquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administraci\u00f3n y control interno factibles de ser implantados en la entidad. b) Incurrir\u00e1n en responsabilidad civil las personas naturales o jur\u00eddicas que, no siendo servidores p\u00fablicos, se beneficiaren indebidamente con recursos p\u00fablicos o fueren causantes de da\u00f1o al patrimonio del Estado y de sus entidades. c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado da\u00f1o al Estado, ser\u00e1n solidariamente responsables\u201d.
\nEl Art. 40 de la referida Ley 1.178, se refiere a la prescripci\u00f3n y se\u00f1ala: \u201cLas acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribir\u00e1n en diez a\u00f1os computables a partir del d\u00eda del hecho que da lugar a la acci\u00f3n o desde la \u00faltima actuaci\u00f3n procesal. El plazo de la prescripci\u00f3n se suspender\u00e1 o se interrumpir\u00e1 de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el C\u00f3digo Civil. Para la iniciaci\u00f3n de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se computar\u00e1 a partir de la fecha de dicha vigencia\u201d.
\nSin embargo, el Art. 324 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado de 7 de febrero de 2009, establece: \u201cNo prescribir\u00e1n las deudas por da\u00f1os econ\u00f3micos causados al Estado\u201d, determinando as\u00ed como principio, la imprescriptibilidad de las deudas por da\u00f1os econ\u00f3micos causados al Estado, descartando en su m\u00e9rito toda posibilidad de que el ejercicio de acciones judiciales derivadas de obligaciones emergentes de responsabilidad civil por da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado, se extingan por el solo transcurso del tiempo. Precepto que se inspira, por una parte, en los principios \u00e9tico-morales de la sociedad plural y en los valores que sustentan el Estado Plurinacional, consagrados en el Art. 8.I y II de la Norma Constitucional, as\u00ed como por los principios que rigen la Administraci\u00f3n P\u00fablica previstos en el Art. 232 de la norma suprema.
\nLa disposici\u00f3n contenida en el Art. 324 de la CPE, en cuanto establece el principio de imprescriptibilidad de las deudas por da\u00f1os econ\u00f3micos causados al Estado, debe ser asumido como \u201cnorma constitucional-principio\u201d, aspecto que se hace patente en el Art. 410.II de la Constituci\u00f3n, que consagra el principio de supremac\u00eda constitucional, al se\u00f1alar que la Constituci\u00f3n es la norma suprema de ordenamiento jur\u00eddico boliviano y goza de primac\u00eda frente a cualquier otra disposici\u00f3n normativa, como es la Ley 1.178. Lo que se\u00f1ala que la disposici\u00f3n legal en cuesti\u00f3n, Art. 40 de la Ley 1.178, queda desfasada del nuevo ordenamiento constitucional, al haber establecido un r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, que actualmente colisiona con un precepto supralegal, que establece exactamente lo contrario, el cual por lo dem\u00e1s tiene car\u00e1cter de \u201cnorma constitucional-principio\u201d.
\nPor consiguiente, los adeudos por concepto de responsabilidad civil atribuidos a los servidores p\u00fablicos, desde la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (7 de febrero de 2009) no prescriben.<\/p>\n
El Autor es Abogado y Docente Universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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